Debido a la diversidad de situaciones históricas, jurídicas y culturales, es prácticamente imposible acuñar un concepto unitario de discapacidad, igualmente aplicable a todos los países y situaciones. Al no haber una definición común y objetiva de discapacidad, las estadísticas oficiales son con frecuencia una forma de mantener un registro de clientes y de interpretar el resultado de las medidas aplicadas, lo cual determina que la comparación internacional sea muy difícil, ya que los regímenes y condiciones varían notablemente de unos países a otros. Incluso cuando se dispone de estadísticas fiables, persiste el riesgo de que estén incluidos en ellas individuos que ya no sean discapacitados o que, tras un proceso satisfactorio de rehabilitación, ya no tiendan a considerarse a sí mismos discapacitados.
En la mayoría de los países industrializados, la definición de discapacidad está vinculada, sobre todo, al derecho a beneficiarse de medidas médicas, sociales y profesionales, a recibir protección frente a la discriminación o a percibir presta- ciones en efectivo. En consecuencia, la mayoría de las defini- ciones en uso reflejan prácticas y requisitos legales que varían de unos países a otros. En muchos casos, están vinculadas a un acto de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad.
Por efecto de factores tan variados como la reciente legislación sobre derechos humanos o los avances tecnológicos, los conceptos tradicionales de discapacidad que dieron lugar a situaciones de exclusión y segregación protegidas están perdiendo terreno. El concepto moderno de discapacidad sitúa la cuestión en la intersección entre las políticas sociales y las de empleo. La discapacidad es, por tanto, un término de relevancia social y profesional, más que médica. Requiere medidas correctoras y positivas que garanticen la igualdad de acceso y de participación, más que medidas pasivas de apoyo a la renta.
Es en cierto modo paradójico entender la discapacidad, por un lado, como algo que puede superarse con medidas positivas, y, por otro, como algo duradero que requiere medidas permanentes de protección y mejora. Una contradicción similar se plantea entre la idea de discapacidad como limitación funcional o del rendimiento personal, y como causa injustificada de exclusión y discriminación social.
En la mayoría de los países industrializados, la definición de discapacidad está vinculada, sobre todo, al derecho a beneficiarse de medidas médicas, sociales y profesionales, a recibir protección frente a la discriminación o a percibir presta- ciones en efectivo. En consecuencia, la mayoría de las defini- ciones en uso reflejan prácticas y requisitos legales que varían de unos países a otros. En muchos casos, están vinculadas a un acto de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad.
Por efecto de factores tan variados como la reciente legislación sobre derechos humanos o los avances tecnológicos, los conceptos tradicionales de discapacidad que dieron lugar a situaciones de exclusión y segregación protegidas están perdiendo terreno. El concepto moderno de discapacidad sitúa la cuestión en la intersección entre las políticas sociales y las de empleo. La discapacidad es, por tanto, un término de relevancia social y profesional, más que médica. Requiere medidas correctoras y positivas que garanticen la igualdad de acceso y de participación, más que medidas pasivas de apoyo a la renta.
Es en cierto modo paradójico entender la discapacidad, por un lado, como algo que puede superarse con medidas positivas, y, por otro, como algo duradero que requiere medidas permanentes de protección y mejora. Una contradicción similar se plantea entre la idea de discapacidad como limitación funcional o del rendimiento personal, y como causa injustificada de exclusión y discriminación social.
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