Un problema fundamental de los muchos que puede plantear este sistema consiste en determinar si el propietario de la empresa o el contratista que suministra los trabajadores es responsable de su seguridad, salud y bienestar. Cada uno suele “escurrir el bulto” traspasando al otro, la responsabilidad respecto a las deficiencias de las condiciones de trabajo (y, cuando se trata de trabajadores migrantes, de las condiciones de vida), mientras que los trabajadores, que en algunos casos desconocen la lengua, las leyes y las costumbres locales y son demasiado pobres para recibir ayuda legal, se ven impotentes para corregir tal situación. Los trabajadores subcontratados suelen estar expuestos a riesgos físicos y químicos al tiempo que se les niega la educación y la formación necesarias para identificarlos y poder prevenirlos.
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