Ante el escaso éxito del método tradicionalmente aplicado para facilitar la incorporación al trabajo de los discapacitados, es evidente que se precisa un cambio radical. Por ejemplo, las tasas oficiales de desempleo de los discapacitados son, invariablemente, el doble de las correspondientes a los no discapacitados, cuando no mayores. El porcentaje de discapacitados que no trabajan se suele acercar al 70 por ciento (Estados Unidos, Reino Unido y Canadá). Además, hay muchos más discapacitados en situación de pobreza que no discapacitados; por ejemplo, dos tercios de los 6,2 millones de discapacitados del Reino Unido no tienen otros ingresos que las prestaciones estatales.
Estos problemas se complican debido a la incapacidad que habitualmente experimentan los servicios de rehabilitación para satisfacer la demanda de las empresas de personal cualificado.
En muchos países, la discapacidad no se suele definir en términos jurídicos ni de igualdad de oportunidades, por lo que resulta difícil promover una ética empresarial en la que la discapacidad se equipare al sexo y a la raza en la política de igualdad de oportunidades o de prioridad de la diversidad. Tanto la proliferación de las cuotas como la falta absoluta de legislación espe- cífica refuerzan la presunción de las empresas de que la discapacidad es, básicamente, un problema médico o de beneficencia.
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