En cuanto una persona con deficiencias físicas o mentales entra en su contexto social, profesional o privado, pueden plantearse dificultades que la lleven a una situación de desventaja o de minusvalía en relación con otros.
En la versión original de la CIDDM, la definición de minusvalía significa una desventaja que aparece como resultado de una deficiencia o una discapacidad, y que limita a un individuo en el desempeño de lo que se considera una función “normal”. Esta definición de minusvalía, que basa el problema exclusivamente en la situación personal del individuo afectado, ha sido objeto de críticas, en el sentido de que no tiene suficientemente en cuenta el papel del entorno y la actitud de la sociedad en la aparición de la situación de desventaja. Una definición que tenga en cuenta estas objeciones debe asumir la relación entre el individuo discapacitado y las múltiples barreras ambientales, culturales, físicas o sociales que tiende a erigir una sociedad que refleja las actitudes de sus miembros no discapacitados. En consecuencia, toda desventaja en la vida de una persona concreta que no sea tanto el resultado de una deficiencia o una discapacidad como de actitudes negativas o poco propicias en el sentido más amplio debe denominarse “minusvalía”. Además, cualquier medida que se tome para mejorar la situación de los individuos discapacitados, incluidos los que les ayudan a parti- cipar plenamente en la vida y en la sociedad, puede contribuir a prevenir la “minusvalía”. Por consiguiente, una minusvalía no es el resultado directo de una deficiencia o discapacidad existente, sino el resultado de la interacción entre un individuo con una discapacidad, el contexto social y el entorno inmediato.
No se puede suponer de entrada, por consiguiente, que una persona con una deficiencia o una discapacidad deba automáticamente tener también una minusvalía. Muchas personas disca- pacitadas consiguen, a pesar de las limitaciones causadas por su discapacidad, desempeñar con éxito una profesión. Por otro lado, no todas las minusvalías pueden atribuirse a una discapacidad. También pueden deberse a una falta de educación, vincu- lada o no a una discapacidad.
Este sistema jerárquico de clasificación ¾deficiencia, discapacidad, minusvalía¾ puede compararse con las distintas fases de la rehabilitación; por ejemplo, cuando el tratamiento puramente curativo se complementa con una rehabilitación de limitaciones funcionales y psicosociales y se completa con un proceso de readaptación o formación profesional que permita llevar una vida autónoma.
Por esta razón, la evaluación objetiva del grado de una discapacidad por lo que respecta a sus consecuencias sociales (minusvalía) no puede basarse únicamente en criterios médicos, sino que debe tener en cuenta los contextos profesional, social y personal, y en especial la actitud de la población no discapacitada. Este estado de cosas hace que sea bastante difícil medir y establecer inequívocamente un “estado de discapacidad”.
En la versión original de la CIDDM, la definición de minusvalía significa una desventaja que aparece como resultado de una deficiencia o una discapacidad, y que limita a un individuo en el desempeño de lo que se considera una función “normal”. Esta definición de minusvalía, que basa el problema exclusivamente en la situación personal del individuo afectado, ha sido objeto de críticas, en el sentido de que no tiene suficientemente en cuenta el papel del entorno y la actitud de la sociedad en la aparición de la situación de desventaja. Una definición que tenga en cuenta estas objeciones debe asumir la relación entre el individuo discapacitado y las múltiples barreras ambientales, culturales, físicas o sociales que tiende a erigir una sociedad que refleja las actitudes de sus miembros no discapacitados. En consecuencia, toda desventaja en la vida de una persona concreta que no sea tanto el resultado de una deficiencia o una discapacidad como de actitudes negativas o poco propicias en el sentido más amplio debe denominarse “minusvalía”. Además, cualquier medida que se tome para mejorar la situación de los individuos discapacitados, incluidos los que les ayudan a parti- cipar plenamente en la vida y en la sociedad, puede contribuir a prevenir la “minusvalía”. Por consiguiente, una minusvalía no es el resultado directo de una deficiencia o discapacidad existente, sino el resultado de la interacción entre un individuo con una discapacidad, el contexto social y el entorno inmediato.
No se puede suponer de entrada, por consiguiente, que una persona con una deficiencia o una discapacidad deba automáticamente tener también una minusvalía. Muchas personas disca- pacitadas consiguen, a pesar de las limitaciones causadas por su discapacidad, desempeñar con éxito una profesión. Por otro lado, no todas las minusvalías pueden atribuirse a una discapacidad. También pueden deberse a una falta de educación, vincu- lada o no a una discapacidad.
Este sistema jerárquico de clasificación ¾deficiencia, discapacidad, minusvalía¾ puede compararse con las distintas fases de la rehabilitación; por ejemplo, cuando el tratamiento puramente curativo se complementa con una rehabilitación de limitaciones funcionales y psicosociales y se completa con un proceso de readaptación o formación profesional que permita llevar una vida autónoma.
Por esta razón, la evaluación objetiva del grado de una discapacidad por lo que respecta a sus consecuencias sociales (minusvalía) no puede basarse únicamente en criterios médicos, sino que debe tener en cuenta los contextos profesional, social y personal, y en especial la actitud de la población no discapacitada. Este estado de cosas hace que sea bastante difícil medir y establecer inequívocamente un “estado de discapacidad”.
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