¿Qué trabajadores tienen derecho a los servicios de asistencia a los trabajadores?

¿Qué tipo de problemas deben considerarse?
¿Debe ampliarse el programa a los familiares de los trabajadores
o a los jubilados? Muchas de estas decisiones parecen basarse no tanto en la intención expresa de mejorar el estado de salud de los trabajadores como en el límite de cobertura de las presta- ciones. El personal a tiempo parcial sin derecho a prestaciones extrasalariales no suele tener acceso a los programas de asis- tencia a los trabajadores y, de este modo, la empresa se ahorra ese gasto adicional. Sin embargo, el personal a tiempo parcial también puede tener problemas que afecten a su rendimiento y productividad.
En el equilibrio entre una asistencia de calidad y la reducción de gastos, ¿quién debe decidir el nivel de calidad necesario y a qué precio: el paciente que utiliza los servicios pero que no paga por ellos o el profesional responsable del programa de asistencia de los trabajadores que no paga la factura pero cuyo trabajo puede depender del éxito del tratamiento? ¿Quién debe tomar la decisión: el prestador del servicio o el asegurador, que es al final quien lo paga?
Igualmente, ¿quién debe decidir cuándo se puede prescindir de un trabajador? Y si los costes de seguro y tratamiento dictan esa decisión, ¿cuándo es más rentable despedir a un trabajador que, por ejemplo, padece una enfermedad mental, y contratar y formar a uno nuevo? Desde luego, la función de los profesio- nales de la salud en el trabajo en este tipo de decisiones tiene que ser analizada más a fondo.