Las estructuras nacionales e internacionales relacionadas con la salud y seguridad en el lugar de trabajo se han desarrollado rápidamente en los últimos 25 años, en respuesta a una preocupación creciente por la salud de los trabajadores. Este proceso se ha producido en el marco de unos cambios económicos, políticos y sociales.
Entre las causas económicas están la pérdida de poder de los trabajadores en favor de las empresas multinacionales y los órganos legislativos supranacionales, la modificación de la competitividad relativa de los distintos estados en el contexto de la economía mundial y los cambios tecnológicos introducidos en el proceso productivo. Entre las causas sociales destacan los progresos de la medicina y la consiguiente elevación de las expectativas sanitarias, y la creciente aprehensión respecto a los efectos de los avances científicos y tecnológicos sobre el medio ambiente, dentro y fuera del lugar de trabajo. Entre los factores políticos pueden citarse la demanda de una mayor participación en la vida política que se observa en muchos países desde el decenio de 1960, la crisis del sistema de bienestar social en algunas de las naciones desarrolladas más maduras y una mayor sensibilidad hacia las prácticas de las multinacionales en los países en vías de desarrollo.
Los sindicatos han contratado los servicios de expertos en salud y seguridad para que asesoren a los afiliados y negocien en representación de las organizaciones sindicales en los ámbitos local y nacional. En los últimos diez años se ha producido una rápida proliferación de las asociaciones de víctimas de enferme- dades profesionales, que puede considerarse como una reacción
a las dificultades específicas que estas personas afrontan allí donde la prestación de servicios sociales es inadecuada. Ambos procesos se han reflejado en el ámbito internacional por la creciente importancia que las confederaciones sindicales internacionales y las conferencias internacionales de los trabajadores de determinados sectores industriales vienen concediendo a la salud y la seguridad. En varios capítulos de esta Enciclopedia se analizan las cuestiones jurídicas y estructurales relacionadas con las organizaciones de trabajadores, las asociaciones de empresa- rios y las relaciones laborales.
Los cambios experimentados por las organizaciones empresa- riales y los organismos públicos en estos últimos años tienen un carácter, en parte pasivo, y en parte de mayor impulso. Las leyes promulgadas en los últimos 25 años han constituido, en cierta medida, una respuesta a las preocupaciones que los trabajadores han venido expresando desde finales del decenio de 1960 y, en parte, un esfuerzo por regular el rápido desarrollo experimen- tado por las nuevas tecnologías de producción durante el período de posguerra. Las estructuras organizativas establecidas en las diversas normativas legales constituyen, ciertamente, un reflejo de los respectivos ordenamientos jurídicos y culturas nacionales, en los que existen elementos comunes. Entre estos destaca la mayor importancia atribuida a los servicios de preven- ción y a la formación de los trabajadores, directivos y especia- listas en salud y seguridad; la creación de estructuras de participación y consulta, tanto en el lugar de trabajo, como en el ámbito nacional; y la reestructuración de las inspecciones de trabajo y de otros cuerpos del estado relacionados con el cumpli- miento de la normativa. En diferentes estados se han establecido sistemas de cobertura por seguros a los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales, así como de vinculación de las organizaciones implicadas en la salud y seguridad a otros entes públicos orientados al empleo y al medio ambiente.
Los cambios estructurales de este tipo generan nuevas necesi- dades de formación de los profesionales afectados: inspectores, técnicos de seguridad, higienistas industriales, ergónomos, psicó- logos y médicos del trabajo, y profesionales de la enfermería del trabajo. Las asociaciones y organizaciones profesionales abordan los problemas de la formación en los planos nacional e interna- cional, y las principales profesiones se reúnen en congresos inter- nacionales para establecer normas generales y códigos de prácticas.
La investigación es una parte esencial de los programas de prevención estructurada y correctora. Los distintos gobiernos son la mayor fuente de financiación de la investigación, que se dirige principalmente a los programas nacionales de investiga- ción. En el ámbito internacional existen, además de la Organi- zación Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), diversas instituciones dedicadas a la investigación, como el Instituto Europeo de Seguridad Conjunta y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, dedicados a desarrollar programas internacionales de investigación de la salud y seguridad en el trabajo.
Si bien la OIT, la OMS y otras organizaciones de la ONU han incorporado a su normativa su preocupación por la salud y la seguridad en el trabajo desde la Segunda Guerra Mundial o, incluso, antes, muchos organismos internacionales vinculados a la salud laboral no han cumplido 25 años. La salud y seguridad son actualmente un asunto de especial preocupación para los organismos de comercio mundial y las organizaciones regionales de libre comercio, por lo que los efectos sociales de los acuerdos de libre comercio se suelen abordar en las respectivas negociaciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), evalúa las políticas de salud y seguridad aplicadas en los distintos países, además de las magnitudes pura- mente económicas. El prolongado debate en torno a la inclusión de una cláusula social en las negociaciones del GATT ha puesto nuevamente de relieve esta vinculación.
Es preciso que se reconozca la autoridad de las organizaciones nacionales e internacionales para que funcionen con eficacia. La autoridad de los órganos legislativos y ejecutivos dimana de las leyes, y la autoridad de las instituciones dedicadas
a la investigación se basa en la aplicación de los métodos científicos aceptados. Sin embargo, el desplazamiento del poder legis- lativo y de la capacidad negociadora de acuerdos sobre salud y seguridad en el trabajo hacia las organizaciones internacionales plantea problemas a la autoridad y legitimidad de otras enti- dades, como las asociaciones de empresarios y las organiza- ciones de trabajadores.
La autoridad de la empresa dimana de la utilidad social de los productos y servicios que suministra, al tiempo que las organizaciones de trabajadores deben su posición negociadora a unas estructuras democráticas que les permiten reflejar los puntos de vista de los afiliados. Estos criterios de legitimidad son más difíciles de implantar en las organizaciones internacionales. Es probable que la creciente globalización de la economía traiga una política de coordinación cada vez mayor entre todas las facetas de la salud y seguridad en el trabajo, con especial atención a unas normas generalmente aceptadas sobre prevención, indemnización, formación profesional y supervisión. El problema de las organizaciones que se desarrollen en respuesta a estas necesidades consistirá en mantener su auto- ridad mediante una relación dinámica e interactiva con los trabajadores y el lugar de trabajo.
Entre las causas económicas están la pérdida de poder de los trabajadores en favor de las empresas multinacionales y los órganos legislativos supranacionales, la modificación de la competitividad relativa de los distintos estados en el contexto de la economía mundial y los cambios tecnológicos introducidos en el proceso productivo. Entre las causas sociales destacan los progresos de la medicina y la consiguiente elevación de las expectativas sanitarias, y la creciente aprehensión respecto a los efectos de los avances científicos y tecnológicos sobre el medio ambiente, dentro y fuera del lugar de trabajo. Entre los factores políticos pueden citarse la demanda de una mayor participación en la vida política que se observa en muchos países desde el decenio de 1960, la crisis del sistema de bienestar social en algunas de las naciones desarrolladas más maduras y una mayor sensibilidad hacia las prácticas de las multinacionales en los países en vías de desarrollo.
Los sindicatos han contratado los servicios de expertos en salud y seguridad para que asesoren a los afiliados y negocien en representación de las organizaciones sindicales en los ámbitos local y nacional. En los últimos diez años se ha producido una rápida proliferación de las asociaciones de víctimas de enferme- dades profesionales, que puede considerarse como una reacción
a las dificultades específicas que estas personas afrontan allí donde la prestación de servicios sociales es inadecuada. Ambos procesos se han reflejado en el ámbito internacional por la creciente importancia que las confederaciones sindicales internacionales y las conferencias internacionales de los trabajadores de determinados sectores industriales vienen concediendo a la salud y la seguridad. En varios capítulos de esta Enciclopedia se analizan las cuestiones jurídicas y estructurales relacionadas con las organizaciones de trabajadores, las asociaciones de empresa- rios y las relaciones laborales.
Los cambios experimentados por las organizaciones empresa- riales y los organismos públicos en estos últimos años tienen un carácter, en parte pasivo, y en parte de mayor impulso. Las leyes promulgadas en los últimos 25 años han constituido, en cierta medida, una respuesta a las preocupaciones que los trabajadores han venido expresando desde finales del decenio de 1960 y, en parte, un esfuerzo por regular el rápido desarrollo experimen- tado por las nuevas tecnologías de producción durante el período de posguerra. Las estructuras organizativas establecidas en las diversas normativas legales constituyen, ciertamente, un reflejo de los respectivos ordenamientos jurídicos y culturas nacionales, en los que existen elementos comunes. Entre estos destaca la mayor importancia atribuida a los servicios de preven- ción y a la formación de los trabajadores, directivos y especia- listas en salud y seguridad; la creación de estructuras de participación y consulta, tanto en el lugar de trabajo, como en el ámbito nacional; y la reestructuración de las inspecciones de trabajo y de otros cuerpos del estado relacionados con el cumpli- miento de la normativa. En diferentes estados se han establecido sistemas de cobertura por seguros a los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales, así como de vinculación de las organizaciones implicadas en la salud y seguridad a otros entes públicos orientados al empleo y al medio ambiente.
Los cambios estructurales de este tipo generan nuevas necesi- dades de formación de los profesionales afectados: inspectores, técnicos de seguridad, higienistas industriales, ergónomos, psicó- logos y médicos del trabajo, y profesionales de la enfermería del trabajo. Las asociaciones y organizaciones profesionales abordan los problemas de la formación en los planos nacional e interna- cional, y las principales profesiones se reúnen en congresos inter- nacionales para establecer normas generales y códigos de prácticas.
La investigación es una parte esencial de los programas de prevención estructurada y correctora. Los distintos gobiernos son la mayor fuente de financiación de la investigación, que se dirige principalmente a los programas nacionales de investiga- ción. En el ámbito internacional existen, además de la Organi- zación Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), diversas instituciones dedicadas a la investigación, como el Instituto Europeo de Seguridad Conjunta y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, dedicados a desarrollar programas internacionales de investigación de la salud y seguridad en el trabajo.
Si bien la OIT, la OMS y otras organizaciones de la ONU han incorporado a su normativa su preocupación por la salud y la seguridad en el trabajo desde la Segunda Guerra Mundial o, incluso, antes, muchos organismos internacionales vinculados a la salud laboral no han cumplido 25 años. La salud y seguridad son actualmente un asunto de especial preocupación para los organismos de comercio mundial y las organizaciones regionales de libre comercio, por lo que los efectos sociales de los acuerdos de libre comercio se suelen abordar en las respectivas negociaciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), evalúa las políticas de salud y seguridad aplicadas en los distintos países, además de las magnitudes pura- mente económicas. El prolongado debate en torno a la inclusión de una cláusula social en las negociaciones del GATT ha puesto nuevamente de relieve esta vinculación.
Es preciso que se reconozca la autoridad de las organizaciones nacionales e internacionales para que funcionen con eficacia. La autoridad de los órganos legislativos y ejecutivos dimana de las leyes, y la autoridad de las instituciones dedicadas
a la investigación se basa en la aplicación de los métodos científicos aceptados. Sin embargo, el desplazamiento del poder legis- lativo y de la capacidad negociadora de acuerdos sobre salud y seguridad en el trabajo hacia las organizaciones internacionales plantea problemas a la autoridad y legitimidad de otras enti- dades, como las asociaciones de empresarios y las organiza- ciones de trabajadores.
La autoridad de la empresa dimana de la utilidad social de los productos y servicios que suministra, al tiempo que las organizaciones de trabajadores deben su posición negociadora a unas estructuras democráticas que les permiten reflejar los puntos de vista de los afiliados. Estos criterios de legitimidad son más difíciles de implantar en las organizaciones internacionales. Es probable que la creciente globalización de la economía traiga una política de coordinación cada vez mayor entre todas las facetas de la salud y seguridad en el trabajo, con especial atención a unas normas generalmente aceptadas sobre prevención, indemnización, formación profesional y supervisión. El problema de las organizaciones que se desarrollen en respuesta a estas necesidades consistirá en mantener su auto- ridad mediante una relación dinámica e interactiva con los trabajadores y el lugar de trabajo.
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