jueves, 31 de mayo de 2012

Admisibilidad de los casos (I)

Como se ha indicado anteriormente, las estadísticas nacionales reflejan variaciones en la admisibilidad de los distintos tipos de casos. Ejemplos de esta tendencia son la inclusión de una nueva entidad en la lista de enfermedades indemnizables (como ha ocurrido en Suiza con la pérdida de audición) la ampliación de la cobertura a nuevas categorías de trabajadores (como la modifica- ción de los límites de la escala salarial introducida en Sudáfrica), o la extensión de la cobertura a nuevos tipos de actividades.
A diferencia de los accidentes, las enfermedades profesionales no se indemnizan con tanta facilidad. En la Suiza francófona se analizó una extensa muestra de trabajadores que habían estado de baja un mes como mínimo. El estudio puso de relieve que, si bien la mayoría de los accidentes se admitían como laborales y se indemnizaban rápidamente, sólo se aceptaba un porcentaje muy pequeño de las enfermedades (Rey y Bousquet 1995). En algunos casos, es el seguro de enfermedad del paciente, no el sistema de indemnización por enfermedad y accidentes de trabajo, el que abona los gastos médicos. Esto no supone un incremento del coste para la empresa (Rey y Bousquet 1995; Burger 1989). Es de subrayar que en países como Estados Unidos, en los que la empresa asume igualmente el seguro general de enfermedad, el coste puede ser incluso superior, dado que los honorarios establecidos en el sistema de indemnización suelen ser inferiores a los que se abonan a los seguros médicos privados.

miércoles, 30 de mayo de 2012

Comunicación de casos (II)

La comunicación de los casos depende igualmente de la medida en que los trabajadores conozcan sus derechos y el sistema de indemnización por accidentes de trabajo al que están afiliados. Por ejemplo, Walters y Haines (1988) estudiaron una muestra de 311 trabajadores sindicados y no sindicados de una región industrializada de Ontario, Canadá, para evaluar su nivel de utilización y de conocimientos del “sistema de responsabi- lidad interna”. Este sistema había sido establecido con objeto de inducir a las empresas y a sus trabajadores a resolver los problemas de salud y seguridad en el centro de trabajo. A pesar

de que el 85 % de los encuestados pensaban que sus condiciones de trabajo podrían perjudicar su salud, sólo el 20 % manifestó haber perdido horas de trabajo por problemas de salud relacio- nados con su actividad. Por tanto, a pesar de su opinión respecto a los efectos perjudiciales del trabajo sobre su salud, sólo un porcentaje relativamente reducido hacía uso de los derechos y medios previstos en la legislación. En la exposición de sus reti- cencias hacia el trabajo y en sus quejas sobre los efectos del mismo sobre su salud había escasas referencias al “sistema de responsabilidad interna” legalmente previsto. Incluso asegu- raban haber tratado los problemas con su superior jerárquico, en lugar de plantearlos a sus representantes en materia de salud
e higiene.
Los investigadores descubrieron que el conocimiento de la normativa legal era mayor entre los trabajadores sindicados y que se solía traducir en la adopción de iniciativas vinculadas a la salud y seguridad en el trabajo (Walters y Haines 1988).
Por otra parte, algunos trabajadores reclaman indemnización aunque la lesión o enfermedad no esté relacionada con su trabajo, o mantienen su reclamación aun cuando ya estén en condiciones de regresar al trabajo. Ciertos estudios han revelado que los sistemas de indemnización más generosos pueden incluso operar como un incentivo al respecto. Según Walsh y Dumitru (1988), “la mejora de las prestaciones puede traducirse en un mayor número de reclamaciones y en una mayor inci- dencia de lesiones”. Utilizando el ejemplo de las lesiones en la espalda (que comprenden el 25 % de las reclamaciones de indemnización que se producen en Estados Unidos), los autores concluyen que “los trabajadores son más propensos a pedir la baja laboral si la indemnización es comparable al salario deven- gado”, y añaden que “el sistema de indemnización por incapa- cidad vigente en Estados Unidos tiende a incrementar la frecuencia de determinados tipos de incapacidad y contribuye a prolongar la recuperación de los problemas de espalda producidos por el trabajo”, aparte de que “los factores asociados a la indemnización pueden demorar la recuperación, prolongar los síntomas y reforzar el comportamiento enfermizo”.
Judd y Burrows (1986) formularon conclusiones similares sobre la base del análisis de una muestra representativa de traba- jadores australianos, de la cual, en el curso de un año, el 59 %
“habían estado de baja más de dos meses y el 38 %, más de seis meses”. Los servicios médicos y jurídicos, señalaron, podrían dar lugar a “esta elevada tasa de invalidez prolongada” y “la recuperación podría ser perjudicial para los intereses del paciente, al menos por lo que respecta al pago de la indemnización”.

martes, 29 de mayo de 2012

Comunicación de casos (I)

Resulta evidente que en todos los países, deliberadamente o por omisión, se dejan de comunicar muchos accidentes y casos de enfermedad relacionados con el trabajo. La obligación de comu- nicar estos episodios suele corresponder a la empresa. Sin embargo, como han subrayado algunos autores, a veces ésta prefiere no comunicar el hecho, con lo que no sólo se libra de los engorrosos trámites administrativos, sino que, además, mantiene su reputación de lugar de trabajo seguro y evita una eventual acumulación de reclamaciones que podría ocasionar un incre- mento de los impuestos y primas de financiación de su seguro. Esto ocurre, sobre todo, cuando no se pierden horas de trabajo, así como en los casos atendidos en el propio lugar de trabajo por el servicio de asistencia sanitaria de la empresa (Brody, Letourneau y Poirier 1990).
Corresponde a los médicos identificar y comunicar los casos de lesiones y enfermedades profesionales, y recordar a los pacientes su derecho a ser indemnizados. Sin embargo, algunos casos no se comunican porque no son tratados por médicos especialistas y no se descubre el origen profesional de la pato- logía. El conocimiento de los aspectos jurídicos y profesionales de la asistencia sanitaria debería incorporarse a la formación médica. Las organizaciones internacionales, como la OIT, deben fomentar la inclusión de estas materias en los planes de estudio, tanto de licenciatura, como de posgrado, de todos los profesionales de la salud. Aunque diagnostiquen correctamente el origen de la afección, algunos médicos se muestran reacios a asumir las molestias que implican los trámites burocráticos y arriesgarse a ser citados a testificar en los procedimientos admi- nistrativos o en las actuaciones judiciales, en el caso de que se impugne el derecho del trabajador. En algunos países, la circunstancia de que los honorarios legales o estipulados para el tratamiento de los casos amparados por el seguro de enfermedad y lesiones profesionales pueden ser inferiores a los honorarios habitualmente cobrados por el médico puede contribuir a desa- lentar la comunicación de estos casos.

lunes, 28 de mayo de 2012

Dolencias de espalda

En muchas jurisdicciones, el mayor volumen de reclamaciones impugnadas de indemnización por accidentes de trabajo corres- ponden a casos de dolencias de espalda. Lo normal es que el trabajador sufra un dolor agudo a consecuencia del levantamiento de un peso o una torcedura durante el trabajo. A veces, le sigue un dolor crónico.
Las reclamaciones por dolencias de espalda suelen tratarse de una de las tres maneras siguientes:
1. Se acepta la reclamación y se paga de la manera ordinaria mientras dura la incapacidad. Este sistema es muy común, ya que la mayoría de las dolencias de espalda se curan en el plazo de un mes.
2. Se deniega la reclamación.
3. Se acepta la reclamación durante un período inicial. Pasado dicho plazo se suprimen las prestaciones por considerar que la continuación de la incapacidad se debe más bien a una enfermedad subyacente que a una enfermedad que tenga su causa en el trabajo. Normalmente, los informes médicos diagnostican una enfermedad degenerativa de la espina dorsal, frecuente entre la población general.

El dilema primordial en los casos de dolencias de espalda suele consistir en que no hay manera científica alguna de determinar la importancia causal a largo plazo de cualquier hecho sucedido en el trabajo o de la pauta ordinaria de trabajo en comparación con la degeneración natural u otros factores causantes. Los casos de dolencias de espalda ilustran gráficamente las dificultades que plantea la indemnización o no por referencia a la causa de la incapacidad.

domingo, 27 de mayo de 2012

Trastor nos mentales - estrés

La indemnización por una incapacidad física incluye general- mente todas las dimensiones mentales y consecuencias de la misma. Análogamente, cuando un trastorno mental a consecuencia del empleo causa una incapacidad física, ésta se consi- dera generalmente indemnizable. Las normas legales no suelen circunscribirse a las incapacidades físicas, por lo que en principio no hay motivo para que no se pague indemnización cuando el trastorno mental ha sido consecuencia del empleo sin que se haya producido incapacidad física. En muchas jurisdicciones, estos casos están cubiertos por la legislación, pero con frecuencia existe resistencia a reconocer la cobertura en reclamaciones posteriores. En los últimos años ha habido un aumento de reclamaciones por estrés de origen laboral, y en muchas jurisdicciones el estrés queda incluido dentro del concepto de lesión o enfermedad. En las reclamaciones aceptadas por estrés, éste ha sido causado unas veces por condiciones medioambientales, como la temperatura, otras por el comportamiento de los compañeros de trabajo o de los jefes, como casos de acoso sexual, e incluso en otras por los sistemas de trabajo, como las reclamaciones por karoshi (muerte por exceso de trabajo). En jurisdicciones en las que la incapa- cidad resultante de los desplazamientos con ocasión del trabajo es indemnizable, los efectos combinados de éstos y de la situación dentro del trabajo son importantes para decidir si el trabajador ha quedado incapacitado o ha fallecido a consecuencia del estrés laboral.
La evolución política contemporánea, que hace hincapié en la “competitividad” y la “desregulación”, incluida la desregulación de las horas extraordinarias, ha suscitado preocupación por la creciente incidencia del estrés laboral. La respuesta de algunas jurisdicciones ha sido una prohibición legal de las reclamaciones por estrés mental.



sábado, 26 de mayo de 2012

Distinción entre lesión y enfermedad

Como muchas jurisdicciones aplican a las enfermedades criterios distintos que a las lesiones, a veces hay que determinar si una incapacidad debe clasificarse como resultante de una lesión o de una enfermedad. La distinción se ha establecido pragmática- mente, no por referencia a principio alguno. Por tanto, no existe una regla fija para distinguir, aun cuando en la práctica se siguen las que citamos a continuación.
Las incapacidades resultantes de traumatismos se clasifican generalmente como lesiones, y cualquier enfermedad resultante de éstas (p. ej., de la infección de una herida) se asimila a una lesión. Cuando una enfermedad está catalogada, prevista o mencionada expresamente en la legislación, casos como el del ejemplo se incluyen en el concepto de enfermedad. En otro caso, las incapacidades resultantes de un incidente específico suelen clasificarse como lesiones, mientras que las que resultan de la exposición a lo largo del tiempo se clasifican más comúnmente como enfermedades, pero no de manera sistemática, ya que en esta materia no hay una regla fija. Por ejemplo, las torceduras y distensiones suelen clasificarse como lesiones, tanto si resultan de un incidente específico como de la exposición a lo largo del tiempo. Análogamente, la dermatitis suele clasificarse como enfermedad tanto si resulta de un incidente específico como de la exposición a lo largo del tiempo; en cambio, las quemaduras causadas por un solo incidente de exposición química pueden clasificarse como lesiones. La pérdida de audición debida a la exposición al ruido se clasifica como lesión si es consecuencia de una explosión, pero como enfermedad si se debe a la exposición
a lo largo del tiempo. La incapacidad causada por la absorción gradual de agentes químicos o biológicos se clasifica como enfermedad. Las reacciones alérgicas suelen clasificarse como enfer- medad, tanto si resultan de un solo incidente como de la exposición prolongada.

viernes, 25 de mayo de 2012

Concluyente, pero no excluyente.

. Cuando una enfermedad está catalogada y se dan las condiciones de la segunda columna, la reclamación debe aceptarse. La prueba de etiología en los casos particulares es irrelevante e inadmisible. Tratándose de enferme- dades no catalogadas, la posición es la misma que en 3).
Hace tiempo eran frecuentes las posiciones 1) y 2), pero en los últimos cuarenta años se ha hecho más frecuente la posición 3). La posición 4) es infrecuente. En muchas jurisdicciones, los catálogos son demasiado limitados y anticuados para poder utili- zarlos con carácter general en relación con las incapacidades del mundo actual.
Uno de los peligros de los catálogos que no pretenden ser excluyentes consiste en que, en la práctica, pueden tender a convertirse en tales. Se parte del principio de que, cuando se presenta una reclamación por una enfermedad no catalogada, han de investigarse las pruebas para determinar si ha sido conse- cuencia del empleo. El peligro está en que no se proceda así y en la práctica la cobertura tienda a limitarse a las enfermedades catalogadas. Algunas jurisdicciones tratan de evitar este peligro prescindiendo de toda clase de catálogos.
A veces se supone que se requiere un diagnóstico para poder presentar una reclamación por enfermedad, pero esto sólo suele ocurrir en jurisdicciones en las que la indemnización se limita a enfermedades que figuran en listas excluyentes o cerradas. En la mayoría de las restantes jurisdicciones, el diagnóstico no es nece- sario en la medida de que la etiología o relación con el empleo pueda ser probada sin dicho diagnóstico. Los requisitos de admi- sibilidad normalmente guardan relación con la etiología, y si esta puede demostrarse, con la igualdad de probabilidades, sin necesidad de diagnóstico, la enfermedad es indemnizable.

jueves, 24 de mayo de 2012

Causas del trabajo infantil

La pobreza es el principal factor responsable del acceso de niños al mercado de trabajo. La supervivencia de la familia, incluida la de los propios niños suele obligar a dar este paso; así ocurre sobre todo en el caso de familias desfavorecidas con muchos hijos. La necesidad de que los hijos trabajen a jornada completa les impide invertir en su educación.
Incluso cuando la enseñanza es gratuita, muchas familias pobres no pueden afrontar los costes asociados a la educación (p. ej., libros y demás material pedagógico, vestido y calzado, transporte, etc.). En algunos lugares, los gastos generados por un niño que asiste a la escuela primaria pueden representar un tercio de los ingresos en efectivo de una típica familia desfavorecida. Esto conduce a trabajar como la única alternativa posible. En algunas familias numerosas, los hijos de mayor edad trabajan con el fin de obtener los recursos necesarios para educar a sus hermanos menores.
En algunas áreas, el problema no es tanto el coste como la falta de escuelas que ofrezcan una educación de calidad aceptable. Algunas comunidades, sencillamente, no disponen de escuelas. En otras, los niños abandonan su escolarización porque los centros educativos a los que asisten los pobres son tan defi- cientes, que la asistencia no parece compensar el coste y el esfuerzo invertidos. Así, mientras que muchos niños abandonan la escuela porque tienen que trabajar, muchos otros tienen tan pocos incentivos que prefieren trabajar. En consecuencia, muchos no dejan de ser analfabetos totales o funcionales y no logran desarrollar las capacidades necesarias para progresar en el mundo del trabajo y en la sociedad.

miércoles, 23 de mayo de 2012

Esclavitud infantil

Muchos de los niños que trabajan son esclavos. Es decir, la empresa ejerce un derecho de propiedad temporal o permanente sobre los niños, convertidos en “mercancías” que pueden arren- darse o intercambiarse. Tradicionalmente en el sur de Asia, la franja subsahariana de Africa oriental y, de forma más reciente, en varios países sudamericanos, la esclavitud infantil parece desarrollarse en todo el mundo. A pesar de su ilegalidad en la mayoría de los países en que existe y de la ratificación generalizada de los convenios internacionales que la prohíben, la OIT ha estimado (no se dispone de datos exactos) que hay unos diez millones de niños esclavos en el mundo (OIT 1995). Un gran número de ellos trabajan en la agricultura, el servicio doméstico, la industria del sexo, la fabricación de alfombras, el sector textil, la explotación de canteras y la producción de ladrillos.
De acuerdo con el informe de un Comité de Expertos de la OIT (OIT 1990), se cree que más de 30 millones de niños se encuentran en condiciones de esclavitud en varios países. En el informe se citan, entre otros, India, Ghana, Gaza, Pakistán, Fili- pinas, República Dominicana, Haití, Brasil, Perú, Mauritania, Sudáfrica y Tailandia. Más de 10 millones de estos niños esclavos se concentran en India y Pakistán. Los lugares habi- tuales de empleo son pequeños talleres y plantaciones en las que imperan los trabajos forzados. En el sector informal pueden ser empleados en el tejido de alfombras, las fábricas de cerillas y de cristal, la producción de ladrillos, la limpieza de pescado, la minería y la explotación de canteras. Asimismo, se les utiliza en el servicio doméstico, la prostitución y el tráfico de drogas.
La esclavitud infantil predomina en los sistemas sociales basados en la explotación de la pobreza. Las familias venden a sus hijos al contado o los ceden como esclavos para saldar deudas, obtener recursos para sobrevivir o cumplir obligaciones sociales o religiosas. En muchos casos, el pago se considera un anticipo respecto a los salarios que se prevé que reciban los niños esclavos durante su contrato de aprendizaje. Las guerras y las migraciones forzadas de grandes masas de población, que alteran la estructura familiar normal, llevan a muchos niños y adolescentes a la esclavitud.

martes, 22 de mayo de 2012

Trabajo infantil

En la mayoría de las familias, se espera que los hijos trabajen tan pronto como tengan edad para ello. Esta actividad puede consistir en ayudar en las tareas domésticas, hacer recados o atender a los hermanos más pequeños; es decir, contribuir en general al cumplimiento de las tareas tradicionales del hogar. En las familias dedicadas a la actividad agraria o a algún tipo de industria familiar, suele esperarse que los niños ayuden en las tareas adecuadas a su edad y capacidad. Estas actividades son casi siempre a tiempo parcial y, con frecuencia, estacionales. Excepto en los casos en que los niños son objeto de malos tratos o explotación, este tipo de trabajo se define por el tamaño y los “valores” de la familia en cuestión; no es remunerado y, normal- mente, no dificulta el crecimiento, la educación y la formación de los niños. En este artículo no se aborda esta forma de trabajo. Se analiza, en cambio, el caso de los niños menores de 14 años que trabajan fuera del marco familiar en diversos sectores, habitual- mente al margen de las leyes y los reglamentos que regulan el trabajo infantil. Aunque los datos disponibles son escasos, la Oficina de estadísticas de la OIT ha estimado que “sólo en los países en desarrollo, hay al menos 120 millones de niños entre 5 y 14 años de edad que trabajan a tiempo completo, y esta cifra aumenta en más del doble (unos 250 millones) si se incluyen aquéllos para los que el trabajo constituye una actividad secun- daria” (OIT 1996). Se considera que las cifras obtenidas con anterioridad deben revisarse al alza, como demuestran los datos recogidos en estudios independientes efectuados en varios países en 1993-1994. Por ejemplo, según esos datos, en Ghana, India, Indonesia y Senegal, un 25 % de los niños se dedican a alguna forma de actividad económica. Para un tercio de ellos, el trabajo es su ocupación principal.
El trabajo infantil está generalizado, aunque es mucho más habitual en las zonas desfavorecidas y en desarrollo. Afecta de manera desproporcionada a las niñas, que no sólo suelen trabajar un mayor número de horas, sino que, como las mujeres de edad más avanzada, deben realizar además tareas domésticas en una medida muy superior a los hombres en la misma situa- ción. Por término medio, los niños de las áreas rurales tienen el doble de probabilidades de ser económicamente activos; en las familias de trabajadores agrarios migrantes, es casi la norma que todos los hijos trabajen junto a sus padres. No obstante, la proporción de niños urbanos que trabajan aumenta regular- mente, sobre todo en el sector informal de la economía. La mayoría de ellos trabajan en los servicios domésticos, aunque muchos están empleados en el sector manufacturero. Si bien la atención pública se ha centrado en algunos sectores exporta- dores, como el textil, la confección, el calzado y la fabricación de alfombras, la gran mayoría desarrolla su actividad en puestos de trabajo orientados al consumo interno. Con todo, el trabajo infantil sigue siendo, en general, más habitual en el sector agrario que en la industria.

lunes, 21 de mayo de 2012

Desempleo y posibilidades de empleo (II)

El desempleo estructural suele ser un problema irresoluble, ya que muchos trabajadores carecen de la cualificación y la adaptación necesarias para optar a otros puestos similares existentes a escala local y, con frecuencia, no cuentan con recursos para emigrar a otras zonas en las que puede haber trabajo.
En los casos de despidos generalizados, suele producirse un efecto dominó sobre la comunidad. La pérdida de ingresos enfría la economía local y causa el cierre de las tiendas y las empresas de servicios frecuentadas por los desempleados, lo que aumenta a su vez el número de éstos.
El estrés económico y mental que genera el desempleo suele afectar negativamente a la salud de los trabajadores y sus fami- lias. Se ha observado que la pérdida del empleo y, en particular, la amenaza de sufrirla, son los factores de estrés más potentes relacionados con el trabajo y se ha demostrado que provocan enfermedades emocionales (esta cuestión se analiza en otros apartados de la presente Enciclopedia). Con el fin de evitar estos efectos perjudiciales, algunas empresas ofrecen iniciativas de reconversión profesional y ayuda para encontrar un nuevo empleo, así muchos países han adoptado leyes en las que se exige específicamente a las empresas la concesión de prestaciones sociales y económicas a los trabajadores afectados.
El grupo de los subempleados está constituido por los trabajadores cuyas capacidades productivas no son plenamente utilizadas. Se incluyen aquí los trabajadores a tiempo parcial que buscan un empleo de jornada completa y los que poseen un nivel de cualificación elevado y sólo encuentran trabajos que exigen una cualificación relativamente baja. Además de la reducción de ingresos, sufren los efectos adversos que provoca el estrés por la insatisfacción en el trabajo.


domingo, 20 de mayo de 2012

Organismos públicos (I)

Los organismos públicos (departamentos ministeriales, autoridades competentes en materia de salud y seguridad, y otros entes públicos) contribuyen en considerable medida a fijar el marco de determinación de la responsabilidad, tanto mediante la adopción de normas (de ámbito general o especial) reguladoras de las obli- gaciones de diversos grupos de personas, como a través de su contribución a la aplicación de las mismas.
Tanto las normas de aplicación general a la salud y seguridad en el trabajo, como las normas de protección de la salud y la seguridad en sectores concretos o frente a determinados peligros, pueden figurar en leyes y reglamentos, códigos de conducta y especificaciones técnicas aprobadas por los organismos públicos. En algunos convenios internacionales de trabajo se exige la normalización oficial de la totalidad de las cuestiones regulada en el documento en cuestión, al tiempo que en otros convenios se establece la obligación de dictar prohibiciones específicas o de fijar normativamente los límites de ciertas exposiciones. En la legislación nacional, tanto en los códigos del trabajo, como en la regulación legal específica de la salud y seguridad, se suele esta- blecer la obligatoriedad de que los organismos públicos dicten reglamentos o normas pormenorizados, bien con carácter coer- citivo, bien en forma de directrices autorizadas; por regla general, los organismos públicos competentes gozan de una amplia discrecionalidad, tanto respecto a las materias reguladas en su normativa, como en relación a su contenido. En el contexto del presente trabajo, puede ser preciso especificar en esas normas los organismos o personas en los que recae la obli- gación de hacer cumplir el contenido de las mismas. En varios Convenios internacionales, como el Convenio de la OIT sobre el cáncer profesional, 1974 (nº 139) se establece este criterio.

sábado, 19 de mayo de 2012

Obligaciones en materia de salud y seguridad

En el campo del derecho, el concepto de responsabilidad tiene dos dimensiones: una es la obligación de hacer o no hacer algo; la otra es el deber de responder de lo hecho. El examen de las responsabilidades legales que diferentes categorías de personas asumen en el ámbito nacional por las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales debe ir precedida de un resumen de las obligaciones que esas personas asumen en el esfuerzo de prevención de tales accidentes y enfermedades. Estas obligaciones se pueden regular expresamente en los acuerdos internacionales o en la legislación nacional, aunque también pueden tener su origen en la jurisprudencia. Se ha cuestionado la utilidad de determinar, en un proceso civil posterior a la produc- ción de la lesión, cuál habría sido el comportamiento exigible a las personas interesadas antes de la lesión. Sin embargo, no es menos evidente que algunas de las sentencias dictadas, y la publicidad que han suscitado, han servido de incentivo al esfuerzo en el campo de la prevención.

viernes, 18 de mayo de 2012

Inspección de trabajo preventiva (IV)

El ritmo acelerado del cambio y la innovación en todos los aspectos de la vida laboral —relaciones laborales, organización del trabajo, tecnología de producción, condiciones de trabajo, informática, nuevos riesgos, etcétera— plantea a la inspección de trabajo un desafío creciente. Los inspectores no están, simple- mente, obligados a mantenerse al tanto de la evolución de una pluralidad de áreas disímiles, crecientemente complejas y cada vez más especializadas, que deben dominar para realizar su labor; de hecho, deben, además, prever los nuevos fenómenos y tendencias, y comprender y anticiparse a sus efectos sobre la protección de los trabajadores, con el objeto de diseñar y poner en práctica nuevas políticas de prevención.
En el mundo laboral, la inspección de trabajo es uno de los principales (si no el principal) cauce de la presencia e interven- ción del Estado, orientada a forjar, estimular y contribuir al desarrollo de una cultura de la prevención en todas las áreas sujetas a su competencia: relaciones laborales, condiciones gene- rales de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, seguridad social. Para alcanzar plenamente este objetivo básico, las inspec- ciones de trabajo deben replantearse sus políticas y orientar la reforma de la legislación, los sistemas, las relaciones laborales, etcétera, hacia el desarrollo de los medios de prevención, tanto internos como externos. Esto atañe, no sólo a los sistemas y polí- ticas que las autoridades competentes deben aplicar, sino también a los métodos de inspección utilizados por los inspec- tores en los lugares de trabajo.
Las presiones y exigencias que convergen sobre las inspec- ciones de trabajo desde perspectivas económicas, políticas y administrativas constituyen elementos clave en este contexto. Estos factores se definen normalmente utilizando términos como desregulación, privatización, ajustes estructurales y liberaliza- ción. En la práctica, estas políticas dificultan y complican la labor de la inspección de trabajo, si bien, a veces, se convierten en la fuerza motriz del cambio. Sin embargo, lo que suelen hacer es acentuar una escasez de recursos que, ya de por sí, suele ser crónica. Por lo tanto, la inspección de trabajo debe explorar otras posibles fuentes de desarrollo de su contribución específica a la prevención.
El objetivo último consiste en forjar, en el lugar de trabajo y en la sociedad una “cultura de la prevención” amplia y cohe- rente, en la que se tome en consideración la dinámica creada por la evolución de las relaciones laborales en la empresa, la contestación a los principios de autoridad y legitimidad inducida por los cambios producidos en las actitudes, en la organización del trabajo, etc., los niveles de educación y formación general- mente superiores (y en ascenso) de empresarios y trabajadores por igual, las nuevas formas de participación que forjan un entorno propicio, etcétera. Todos estos cambios promueven nuevas formas de cooperación de la inspección de trabajo con los trabajadores, las empresas y las instituciones, no sólo en rela- ción con la aplicación de las normas de protección de los trabajadores, sino, además, en el interés de lograr el cumplimiento global de los objetivos fijados en materia de prevención en las nuevas leyes y políticas laborales y sociales adoptadas en el campo de la prevención.

jueves, 17 de mayo de 2012

Inspección de trabajo preventiva (III)

Asimismo, para que una política de prevención sea eficaz, se precisa la participación de todas las personas directamente interesadas. Por consiguiente, se suele requerir inicialmente la adhesión e identificación de las organizaciones representativas de los interlocutores sociales con todas las iniciativas. Asimismo, los objetivos de prevención fijados se deben integrar plenamente en el conjunto de objetivos de las empresas afectadas. A su vez, este requisito exige, más que una participación intensa, el protagonismo de la dirección empresarial. Empero, estos requisitos están aún lejos de haberse alcanzado en el ámbito mundial, ni aún en los más desarrollados entre los países de economía de mercado.
Aparte de las consideraciones anteriores, las restricciones presupuestarias a que se ven sometidos los gobiernos de todo el mundo (tanto de los países industrializados como de las naciones en vías de desarrollo) y, por consiguiente, los servicios operativos de la administración del trabajo y de la inspección de trabajo
(restricciones que, en el caso de estos servicios, suelen ser franca- mente desproporcionadas) ponen en peligro la continuidad o, cuando menos, la entidad, de cualquier orientación o reorienta- ción de la política en el sentido anteriormente indicado, dado que estos procesos son, al menos en un principio, laboriosos y altamente costosos, además de difíciles de cuantificar y, por lo tanto, de justificar.
No obstante, en todos los países industrializados, los costes económicos y sociales de la no prevención están creciendo desproporcionadamente, hasta situarse en unos niveles económica y políticamente inaceptables. A estas consideraciones se debe añadir el reconocimiento creciente de la insuficiencia global de la actuación correctiva, todo lo cual ha producido la convicción de que es absolutamente imprescindible reforzar los aspectos preventivos de todo sistema de protección social y laboral. Esto ha suscitado en los foros nacionales e internacionales un amplio debate en torno a la necesidad de formular unos fundamentos válidos y efectivos para la inspección de trabajo preventiva.

miércoles, 16 de mayo de 2012

El ser vicio de consultas

Se creó con el fin de buscar respuestas a las preguntas sobre salud y seguridad en el trabajo planteadas por las personas interesadas en esta materia: inspectores de trabajo, funcionarios competentes en cuestiones de seguridad, empresas, trabajadores, estudiantes y otros agentes. Las consultas pueden dirigirse al Centro por correo, teléfono o fax. Antes de remitir una respuesta, el personal técnico del NICE comprueba la exactitud de la información.
Cada año se hacen unas 600 consultas al Centro

martes, 15 de mayo de 2012

Folletos.

Se han editado diez títulos, por ejemplo, sobre la utilización de tapones para los oídos en el trabajo. De cada título se imprimen 5.000 ejemplares, lo que representa un total de 50.000 copias.

lunes, 14 de mayo de 2012

Directrices, manuales y códigos de prácticas.

Directrices, manuales y códigos de prácticas. A mediados del decenio de 1990 se habían editado 15 títulos de esta publicación; por ejemplo, uno de ellos incluía directrices para el manejo seguro de pesticidas y un manual de primeros auxilios en el sector. De cada publicación se imprimen 3.000 ejemplares.

domingo, 13 de mayo de 2012

Recientemente, la unidad de documentación editó 109 títulos de fichas informativas

Recientemente, la unidad de documentación editó 109 títulos de fichas informativas e imprimió 10.000 ejemplares de cada una, lo que representa en total más de un millón de ejemplares.

sábado, 12 de mayo de 2012

Factores de riesgo individual y colectivo (I)

Las actividades de promoción de la salud en el lugar de trabajo suelen centrarse en el estilo de vida individual como unidad de intervención, distorsionando así la complejidad de las conductas sociales. Los programas que se centran exclusivamente en el cambio de hábitos personales descuidan otros factores sociales, como la discriminación por motivos de raza, sexo o clase social. Este tipo de enfoque sitúa la conducta fuera de contexto y supone “que los hábitos personales son distintos y pueden modificarse de manera independiente; las personas pueden decidir voluntaria- mente cambiar esa conducta” (Coriel, Levin y Jaco l986).
Teniendo en cuenta la influencia de los factores sociales, ¿qué grado de control ejercen realmente las personas para modificar los riesgos para la salud? Desde luego que existen factores de riesgo relacionados con la conducta, pero también deben tenerse en cuenta los efectos de la estructura social, el medio ambiente, la herencia y la simple casualidad. Una persona no es la única responsable de la aparición de una enfermedad, aunque eso es precisamente lo que se supone en muchas actividades de promo- ción de la salud que se desarrollan en el lugar de trabajo.
Un programa de promoción de la salud que sobrestime la responsabilidad individual tendrá un tono moralizante.

viernes, 11 de mayo de 2012

¿Acción voluntaria o coacción? (III)

También es preciso tener cuidado con las declaraciones sobre el carácter voluntario de la educación sanitaria que no tienen en cuenta las fuerzas sutiles y poderosas que determinan las conductas en el lugar de trabajo. El hecho de que las actividades de promoción de la salud reciban una publicidad positiva considerable y de que sean gratuitas puede dar la impresión de que la dirección, no sólo es partidaria de que los trabajadores participen en estas actividades, sino que consideran dicha participa- ción altamente deseable. Los trabajadores pueden también crearse expectativas de obtener otros beneficios además de los relacionados con la salud o considerar necesaria su participación para conseguir un ascenso o, al menos, para mantener su trayectoria dentro de la empresa.
La dirección puede sentirse defraudada cuando desarrolla actividades de promoción de la salud obedeciendo a su sincero interés por el bienestar de los trabajadores y dejando a un lado sus objetivos de reducción de gastos. Los incentivos directos, como el aumento de las primas de los seguros de los fumadores o los trabajadores con exceso de peso, pueden aumentar la participación, pero también constituyen un tipo de coacción.

miércoles, 9 de mayo de 2012

¿Acción voluntaria o coacción? (II)

Cuando los costes de la asistencia sanitaria corren a cargo de la empresa o de un seguro suscrito por la misma, las fronteras entre lo que es vida pública y vida privada se hacen menos nítidos y aumenta todavía más la posibilidad de coacción. En la actualidad, este tipo de programas tienen carácter voluntario, aunque ¿puede alguna actividad ser completamente voluntaria en el entorno laboral?

Las burocracias no son democracias y cualquier conducta considerada voluntaria en el entorno laboral probablemente puede ponerse en tela de juicio. A diferencia del entorno comunitario, la empresa establece una relación contractual a largo plazo con la mayoría de los trabajadores, que en muchos casos es dinámica, con la posibilidad de aumentos de sueldo, ascensos así como traslados a puestos de inferior categoría. Esta situación puede dar la impresión, deliberada
o inadvertida, de que la participación en un programa activo de prevención es obligatoria y lo que se espera de los traba- jadores (Roman 1981).

martes, 8 de mayo de 2012

La planificación de la formación para el aprendizaje de alta calidad

Se denomina formación a un tipo de educación centrada en técnicas y habilidades específicas y dirigida a facilitar un aprendizaje de alta calidad, mediante un proceso que se desarrolla en una serie de etapas, todas ellas igualmente importantes, y que requiere una planificación cuidadosa de cada etapa. Aunque el proceso de aprendizaje puede descomponerse para su análisis de distintas maneras, desde el punto de vista de la concepción cognitiva la planificación de un curso de formación se articula en seis etapas:
Etapa 1: haga una evaluación de las necesidades (conozca a su audiencia);
Etapa 2: formule los objetivos de aprendizaje;
Etapa 3: desarrolle una base orientativa o “mapa de carreteras” del curso;
Etapa 4: desarrolle el currículo, estableciendo sus contenidos
y sus correspondientes métodos de formación, y utilizando un diagrama para perfilar su propio plan del curso;
Etapa 5: imparta el curso;
Etapa 6: evalúe el curso y desarrolle el seguimiento a partir de esta evaluación.

lunes, 7 de mayo de 2012

El aprendizaje de alta calidad: La interacción social.

La interacción social entre los participantes de una sesión de formación es un elemento esencial del aprendizaje. Mediante las actividades en grupo, los participantes aprenden unos de otros.

domingo, 6 de mayo de 2012

El aprendizaje de alta calidad: El avance por etapas en el proceso de aprendizaje.

En el proceso de aprendizaje, el participante se asemeja a un investigador que persigue un modelo para comprender el tema estudiado. Con la ayuda del profesor, elabora este modelo, practica su utilización y evalúa su utilidad. Este proceso se puede descomponer en las seis etapas siguientes:

• motivación,
• orientación,
• integración de nuevos conocimientos (interiorización),
• aplicación,
• crítica del programa,
• evaluación por los participantes.

sábado, 5 de mayo de 2012

El aprendizaje de alta calidad: La organización del tema

Con demasiada frecuencia se piensa que el objeto del aprendizaje es el almacenamiento de datos aislados en el cerebro, al modo en que guardamos las cosas distribuyéndolas en cajas sobre una estantería. La realidad es que las personas, al aprender, elaboran modelos o imágenes mentales del mundo. Por eso, cuando para mejorar el aprendizaje los enseñantes promueven el enfoque cognitivo, tratan de organizar los hechos en forma de modelos e introducen princi- pios o conceptos explicativos (el “pero, por qué” que subyace en un hecho o una cualificación).

viernes, 4 de mayo de 2012

Integración social

Una de las secuelas más negativas de la pérdida auditiva de origen profesional es la tendencia a evitar las conversaciones en grupo, que imponen un considerable esfuerzo a los afectados. En tales situaciones, éstos deben tratar de adaptarse a los demás, ya que suele resultar sumamente difícil que el ritmo de la conversación y la forma de expresión del grupo se ajuste a sus circunstancias. Los afectados pueden afrontar esta situación de tres formas:
• interpretando la expresión facial;
• empleando técnicas de comunicación especiales;
• empleando un audífono.
Evidentemente, la interpretación de la expresión facial y la lectura labial pueden facilitar la comprensión de las conversa- ciones; sin embargo, estas técnicas exigen un grado considerable de atención y concentración, imposible de mantener durante mucho tiempo. En todo caso, el sistema puede ser de utilidad si, además, se pide a los interlocutores que repitan o resuman sus palabras. Ahora bien, las conversaciones suelen discurrir con una velocidad tal que el recurso a esta estrategia no suele resultar fácil. Por último, si bien el uso de un audífono suele mejorar la capacidad para seguir las conversaciones, los disposi- tivos de amplificación actualmente en uso no restauran la capa- cidad de discriminación de frecuencias; esto es, se amplifican tanto la señal como el ruido, lo cual contribuye a empeorar, antes que mejorar, la situación de las personas que experi- mentan una seria discapacidad de la discriminación de frecuencias.
El empleo de los audífonos y la petición de la colaboración de los interlocutores para que se adapten a las circunstancias del discapacitado presupone que éste no se sienta acomplejado al reconocer su problema. Esto significa que, como se expone posteriormente, las medidas de fortalecimiento de la autoestima constituyen una condición previa a los esfuerzos por incre- mentar la capacidad auditiva.

jueves, 3 de mayo de 2012

Acceso a los servicios públicos y a las actividades culturales (II)

Por regla general, resulta posible superar estas situaciones desventajosas informando al personal sobre los síntomas y efectos de la sordera parcial y de los medios para facilitar la comunicación con los afectados. Algunos servicios públicos ya han adoptado medidas para facilitar la comunicación con los afectados por la pérdida auditiva de origen profesional (Hétu, Getty y Bédard 1994), con los resultados que se indican a continuación. El empleo de medios gráficos y audiovisuales permite transmitir la información necesaria en menos de 30 minutos y conseguir que los conocimientos adquiridos se conserven seis meses después de las reuniones informativas. Este sistema facilita en gran medida la comunicación con el personal de los servicios afectados. Se obtienen sustanciales beneficios de su aplicación, no sólo para los clientes afectados por la pérdida auditiva, sino también para el propio personal, cuyas tareas se han simplificado con la prevención de situaciones de este tipo.

miércoles, 2 de mayo de 2012

Acceso a los servicios públicos y a las actividades culturales (I)

Según el modelo de la Figura 17.3, en la limitación del acceso a las actividades culturales se pueden distinguir cuatro elementos (elementos 2, 3, 5 y 6), para cuya eliminación se precisan múltiples intervenciones. Por ejemplo, se puede facilitar el acceso de los afectados por una pérdida auditiva a los templos, auditorios y salas de concierto dotando a éstos de medios de audición adecuados, como los sistemas de frecuencia modulada o de transmisión por infrarrojos (elemento 3) e informando a sus responsables de las necesidades de aquéllos (elemento 6). No obstante, los afec- tados sólo solicitan la instalación de equipo de audición si conocen su existencia, saben cómo utilizarlo (elemento 2) y han recibido la ayuda psicosocial necesaria para reconocer y trans- mitir su necesidad de disponer del equipo (elemento 5).
En el contexto de un programa experimental de rehabilitación (Getty y Hétu 1991, Hétu y Getty 1991a), se han desarro- llado diversas técnicas eficaces de comunicación, formación y apoyo psicosocial de los trabajadores con deficiencia auditiva, que se examinan posteriormente, en “Vida familiar”.
El acceso de las personas con deficiencias auditivas a lugares y servicios públicos como bancos, grandes almacenes y servicios oficiales y de salud se dificulta, principalmente, por el desconoci- miento de estas instituciones. Por ejemplo, en algunos bancos, los clientes se encuentran separados por mamparas de vidrio del personal de ventanilla que, a veces, se dedica a informatizar datos o a rellenar impresos mientras habla con ellos. Los efectos acumulados de la falta de comunicación directa, de unas condiciones acústicas desfavorables y de una comunicación en la que cualquier malentendido puede tener consecuencias desastrosas hacen que esta situación sea extremadamente difícil para los afectados. En los centros de salud, los pacientes esperan en salas relativamente ruidosas a que les nombre un empleado situado a una distancia considerable o a través de un sistema de megafonía que en ocasiones es difícilmente audible. A pesar de que los pacientes con pérdida auditiva experimentan una gran ansiedad ante la posibilidad de no acudir a la llamada, no suelen informar al personal de sus problemas de audición. Este tipo de comportamiento es relativamente frecuente.

martes, 1 de mayo de 2012

Actividades sociales

Las personas afectadas por una pérdida auditiva de origen profesional se encuentran en situación desventajosa en los lugares con acústica deficiente, por ejemplo, en presencia de un eco o de ruidos de fondo, en las situaciones que requieren la comunicación a distancia y en las conversaciones telefónicas. En la práctica, esta situación limita en medida considerable su vida social, al difi- cultar su acceso a los servicios públicos y a las actividades cultu- rales, con el consiguiente menoscabo de su integración social
(Hétu y Getty).

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