Durante mucho tiempo, los economistas consideraron el libre comercio un ideal. En 1821, David Ricardo afirmó que cada país debía exportar los bienes que era capaz de producir en condiciones de ventaja comparativa. Aunque Ricardo sólo tuvo en cuenta un único factor de producción, el trabajo, teóricos poste- riores de las proporciones relativas de los factores ampliaron este marco al capital, los recursos naturales y otros. La mayoría de los economistas actuales creen que las restricciones al comercio (aranceles proteccionistas, subvenciones a la exportación y cuotas a la importación) generan ineficiencias económicas, distorsionan los incentivos de productores y consumidores y cuestan dinero a los países. Señalan que, en mercados nacionales restringidos, proliferan las pequeñas empresas que sirven a mercados limi- tados, lo que reduce la obtención de economías de escala, y se atenúan los incentivos para que los productores innoven y compitan. Los defensores del libre comercio creen que los argu- mentos a favor de las restricciones comerciales, aunque suelen basarse en el “interés nacional”, son en definitiva reivindicaciones encubiertas de intereses específicos.
Con todo, hay varios argumentos económicos en contra del libre comercio. Uno de ellos se refiere a los fallos de los mercados nacionales. Si un mercado interno como el del trabajo no funciona adecuadamente, la suspensión del libre comercio puede ayudar a mejorarlo o generar beneficios compensatorios en otros sectores de la economía nacional. El segundo argu- mento consiste en que un supuesto fundamental de la teoría del libre comercio, la inmovilidad del capital, ha dejado de ser cierto, de modo que la libertad de intercambio puede perjudicar a algunos países. Daly y Cobb (1994) señalan lo siguiente:
El libre flujo de capital y bienes (en lugar de sólo bienes)significa que la inversión se rige por la rentabilidad absoluta y no por la ventaja comparativa. La ausencia de un flujo libre de mano de obra reduce las oportunidades de empleo de los trabajadores del país en que no se invierte. Esta visión del mundo en que vivimos es más exacta que la asociada al principio de la ventaja comparativa, a pesar de su aplicabilidad en la época de Ricardo.
Dentro de una zona de libre comercio, los precios de los bienes que se comercializan tienden a igualarse. De acuerdo con el teorema de la igualación del precio de los factores, esta tendencia también es válida para los factores de producción, incluidos los salarios, los costes del cumplimiento de la legisla- ción y, quizás, factores externos como la contaminación atmosfé- rica. Esta teoría suscita un tercer argumento contrario al libre comercio: éste puede ejercer una presión a la baja sobre los sala- rios, la salud, la seguridad y las prácticas ecológicas, y sobre otros factores de producción, hacia los niveles más bajos de todos los países que comercian, lo que plantea una seria preocu- pación respecto de la salud y la seguridad en el trabajo.
Desde la segunda Guerra Mundial, la industria ha adquirido un carácter cada vez más internacional. Las comunicaciones y el transporte han avanzado con rapidez. La movilidad de la infor- mación y el capital es cada vez mayor. La importancia del papel desempeñado por las empresas multinacionales en la economía mundial aumenta. En este proceso, los modelos de producción se transforman, las fábricas cambian de localización y el empleo se desestabiliza. A diferencia del capital, el trabajo es relativa- mente inmóvil, tanto desde el punto de vista geográfico como en lo tocante a la cualificación. Por tanto, la reubicación industrial ha generado tensiones considerables para los trabajadores.
En este contexto, el libre comercio se ha ido ampliando de forma constante. Desde 1946, se han celebrado ocho rondas de negociaciones sobre comercio multilateral bajo los auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT). La más reciente, la Ronda de Uruguay, concluyó en 1994 con la constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los Estados miembros del GATT (y ahora de la OMC) aceptan tres principios generales: se abstienen de conceder subvenciones a la exportación (salvo en la agricultura); se abstienen de imponer cuotas unilaterales a la importación (excepto cuando las importaciones amenacen con “distorsionar el mercado”); y, si imponen nuevos aranceles o aumentan los existentes, deben reducir otros para compensar a los socios comerciales. La OMC no suprime los aranceles, pero los limita y regula. Más de 130 Estados, muchos de ellos en desarrollo o “en transición”, son miembros de esta organización. Se prevé que el número total de miembros supere los 150.
Desde el decenio de 1980, se han emprendido nuevas iniciativas en favor del libre comercio a escala regional basadas en los acuerdos de comercio preferencial. En virtud de esos acuerdos, los países vinculados suprimen los aranceles comerciales aplica- bles entre sí y los mantienen respecto al resto del mundo. Estos convenios se conocen con el nombre de uniones aduaneras, mercados comunes o áreas de libre comercio y son ejemplos de esta práctica la Unión Europea y los tres países de América del Norte. Otras alianzas económicas, si bien, con un menor nivel de compromiso, como la Cooperación Económica del Asia y el Pacífico (APEC), la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) también fomentan el comercio entre sus miembros.
Con todo, hay varios argumentos económicos en contra del libre comercio. Uno de ellos se refiere a los fallos de los mercados nacionales. Si un mercado interno como el del trabajo no funciona adecuadamente, la suspensión del libre comercio puede ayudar a mejorarlo o generar beneficios compensatorios en otros sectores de la economía nacional. El segundo argu- mento consiste en que un supuesto fundamental de la teoría del libre comercio, la inmovilidad del capital, ha dejado de ser cierto, de modo que la libertad de intercambio puede perjudicar a algunos países. Daly y Cobb (1994) señalan lo siguiente:
El libre flujo de capital y bienes (en lugar de sólo bienes)significa que la inversión se rige por la rentabilidad absoluta y no por la ventaja comparativa. La ausencia de un flujo libre de mano de obra reduce las oportunidades de empleo de los trabajadores del país en que no se invierte. Esta visión del mundo en que vivimos es más exacta que la asociada al principio de la ventaja comparativa, a pesar de su aplicabilidad en la época de Ricardo.
Dentro de una zona de libre comercio, los precios de los bienes que se comercializan tienden a igualarse. De acuerdo con el teorema de la igualación del precio de los factores, esta tendencia también es válida para los factores de producción, incluidos los salarios, los costes del cumplimiento de la legisla- ción y, quizás, factores externos como la contaminación atmosfé- rica. Esta teoría suscita un tercer argumento contrario al libre comercio: éste puede ejercer una presión a la baja sobre los sala- rios, la salud, la seguridad y las prácticas ecológicas, y sobre otros factores de producción, hacia los niveles más bajos de todos los países que comercian, lo que plantea una seria preocu- pación respecto de la salud y la seguridad en el trabajo.
Desde la segunda Guerra Mundial, la industria ha adquirido un carácter cada vez más internacional. Las comunicaciones y el transporte han avanzado con rapidez. La movilidad de la infor- mación y el capital es cada vez mayor. La importancia del papel desempeñado por las empresas multinacionales en la economía mundial aumenta. En este proceso, los modelos de producción se transforman, las fábricas cambian de localización y el empleo se desestabiliza. A diferencia del capital, el trabajo es relativa- mente inmóvil, tanto desde el punto de vista geográfico como en lo tocante a la cualificación. Por tanto, la reubicación industrial ha generado tensiones considerables para los trabajadores.
En este contexto, el libre comercio se ha ido ampliando de forma constante. Desde 1946, se han celebrado ocho rondas de negociaciones sobre comercio multilateral bajo los auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT). La más reciente, la Ronda de Uruguay, concluyó en 1994 con la constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los Estados miembros del GATT (y ahora de la OMC) aceptan tres principios generales: se abstienen de conceder subvenciones a la exportación (salvo en la agricultura); se abstienen de imponer cuotas unilaterales a la importación (excepto cuando las importaciones amenacen con “distorsionar el mercado”); y, si imponen nuevos aranceles o aumentan los existentes, deben reducir otros para compensar a los socios comerciales. La OMC no suprime los aranceles, pero los limita y regula. Más de 130 Estados, muchos de ellos en desarrollo o “en transición”, son miembros de esta organización. Se prevé que el número total de miembros supere los 150.
Desde el decenio de 1980, se han emprendido nuevas iniciativas en favor del libre comercio a escala regional basadas en los acuerdos de comercio preferencial. En virtud de esos acuerdos, los países vinculados suprimen los aranceles comerciales aplica- bles entre sí y los mantienen respecto al resto del mundo. Estos convenios se conocen con el nombre de uniones aduaneras, mercados comunes o áreas de libre comercio y son ejemplos de esta práctica la Unión Europea y los tres países de América del Norte. Otras alianzas económicas, si bien, con un menor nivel de compromiso, como la Cooperación Económica del Asia y el Pacífico (APEC), la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) también fomentan el comercio entre sus miembros.
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