Las pérdidas que infringen a la sociedad los accidentes y las enfermedades relacionados con el trabajo son graves, pero ninguna sociedad puede permitirse prevenir todas estas pérdidas. Debido a la escasez de recursos, las inversiones, de cuantía limitada, deben asignarse con cuidado para obtener la máxima rentabilidad. La sola determinación de los costes de las enfermedades profesionales no facilita la orientación de la inversión. Una evaluación económica adecuada puede resultar útil si está bien diseñada y se lleva a cabo correctamente. Sus resultados pueden emplearse una vez realizada una valoración crítica de la práctica de la evaluación, para definir las opciones de inversión. La evaluación económica no puede ni debe determinar las decisiones al respecto. Estas serán resultado de la consideración de valores económicos, políticos y sociales. Como señala Fuchs (1974):
En la mayoría de nuestros principales problemas sanita rios subyacen juicios de valor. ¿Qué tipo de personas somos?
¿Qué tipo de vida queremos llevar? ¿Qué clase de sociedad queremos construir para nuestros hijos y nietos? ¿Qué importancia queremos conceder a la libertad individual? ¿Y
a la igualdad? ¿Y al progreso material? ¿Y al ámbito del espíritu? ¿Qué importancia otorgamos a nuestra propia salud? ¿Y a la de nuestro vecino? Las respuestas a estas preguntas, así como la orientación que podemos obtener de la ciencia económica, pueden y deben determinar la política de asistencia sanitaria.
La decisión de regular la minería para que disminuya el número de trabajadores fallecidos y lesionados en el trabajo, si tiene éxito, genera beneficios para la salud de la población activa. Ahora bien, esos beneficios llevan unidos unos costes. En la vida real, el aumento de los costes para mejorar la seguridad elevará los precios, reducirá las ventas en los mercados mundiales competitivos y puede inducir a las empresas a incum- plir las regulaciones. A su vez, los sindicatos y sus afiliados pueden admitir este incumplimiento por preferir una aplicación imperfecta de la legislación sobre salud y seguridad si así mejoran los ingresos y las perspectivas de empleo.
El objetivo del análisis económico en el contexto de la salud en el trabajo es facilitar la determinación de qué nivel de inversión en seguridad es eficiente. La eficiencia significa que el coste de hacer un poco más (coste marginal) para mejorar la segu- ridad igualará al beneficio (el beneficio marginal en lo que se refiere a la mejora de la salud y la seguridad deriva de la reducción de riesgos). Los aspectos económicos de la salud y la seguridad en el trabajo son fundamentales para la toma de decisiones a todas las escalas: en el centro de trabajo, en la empresa, en el sector y en la sociedad. Comportarse como si todos los riesgos para la salud de los trabajadores pudieran erra- dicarse puede resultar ineficiente. Los riesgos pueden eliminarse cuando su supresión es eficaz en relación con el coste. Algunos riesgos son poco frecuentes y su erradicación resulta demasiado cara: han de ser tolerados y, si finalmente se materializan dañando el bienestar del trabajador, deben aceptarse como sucesos desafortunados, pero eficientes. Hay un nivel óptimo de riesgo profesional por encima del cual, los costes de reducir los riesgos superan los beneficios. La inversión en seguridad más allá de este punto generará unos beneficios en materia de segu- ridad que sólo deben perseguirse si la sociedad está dispuesta a actuar en condiciones de ineficiencia económica. Esta es una decisión de política social.En la mayoría de nuestros principales problemas sanita rios subyacen juicios de valor. ¿Qué tipo de personas somos?
¿Qué tipo de vida queremos llevar? ¿Qué clase de sociedad queremos construir para nuestros hijos y nietos? ¿Qué importancia queremos conceder a la libertad individual? ¿Y
a la igualdad? ¿Y al progreso material? ¿Y al ámbito del espíritu? ¿Qué importancia otorgamos a nuestra propia salud? ¿Y a la de nuestro vecino? Las respuestas a estas preguntas, así como la orientación que podemos obtener de la ciencia económica, pueden y deben determinar la política de asistencia sanitaria.
La decisión de regular la minería para que disminuya el número de trabajadores fallecidos y lesionados en el trabajo, si tiene éxito, genera beneficios para la salud de la población activa. Ahora bien, esos beneficios llevan unidos unos costes. En la vida real, el aumento de los costes para mejorar la seguridad elevará los precios, reducirá las ventas en los mercados mundiales competitivos y puede inducir a las empresas a incum- plir las regulaciones. A su vez, los sindicatos y sus afiliados pueden admitir este incumplimiento por preferir una aplicación imperfecta de la legislación sobre salud y seguridad si así mejoran los ingresos y las perspectivas de empleo.
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