Una característica importante del contexto de los servicios de medicina del trabajo es que la actividad “principal” de la empresa no consiste en prestar asistencia médica a los trabajadores, aunque este tipo de servicios pueden contribuir de manera importante al logro de los objetivos de la organización si consiguen, por ejemplo, aumentar la eficiencia de las operaciones o reducir los gastos. En la mayoría de los casos, las actividades de promoción de la salud de los programas de asistencia a los trabajadores y los servicios de rehabilitación son desarrolladas por las empresas con la finalidad de lograr los objetivos de su organiza- ción, como una plantilla más productiva o la reducción del coste de los seguros o de las indemnizaciones a los trabajadores. Aunque la retórica empresarial ha insistido en el carácter humanitario de los programas de asistencia a los trabajadores, la razón fundamental de los mismos es el interés de las empresas por reducir los gastos, el absentismo y la pérdida de productividad asociados a los problemas de salud mental y consumo de drogas y alcohol. Estos objetivos son sustancialmente diferentes de los objetivos tradicionales de los profesionales sanitarios, ya que estos últimos tienen en cuenta tanto los intereses de la empresa como las necesidades del paciente.
Cuando las empresas financian directamente los servicios y éstos se prestan en el lugar de trabajo, los profesionales tienen necesariamente que considerar los objetivos de la empresa y la cultura que predomina en el lugar de trabajo. Los programas pueden estructurarse para que tengan un efecto en la rentabi- lidad y es posible que tenga que llegarse a un compromiso sobre los objetivos de los servicios de salud ante la necesidad real de reducir los gastos. Las acciones recomendadas por el profesional pueden verse influidas por estas consideraciones, y puede plan- tearse un dilema ético sobre la manera de alcanzar un equilibrio entre lo que sería mejor para un trabajador y lo que sería más rentable para la empresa. Cuando la principal responsabilidad del profesional es la asistencia gestionada con el objetivo de reducir los gastos, los conflictos pueden agravarse. Por este motivo, los programas de asistencia gestionada deben abordarse con precaución, para que los objetivos de la asistencia sanitaria no se vean comprometidos por el esfuerzo de limitar o reducir los gastos.
¿Qué trabajadores tienen derecho a los servicios de asistencia
a los trabajadores? ¿Qué tipo de problemas deben considerarse?
¿Debe ampliarse el programa a los familiares de los trabajadores
o a los jubilados? Muchas de estas decisiones parecen basarse no tanto en la intención expresa de mejorar el estado de salud de los trabajadores como en el límite de cobertura de las prestaciones. El personal a tiempo parcial sin derecho a prestaciones extrasalariales no suele tener acceso a los programas de asis- tencia a los trabajadores y, de este modo, la empresa se ahorra ese gasto adicional. Sin embargo, el personal a tiempo parcial también puede tener problemas que afecten a su rendimiento y productividad.
En el equilibrio entre una asistencia de calidad y la reducción de gastos, ¿quién debe decidir el nivel de calidad necesario y a qué precio: el paciente que utiliza los servicios pero que no paga por ellos o el profesional responsable del programa de asistencia de los trabajadores que no paga la factura pero cuyo trabajo puede depender del éxito del tratamiento? ¿Quién debe tomar la decisión: el prestador del servicio o el asegurador, que es al final quien lo paga?
Igualmente, ¿quién debe decidir cuándo se puede prescindir de un trabajador? Y si los costes de seguro y tratamiento dictan esa decisión, ¿cuándo es más rentable despedir a un trabajador que, por ejemplo, padece una enfermedad mental, y contratar y formar a uno nuevo? Desde luego, la función de los profesionales de la salud en el trabajo en este tipo de decisiones tiene que ser analizada más a fondo.
Cuando las empresas financian directamente los servicios y éstos se prestan en el lugar de trabajo, los profesionales tienen necesariamente que considerar los objetivos de la empresa y la cultura que predomina en el lugar de trabajo. Los programas pueden estructurarse para que tengan un efecto en la rentabi- lidad y es posible que tenga que llegarse a un compromiso sobre los objetivos de los servicios de salud ante la necesidad real de reducir los gastos. Las acciones recomendadas por el profesional pueden verse influidas por estas consideraciones, y puede plan- tearse un dilema ético sobre la manera de alcanzar un equilibrio entre lo que sería mejor para un trabajador y lo que sería más rentable para la empresa. Cuando la principal responsabilidad del profesional es la asistencia gestionada con el objetivo de reducir los gastos, los conflictos pueden agravarse. Por este motivo, los programas de asistencia gestionada deben abordarse con precaución, para que los objetivos de la asistencia sanitaria no se vean comprometidos por el esfuerzo de limitar o reducir los gastos.
¿Qué trabajadores tienen derecho a los servicios de asistencia
a los trabajadores? ¿Qué tipo de problemas deben considerarse?
¿Debe ampliarse el programa a los familiares de los trabajadores
o a los jubilados? Muchas de estas decisiones parecen basarse no tanto en la intención expresa de mejorar el estado de salud de los trabajadores como en el límite de cobertura de las prestaciones. El personal a tiempo parcial sin derecho a prestaciones extrasalariales no suele tener acceso a los programas de asis- tencia a los trabajadores y, de este modo, la empresa se ahorra ese gasto adicional. Sin embargo, el personal a tiempo parcial también puede tener problemas que afecten a su rendimiento y productividad.
En el equilibrio entre una asistencia de calidad y la reducción de gastos, ¿quién debe decidir el nivel de calidad necesario y a qué precio: el paciente que utiliza los servicios pero que no paga por ellos o el profesional responsable del programa de asistencia de los trabajadores que no paga la factura pero cuyo trabajo puede depender del éxito del tratamiento? ¿Quién debe tomar la decisión: el prestador del servicio o el asegurador, que es al final quien lo paga?
Igualmente, ¿quién debe decidir cuándo se puede prescindir de un trabajador? Y si los costes de seguro y tratamiento dictan esa decisión, ¿cuándo es más rentable despedir a un trabajador que, por ejemplo, padece una enfermedad mental, y contratar y formar a uno nuevo? Desde luego, la función de los profesionales de la salud en el trabajo en este tipo de decisiones tiene que ser analizada más a fondo.
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