Los ejemplos extraídos de experiencias actuales de mujeres trabajadoras, ilustran principios igualmente aplicables a la situación de muchos trabajadores discapacitados y de edad avanzada. Como las mujeres, estos trabajadores han sido protegidos en ocasiones de los riesgos laborales, de tal modo que se les ha privado de autosuficiencia económica y otras recompensas del trabajo. El hecho de limitar las opciones de estos trabajadores, sugiere que son incapaces de llevar a cabo decisiones apropiadas sobre los riesgos y beneficios del trabajo. Los tres grupos mencionados han tenido que soportar la carga de prejuicios negativos respecto a sus capacidades, y a menudo se les ha negado la oportunidad de demostrar sus habilidades. Además, se ha tendido a considerar la adaptación de estos trabajadores como una carga especialmente pesada, aunque se trate de acomodar a un trabajador lesionado en un accidente de tráfico o a un ejecutivo que ha sufrido un ataque cardíaco.
La igualdad es válida cuando se establecen políticas en el lugar de trabajo para satisfacer las necesidades de todos los trabajadores. Este principio resulta esencial para abordar las situaciones en las que los miembros de conocidos grupos raciales
o étnicos se consideran especialmente sensibles a determinados riesgos laborales. Estas demandas deben ser objeto de un análisis exhaustivo para garantizar su validez; en ocasiones, se han utili- zado sin fundamento y para justificar la exclusión de trabaja- dores concretos, aunque la variación individual en cuanto a sensibilidad suele ser más importante que las diferencias deri- vadas de la pertenencia a un grupo (Bingham 1986). Sin embargo, aunque sea así, los principios de igualdad aconsejan que el riesgo debería reducirse o evitarse mediante la aplicación de medidas técnicas, la sustitución de productos u otros medios,
y no privando a todo un colectivo de las oportunidades de empleo o sometiendo a sus miembros a determinadas condiciones cuando se sabe que éstas implican un riesgo.
En términos ideales, las capacidades y las necesidades de los trabajadores deben evaluarse individualmente, y deben ajustarse, en la medida de lo posible, a las necesidades individuales. Las estimaciones de riesgo beneficio suelen ser mejor realizadas por las personas más directamente afectadas. La posibilidad de que los trabajadores sacrifiquen su salud a cambio de su bienestar económico puede reducirse si las normas de la Administración se establecen bajo el supuesto de que en el lugar de trabajo desarrolla su actividad una muestra representativa de la población, que incluye a mujeres embarazadas, trabajadores de edad avanzada, discapacitados y miembros de diferentes grupos racistas y étnicos. Algunos acontecimientos de la vida son fácilmente predecibles: la procreación y el envejecimiento afectan a una gran proporción de la población activa, la discapacidad a un número significativo y todos pertenecemos a determinado subgrupo racial o étnico. Las políticas relacionadas con el trabajo en las que estas circunstancias se consideran normales y se prevén, propician la creación de un medio ambiente de trabajo en el que la igualdad, por un lado, y la salud y la segu- ridad, por otro, pueden coexistir sin problemas.
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