Estructura y organización

La gestión del seguro de accidentes corresponde actualmente, por mandato de la ley, a 110 entidades (Berufgenossenshaften), configu- radas en su mayoría como “corporaciones de derecho público”. Pueden distinguirse tres áreas:

• Seguro de accidentes de trabajo (incluidos los siniestros marítimos), gestionados por 35 entidades configuradas por sectores de actividad (minería, industria química, comercio, sector de la asistencia sanitaria, etc.);
• Seguro de accidentes agrarios, gestionado por 21 entidades de ámbito regional;
• Seguro de accidentes en el sector público, representado por
54 entidades que se corresponden, en su mayoría, con las dife- rentes divisiones de la administración pública (organismos federales, estatales y municipales, con fondos independientes para los servicios postales, los ferrocarriles y los cuerpos de bomberos).

El segmento más importante —el seguro de accidentes de trabajo— es objeto de atención preferente en el análisis que sigue. En su condición de corporaciones de derecho público, las
(Berufgenossenshaften) son órganos administrativos y, por tanto, forman parte del ordenamiento jurídico. Por otra parte, son autónomas y autogestionadas en muchos aspectos. Los dos órganos de administración autónoma, esto es, la asamblea de delegados y el consejo de administración de cada entidad, están integrados, por partes iguales, por representantes elegidos por las empresas y los trabajadores. Estos órganos toman las deci- siones pertinentes para la gestión del seguro de accidentes dentro del marco legal. Si bien los requisitos previos y el ámbito de las prestaciones están regulados por las leyes de forma casuís- tica, el sistema de seguro de accidentes disfruta de un alto grado de autonomía de gestión y de toma de decisiones en la fijación de las primas y, sobre todo, en el campo de la prevención, que en el marco de la gestión autónoma se traduce en la promulgación de reglamentos de organización y de aplicación. Los órganos administrativos de las Berufgenossenshaften deciden igualmente en materia de organización, presupuestaria y de personal. La supervisión ejercida por las autoridades públicas garantiza la legalidad de las decisiones tomadas por los órganos de gestión y por el personal administrativo.