Ante la dificultad de resolver determinados problemas, como los relacionados con los biomarcadores, convendría que los profesionales que se ocupan de estos temas aunaran sus esfuerzos y establecieran mecanismos de intercambio de información que ayudaran a resolver problemas éticos complejos. En particular, deberían existir comités permanentes de ética en las distintas profesiones relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo que decidiesen cuál es el momento más adecuado de introducir procedimientos de alta tecnología cuyas implicaciones éticas todavía no se han determinado. En estos debates deberían participar otros grupos interesados e incluso los representantes de la comunidad en cuyo seno se realizaran estos estudios.
Es necesario reconocer que el entusiasmo de los investigadores por la aplicación de nuevas tecnológicas en estudios cuyas repercusiones no se conocen todavía (convencidos de obtener resultados positivos) puede llegar a ocasionar más daño que beneficio a los participantes en esos estudios (por ejemplo, la pérdida del puesto de trabajo en el presente puede causar más daño que la posibilidad de una muerte prematura en el futuro). Por lo tanto, la aplicación de estas tecnologías debe hacerse con una gran precaución y considerarse sólo después de haber sido objeto de debate entre los colectivos profesionales interesados en dichas tecnologías y todos los demás grupos afectados.
Otro asunto de interés que cada cierto tipo es objeto de debate público es el de la confidencialidad de la información. En la era de los ordenadores, se pueden cruzar archivos que se han creado con fines distintos. Los defensores de la confidencialidad de la información han expresado su preocupación ante la posibi- lidad de que este tipo de práctica perjudique a los intereses particulares. Aunque los derechos fundamentales a la intimidad deben recibir prioridad sobre las necesidades de investigación de la sociedad, estos defensores de la confidencialidad deben recordar que los estudios de poblaciones no están interesados en datos a escala individual y que el interés general de la sociedad se verá favorecido si se permite que investigadores debidamente cualificados y expertos en procesamiento y confidencialidad de la información tengan acceso a datos individuales para los fines de la investigación basada en poblaciones.
Ya se ha comentado antes (véase “Historia reciente de los códigos en algunas profesiones”) la preocupación por la medida en que los principios aplicados en el contexto de la relación entre médico y paciente se extrapolan a los estudios de pobla- ciones. Vineis y Soskolne (1993) observaron que los principios establecidos de autonomía, beneficiencia, no maleficencia y justicia distributiva no se aplican con facilidad a la sociedad en general. Por ejemplo, la información disponible sobre la seguridad de las exposiciones es muchas veces insuficiente para permitir la autonomía de decisión; la beneficiencia se considera desde el punto de vista social más que individual, y con frecuencia se producen injusticias. A la hora de definir lo que es aceptable para la sociedad, la ética debe recibir una especial atención; las simples fórmulas matemáticas utilizadas para evaluar los riesgos y beneficios no pueden aplicarse directamente a los individuos. Todas estas ideas tendrán que desarrollarse e integrarse en el futuro.
En resumen, los códigos desempeñan un papel fundamental para las profesiones. También podrían desempeñar la importante función de proteger el interés común si tuvieran en cuenta otras cuestiones sociales más amplias. En su desarrollo deben participar todos los grupos interesados, como parte de un programa ético general apoyado por cada profesión. Los códigos, junto con los valores esenciales de la profesión, los comentarios que acompañan a los códigos y los estudios de casos, tienen que someterse a un proceso periódico de análisis y revisión. Ahora más que nunca, los códigos son necesarios, no sólo para los fines de la responsabilidad y la autorregulación profesional, sino también para ayudar a los profesionales a afrontar los retos morales y éticos planteados por los avances tecnológicos que repercuten en los derechos y deberes de todas las personas afectadas y todos los grupos interesados. Tenemos ante nosotros un gran reto.
Es necesario reconocer que el entusiasmo de los investigadores por la aplicación de nuevas tecnológicas en estudios cuyas repercusiones no se conocen todavía (convencidos de obtener resultados positivos) puede llegar a ocasionar más daño que beneficio a los participantes en esos estudios (por ejemplo, la pérdida del puesto de trabajo en el presente puede causar más daño que la posibilidad de una muerte prematura en el futuro). Por lo tanto, la aplicación de estas tecnologías debe hacerse con una gran precaución y considerarse sólo después de haber sido objeto de debate entre los colectivos profesionales interesados en dichas tecnologías y todos los demás grupos afectados.
Otro asunto de interés que cada cierto tipo es objeto de debate público es el de la confidencialidad de la información. En la era de los ordenadores, se pueden cruzar archivos que se han creado con fines distintos. Los defensores de la confidencialidad de la información han expresado su preocupación ante la posibi- lidad de que este tipo de práctica perjudique a los intereses particulares. Aunque los derechos fundamentales a la intimidad deben recibir prioridad sobre las necesidades de investigación de la sociedad, estos defensores de la confidencialidad deben recordar que los estudios de poblaciones no están interesados en datos a escala individual y que el interés general de la sociedad se verá favorecido si se permite que investigadores debidamente cualificados y expertos en procesamiento y confidencialidad de la información tengan acceso a datos individuales para los fines de la investigación basada en poblaciones.
Ya se ha comentado antes (véase “Historia reciente de los códigos en algunas profesiones”) la preocupación por la medida en que los principios aplicados en el contexto de la relación entre médico y paciente se extrapolan a los estudios de pobla- ciones. Vineis y Soskolne (1993) observaron que los principios establecidos de autonomía, beneficiencia, no maleficencia y justicia distributiva no se aplican con facilidad a la sociedad en general. Por ejemplo, la información disponible sobre la seguridad de las exposiciones es muchas veces insuficiente para permitir la autonomía de decisión; la beneficiencia se considera desde el punto de vista social más que individual, y con frecuencia se producen injusticias. A la hora de definir lo que es aceptable para la sociedad, la ética debe recibir una especial atención; las simples fórmulas matemáticas utilizadas para evaluar los riesgos y beneficios no pueden aplicarse directamente a los individuos. Todas estas ideas tendrán que desarrollarse e integrarse en el futuro.
En resumen, los códigos desempeñan un papel fundamental para las profesiones. También podrían desempeñar la importante función de proteger el interés común si tuvieran en cuenta otras cuestiones sociales más amplias. En su desarrollo deben participar todos los grupos interesados, como parte de un programa ético general apoyado por cada profesión. Los códigos, junto con los valores esenciales de la profesión, los comentarios que acompañan a los códigos y los estudios de casos, tienen que someterse a un proceso periódico de análisis y revisión. Ahora más que nunca, los códigos son necesarios, no sólo para los fines de la responsabilidad y la autorregulación profesional, sino también para ayudar a los profesionales a afrontar los retos morales y éticos planteados por los avances tecnológicos que repercuten en los derechos y deberes de todas las personas afectadas y todos los grupos interesados. Tenemos ante nosotros un gran reto.
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