Equiparación de la protección social

Enfrentados con unos gastos crecientes que sólo en parte se deben a los costes de indemnización de los trabajadores por acci- dente y enfermedad laboral y de los programas de prevención, las empresas están transfiriendo puestos de trabajo de los países industrializados a regiones menos desarrolladas, en las que los salarios y otras prestaciones suelen ser menores y la normativa y la administración de la salud y seguridad en el trabajo son menos gravosas. Ante la perspectiva de instalar medidas de seguridad a menudo costosas, algunas empresas optan por cerrar las fábricas
y trasladarlas a otras áreas con costes salariales inferiores. Dado el consiguiente incremento del desempleo, es posible que muchos trabajadores no tengan un puesto de trabajo al que reincorpo- rarse cuando finalizan su rehabilitación y opten por seguir perci- biendo las prestaciones por incapacidad mientras pueden
(Euzéby 1993).
Para afrontar la competencia de las regiones con niveles sala- riales inferiores, las empresas reducen sus plantillas y exigen una mayor productividad a los trabajadores que conservan. Dada la tendencia paralela a desestimar o diferir la solución de los problemas de seguridad en el lugar de trabajo, es posible que aumente el número de accidentes y lesiones y que se incremente la presión sobre los sistemas de indemnización de los trabajadores.
Al mismo tiempo, a medida que las cantidades y primas que las empresas abonan a los sistemas de indemnización de los trabajadores —que suelen consistir en un porcentaje de la nómina y basarse en el número de trabajadores empleados— se reducen al disminuir la plantilla, es posible que los recursos de estos sistemas experimenten igualmente una reducción. Esto ya se ha producido en Suiza, donde la CNA se ha visto forzada a reducir el personal.
En Estados Unidos, una iniciativa legislativa tendente a reducir la función de la administración federal en la regulación y aplicación de la legislación sobre salud y seguridad y transferirla
a los estados y entidades locales, no ha ido acompañada de créditos presupuestarios y de subvenciones de cuantía suficiente para desempeñar correctamente la función.
Tchopp (1995) aboga por una equiparación de la protección social en el ámbito internacional que contribuya a mantener los sistemas de indemnización de los trabajadores en el mismo nivel que los programas de prevención existentes en los países desa- rrollados y a mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar de los países en vías de desarrollo. El autor subraya que el objetivo en esos países debe consistir en mejorar la vida de sus trabajadores.