En muchos países está teniendo lugar una expansión industrial y, al considerar las solicitudes para desarrollar nuevos proyectos industriales, los gobiernos tienen la oportunidad y la responsabilidad de evaluar los riesgos para la salud y la seguridad de la tecnología importada. El país receptor debe garantizar que las nuevas empresas cumplan estrictas normas de funcionamiento. Los solicitantes deben comprometerse a respetar unos niveles específicos de emisión de agentes contaminantes que no sean superados durante la actividad de sus fábricas y a establecer unos límites de exposición de los trabajadores a las sustancias tóxicas. Asimismo, han de estar dispuestos a pagar a la Administración para obtener el equipo de control necesario para garantizar la observación efectiva de dichos límites y permitir el acceso inme- diato en cualquier momento de los inspectores públicos.
En especial, los solicitantes deberán aportar información sobre su experiencia en el pasado con la tecnología que se va a utilizar y sus riesgos. La Administración del país de acogida tiene pleno derecho a conocer qué riesgos existen en el lugar de trabajo y qué niveles de contaminación presentan otras fábricas similares gestionadas por los solicitantes del proyecto. Igual- mente, es importante saber conforme a qué leyes, reglamentos y normas sobre la protección de la salud pública actúan los solici- tantes para instalaciones similares de otros países.
El proceso de aprobación de solicitudes por parte de la admi- nistración del país de acogida debe incluir una evaluación crítica de las mismas en función de las necesidades reales. En caso de aceptación, deberá llevarse a cabo un análisis de seguimiento para garantizar que la tecnología empleada hace los procesos menos peligrosos y proporciona productos que satisfacen las necesidades que se pretenden cubrir. Este procedimiento es coherente con las políticas declaradas por las principales EMN. El cumplimiento de las obligaciones éticas por parte de las administraciones y las empresas puede permitir una rápida expansión mundial de los avances relacionados con la salud pública en el campo de la tecnología.
Los grandes proyectos presentados en los países en desarrollo suelen exigir la participación de EMN extranjeras como inversoras. Las directrices incluidas en la Tabla 20.2 han sido publicadas por Greenpeace y Third World Network (Malaisia), y en ellas se detalla la información que las administraciones pueden solicitar a los inversores extranjeros (Bruno 1994). Cuando éstos no presenten datos sobre la tecnología y sus peligros, las admi- nistraciones pueden y deben adoptar las medidas oportunas para obtener información al respecto de forma independiente.
Los riesgos industriales no son la única razón para realizar estudios de impacto medioambiental y los proyectos industriales no son los únicos que deben someterse a este tipo de análisis. La importación y la utilización generalizada de tecnología ineficaz desde el punto de vista energético para la fabricación de refrigeradores, motores eléctricos y aparatos de iluminación han causado considerables problemas. En muchos países, la genera- ción de energía eléctrica difícilmente podría satisfacer la demanda aun cuando la eficiencia energética se considerase un criterio para la evaluación de las nuevas tecnologías y el diseño de edificios comerciales. La ineficiencia energética plantea graves dificultades para el desarrollo, entre ellas los costes de construcción y mantenimiento de una capacidad de generación de electricidad excesiva, la contaminación y los desincentivos a la expansión provocados por un suministro de energía poco fiable y las averías. La eficiencia energética puede liberar unos recursos importantísimos para satisfacer las necesidades básicas, en lugar de construir y poner en marcha centrales eléctricas innecesarias.
En especial, los solicitantes deberán aportar información sobre su experiencia en el pasado con la tecnología que se va a utilizar y sus riesgos. La Administración del país de acogida tiene pleno derecho a conocer qué riesgos existen en el lugar de trabajo y qué niveles de contaminación presentan otras fábricas similares gestionadas por los solicitantes del proyecto. Igual- mente, es importante saber conforme a qué leyes, reglamentos y normas sobre la protección de la salud pública actúan los solici- tantes para instalaciones similares de otros países.
El proceso de aprobación de solicitudes por parte de la admi- nistración del país de acogida debe incluir una evaluación crítica de las mismas en función de las necesidades reales. En caso de aceptación, deberá llevarse a cabo un análisis de seguimiento para garantizar que la tecnología empleada hace los procesos menos peligrosos y proporciona productos que satisfacen las necesidades que se pretenden cubrir. Este procedimiento es coherente con las políticas declaradas por las principales EMN. El cumplimiento de las obligaciones éticas por parte de las administraciones y las empresas puede permitir una rápida expansión mundial de los avances relacionados con la salud pública en el campo de la tecnología.
Los grandes proyectos presentados en los países en desarrollo suelen exigir la participación de EMN extranjeras como inversoras. Las directrices incluidas en la Tabla 20.2 han sido publicadas por Greenpeace y Third World Network (Malaisia), y en ellas se detalla la información que las administraciones pueden solicitar a los inversores extranjeros (Bruno 1994). Cuando éstos no presenten datos sobre la tecnología y sus peligros, las admi- nistraciones pueden y deben adoptar las medidas oportunas para obtener información al respecto de forma independiente.
Los riesgos industriales no son la única razón para realizar estudios de impacto medioambiental y los proyectos industriales no son los únicos que deben someterse a este tipo de análisis. La importación y la utilización generalizada de tecnología ineficaz desde el punto de vista energético para la fabricación de refrigeradores, motores eléctricos y aparatos de iluminación han causado considerables problemas. En muchos países, la genera- ción de energía eléctrica difícilmente podría satisfacer la demanda aun cuando la eficiencia energética se considerase un criterio para la evaluación de las nuevas tecnologías y el diseño de edificios comerciales. La ineficiencia energética plantea graves dificultades para el desarrollo, entre ellas los costes de construcción y mantenimiento de una capacidad de generación de electricidad excesiva, la contaminación y los desincentivos a la expansión provocados por un suministro de energía poco fiable y las averías. La eficiencia energética puede liberar unos recursos importantísimos para satisfacer las necesidades básicas, en lugar de construir y poner en marcha centrales eléctricas innecesarias.
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