La inspección de trabajo desempeña sus funciones de inspección y asesoramiento por medio de unos servicios de inspección que constituyen su fundamento y que le confieren, respecto a otros servicios, la ventaja de su contacto directo con el mundo del trabajo en el ámbito de la empresa, esto es, con los directivos y trabajadores, que constituyen la población activa de un país. Recíprocamente, la supervisión de las empresas permite a la inspección facilitar a la administración central una información pormenorizada, que sólo puede conseguirse en las visitas y reuniones con los agentes sociales, sobre el clima social, las condiciones y el medio ambiente de trabajo y las eventuales difi- cultades para aplicar la legislación, que pueden obedecer a una insuficiencia de la función disuasoria de los tribunales de justicia, a problemas con las autoridades regionales, a la presión ejercida por algunas empresas que se prevalen de su posición económica,
y a la falta de coordinación en la actuación de los diversos servicios públicos. Los servicios de inspección se encuentran igual- mente en una situación única para poner de manifiesto, como exige la normativa internacional, posibles fallos y abusos no previstos en las disposiciones legales.
Según el artículo 2 (Minería y transporte) del Convenio sobre la inspección del trabajo en la industria y el comercio, 1947
(nº 81) de la OIT, los inspectores de los servicios locales están obligados “a presentar a la autoridad central ( informes periódicos sobre los resultados de sus actividades”. Esta disposi- ción, recogida igualmente en el Convenio relativo a la inspección del trabajo en la agricultura, 1969 (nº 169) confiere a los Estados una amplia autonomía para determinar la forma, el contenido y la frecuencia de los informes. Sin embargo, se trata de una disposición clave, tanto para la continuidad de los contactos entre los inspectores y el organismo central, como para informar a éste de la situación económica y social de las regiones y hacer posible que el mismo formule y aplique su polí- tica nacional de inspección, así como para la elaboración de un informe anual sobre la actividad de los servicios de inspección, destinado a ser distribuido nacionalmente, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas.
y a la falta de coordinación en la actuación de los diversos servicios públicos. Los servicios de inspección se encuentran igual- mente en una situación única para poner de manifiesto, como exige la normativa internacional, posibles fallos y abusos no previstos en las disposiciones legales.
Según el artículo 2 (Minería y transporte) del Convenio sobre la inspección del trabajo en la industria y el comercio, 1947
(nº 81) de la OIT, los inspectores de los servicios locales están obligados “a presentar a la autoridad central ( informes periódicos sobre los resultados de sus actividades”. Esta disposi- ción, recogida igualmente en el Convenio relativo a la inspección del trabajo en la agricultura, 1969 (nº 169) confiere a los Estados una amplia autonomía para determinar la forma, el contenido y la frecuencia de los informes. Sin embargo, se trata de una disposición clave, tanto para la continuidad de los contactos entre los inspectores y el organismo central, como para informar a éste de la situación económica y social de las regiones y hacer posible que el mismo formule y aplique su polí- tica nacional de inspección, así como para la elaboración de un informe anual sobre la actividad de los servicios de inspección, destinado a ser distribuido nacionalmente, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas.
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