Normas de salud y seguridad en el trabajo

Los Estados miembros de un acuerdo de libre comercio pueden presentar diferencias en lo que se refiere a las normas sobre salud y seguridad en el trabajo. Esto significa que en los países que aplican normas menos exigentes su repercusión en los costes de producción son inferiores, lo que supone una ventaja comercial importante. Un resultado probable de esas diferencias es que se ejerzan presiones políticas para que se moderen las normas en los países más protectores y para que no se amplíen en los que garantizan una protección menor, con el fin de conservar las ventajas comerciales. Los defensores de la salud y la seguridad en el trabajo señalan esta reacción como una de las principales consecuencias negativas del libre comercio.

Otro de los resultados probables es igualmente preocupante. Un país puede optar por bloquear la importación de ciertos materiales o equipos peligrosos, con objeto de mejorar en materia de salud en el trabajo. Sus socios comerciales pueden acusarle de llevar a cabo prácticas desleales al considerar este tipo de política una barrera comercial encubierta. En 1989, en virtud del Acuerdo de Libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, este país acusó a aquél de comercio desleal, cuando Estados Unidos decidió suprimir las importaciones de amianto. Estos conflictos pueden socavar las normas de salud y seguridad de un país cuyas exigencias legislativas son mayores.
Por otra parte, el libre comercio también puede ofrecer la posibilidad de mejorar las normas mediante la colaboración en su definición, la puesta en común de la información técnica en que se basan y la armonización de disparidades tomando como referencia los niveles más altos. Esta mejora es posible tanto en el caso de las normas sobre salud y seguridad en el trabajo como en el de otras normas laborales afines, como las relativas al trabajo infantil, el salario mínimo y la negociación colectiva. Un obstáculo fundamental para la armonización ha sido la cuestión de la soberanía nacional: muchos países se han mostrado reacios
a negociar la pérdida de control sobre su legislación laboral.