viernes, 17 de abril de 2009

Colaboración: Relaciones directas

Una de las funciones básicas de la inspección de trabajo mencionadas en el artículo 3 del Convenio nº 81 de la OIT consiste en informar y asesorar a empresas y trabajadores, que pueden recabar la opinión y solicitar la intervención de los inspectores en las cuestiones de su competencia. A través del sindicato, los trabajadores pueden formular quejas o recabar la opinión o la intervención de la inspección (por ejemplo, visitando un lugar de trabajo). Si bien los inspectores ostentan la facultad discrecional de actuar o abstenerse de actuar en la forma que estimen pertinente, las organizaciones de trabajadores tienen una cierta capacidad de iniciativa en materia de inspección.

jueves, 16 de abril de 2009

Colaboración

La colaboración se puede estructurar de diversas formas, específicamente, mediante los contactos directos o en los órganos de representación o de participación en la empresa. En algunos países se practican otras modalidades de colaboración en el ámbito regional o por departamentos, de conformidad con diversos procedimientos.

miércoles, 15 de abril de 2009

La inspección del trabajo y los trabajadores

Puesto que la principal responsabilidad cotidiana de la inspección de trabajo es la protección de los trabajadores, es imprescindible que inspectores y trabajadores mantengan una relación suma- mente estrecha. En primer lugar, todo trabajador puede acudir personalmente al inspector para plantearle sus problemas o solicitar ayuda. No obstante, lo habitual es establecer los contactos a través de los sindicatos, los delegados sindicales o los representantes de los trabajadores. Puesto que el objetivo de los sindicatos es representar y defender los intereses de los trabajadores, su presencia suele ser fundamental.

Este entramado de relaciones, cuya forma varía de un país a otro y en función de los problemas planteados, se analiza en el capítulo titulado Relaciones laborales y gestión de los recursos humanos. Es de subrayarse que en el ordenamiento internacional —Convenios nº 81 y nº 129, y el Protocolo de 1995 al Convenio nº 81— se establece el principio de colaboración con las empresas y con los propios trabajadores, al disponerse que la autoridad competente “deberá adoptar las medidas pertinentes para fomentar ( la colaboración de los funcionarios de la inspección con los empleadores y trabajadores o sus organizaciones”. Es de subrayarse igualmente que las relaciones de la inspección de trabajo con los trabajadores y las empresas no se pueden segregar del conjunto de las relaciones laborales, y que aquéllas están inevitablemente condicionadas por el hecho de que la inspección de trabajo se inserta en un sistema socioeconó mico que varía de un país a otro.

lunes, 13 de abril de 2009

Ser vicios en línea: Los sistemas abiertos

Los sistemas abiertos, que permiten a los ordenadores comunicarse entre sí en cualquier lugar del mundo constituyen cada vez más una característica habitual del medio ambiente de trabajo, eliminando la necesidad de mantener toda los datos sobre seguridad necesarios en un ordenador “interno”.
Los problemas de telecomunicación y el número limitado de terminales disponibles en los países en desarrollo limitan estos servicios fundamentalmente al mundo industrializado. El nivel de infraestructura existente; las cuestiones políticas como la seguridad, la confidencialidad y la centralización; y las peculiari- dades culturales pueden restringir gravemente el uso de los servicios en línea. Además, la complejidad del acceso y los sistemas de búsqueda limita aún mas el número de usuarios. Es muy probable que las personas interesadas sólo esporádicamente en la información carezcan de las cualificaciones suficientes en las técnicas necesarias o puedan haber olvidado por completo los procedimientos correctos de utilización. En consecuencia, son los especialistas en información cualificados los que utilizan con mayor frecuencia, los sistemas informatizados. Los profesionales de la seguridad, especialmente en el ámbito de la fábrica, casi no los utilizan. Las bases de datos en línea no se aplican en gran medida a la formación en materia de seguridad, debido al elevado coste de la conexión por minuto y usuario. No obstante, estas bases de datos son insustituibles, cuando su tamaño es tal que un CD-ROM, o incluso varios de ellos, no pueden contener todos los datos deseados.

domingo, 12 de abril de 2009

Ser vicios en línea

Las bases de datos sobre seguridad amplias a las que puede accederse a través de grandes ordenadores y se mantienen accesibles siempre que éstos estén conectados a las mismas se denominan en línea. Las organizaciones que gestionan sistemas en línea se conocen como “servidores” (Takala y cols. 1992). Hasta fecha reciente, las bases de datos en línea han constituido el único medio viable para almacenar y difundir la información mediante medios magnéticos que permiten la utilización de ordenadores y software de búsqueda, especialmente diseñado para la recupera- ción y la carga de datos (Wood, Philipp, y Colley 1988). Casi todas las personas que tiene acceso a un terminal de vídeo (o microordenador) y a una línea de telecomunicación (datos o teléfono) puede hacer uso de una base de datos en línea.
Debido a la proliferación de los servicios comerciales disponibles en línea desde principios del decenio de 1970, ha mejorado la accesibilidad a la información. Se ha estimado que en 1997 había en el mundo más de 6.000 bases de datos disponibles para la recuperación de información que cubren una amplia gama de campos y contienen más de 100 millones de referencias. Además, existen más de 2.300 fuentes en CD-ROM, incluido un número cada vez mayor de CD-ROM de textos completos.
Los servicios en línea, que comenzaron con las bases de datos bibliográficas, dependen de enormes ordenadores centrales con costes de instalación y mantenimiento elevados. A medida que aumenta el volumen de información y el número de usuarios, simplemente la actualización del sistema exige una inversión elevada.

sábado, 11 de abril de 2009

Bases de datos de valores puntuales, Bases de datos multimedia y ases de datos combinadas

Bases de datos de valores puntuales. Contienen medidas o valores numéricos tales como los límites umbral de sustancias químicas.
Bases de datos multimedia. Contienen fotografías, dibujos, gráficos, ilustraciones, sonido y vídeo (o referencias y relaciones con los mismos), así como el texto del documento. (Abeytunga y de Jonge, 1992).
Bases de datos combinadas. Están compuestas por elementos de las bases de datos descritas anteriormente.


Estas bases de datos permiten a las personas que deben efectuar una consulta acceder a la información electrónica buscada a través de dos vías: mediante la utilización de líneas telefónicas conectadas a un ordenador donde la información está almacenada, o la adquisición de un disquete o un compact disc con dicha información y su instalación en un ordenador personal.

jueves, 9 de abril de 2009

Eficacia de los derechos de información y de consulta

Aparte de ciertos aspectos específicos (como la utilización de expertos, la participación o la convocatoria de inspecciones o la protección contra las represalias) que afectan enormemente a la eficacia de los derechos de información y de consulta en materia de salud y seguridad, hay otros factores generales que deben tenerse en cuenta al respecto. En primer lugar, el tamaño de la empresa: la eficacia de los controles se reduce en las unidades pequeñas, donde los sindicatos y otras formas de representación de los trabajadores son casi inexistentes. Además, es menos probable que estos centros apliquen lo previsto en la legislación.
En segundo lugar, si los representantes en materia de seguridad están integrados en la organización sindical formal presente en el centro en cuestión, es más probable que logren las mejoras previstas en el medio ambiente de trabajo. En tercer lugar, los regímenes de información y consulta relativos a la independencia de los representantes de los trabajadores que actúan en este campo, pero, posteriormente, el éxito de los regímenes de información y consulta depende en gran medida de la opción voluntaria de ambas partes.
Por último, cabe señalar que una condición previa para una representación de los trabajadores eficaz en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo, es la sensibilización de la pobla- ción trabajadora. Para el éxito de esta forma especializada de representación de los trabajadores, es fundamental que tal nece- sidad sea percibida y valorada por éstos. Se dispone de pruebas empíricas que ponen de manifiesto la consideración por parte de los trabajadores de la salud y la seguridad como una de las cues- tiones más significativas en su vida laboral.

miércoles, 8 de abril de 2009

Legislación y usos nacionales

Por comparación, hay sistemas de relaciones laborales (p. ej., en Italia) en los que la legislación no confiere derechos de información y consulta en materia de salud y seguridad en el trabajo a los representantes de los trabajadores, aunque tales derechos suelan contemplarse en los convenios colectivos. La legislación italiana otorga a los propios trabajadores el derecho a controlar la aplicación de las normas relativas a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como el derecho a elaborar estudios y adoptar las medidas adecuadas encaminadas a salvaguardar la salud y la seguridad en el trabajo. En otros sistemas (p. ej., en el Reino Unido), para lograr la divulgación de la información sobre esta materia prevista en la legislación es necesario primero haber designado representantes de seguridad, y esto sólo es posible si existe un sindicato reconocido en la empresa. En situaciones en las que ésta no reconoce a un sindicato o suspende el reconoci- miento necesario, los derechos de información y consulta no pueden ejercerse. Estas experiencias nacionales plantean una cuestión: ¿en qué medida es eficaz la participación de los trabaja- dores en la salud y la seguridad condicionada por la adopción de disposiciones previstas en la ley? No cabe duda de que un cierto respaldo jurídico puede resultar útil, siendo el alcance óptimo de la legislación probablemente aquél que establece la elección de representantes de los trabajadores con derechos suficientemente consolidados que les permitan actuar con independencia de la dirección, y, al mismo tiempo, prevé la existencia de diversos sistemas organizativos de participación en los diferentes sectores y empresas.
En general, en los sistemas de relaciones laborales se establece legalmente que los representantes de los trabajadores sean informados y consultados en cuestiones de salud y seguridad. A los comités conjuntos compuestos por representantes de los trabaja- dores y la dirección se les asignan competencias considerables. En Francia, por ejemplo, los comités de salud, seguridad y condiciones de trabajo pueden proponer medidas preventivas: la empresa que no las acepte debe justificar detalladamente su decisión. No obstante, las pruebas empíricas demuestran que, en ocasiones, los representantes en materia de seguridad resultan más eficaces que los comités, ya que dependen en menor medida de la existencia de una relación de cooperación.
Mediante diversas formas de participación basada en la representación, los trabajadores en general disfrutan de derechos reconocidos en los Convenios y las Recomendaciones de la OIT (además, en su caso, de las directivas de la CE) antes mencio- nados, con referencia especial a las economías industrializadas de libre mercado. Los representantes de seguridad y los miembros de los comités de empresa tienen derecho a ser informados y consultados por la empresa respecto a todas las cuestiones relativas a su actividad y la mejora de las condiciones de trabajo, incluidas las de salud y seguridad. Tienen derecho a revisar todos los documentos pertinentes que la empresa está obligada a registrar en virtud de la legislación, las declaraciones al respecto y los resultados de las investigaciones efectuadas. Asimismo, pueden solicitar copias de estos documentos en caso necesario.

martes, 7 de abril de 2009

Función de los representantes de los trabajadores en la evaluación de riesgos y en la mejora del medio ambiente de trabajo: registros

El carácter activo de la consulta también se subraya en el artículo 11(3) de la Directiva marco de la CE, en el que se establece que los representantes de los trabajadores que tengan una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores “tendrán derecho a solicitar del empresario que tome las medidas adecuadas y a presentarle propuestas en ese sentido para paliar cualquier riesgo para los trabajadores y/o eliminar las fuentes de riesgo”.
La Directiva marco, con sus disposiciones sobre gestión de riesgos, aunque asigna claramente la responsabilidad a las empresas, favorece asimismo una mayor participación de los trabajadores y sus representantes en las consultas sobre estrate- gias de gestión de la salud y la seguridad. Los empresarios deben evaluar los riesgos y presentar sus sistemas de control de riesgos mediante un plan u otro tipo de declaración. En todos los casos, se espera de ellos que consulten con los trabajadores y sus repre- sentantes y cuenten con su participación en el diseño, la aplica- ción y la supervisión de estos sistemas. No obstante, es innegable que esta Directiva, al conferir derechos de participación impor- tantes a los trabajadores, ha adoptado simultáneamente un enfoque de “autoevaluación”. Otras directivas de la CE exigen, entre otras cosas, el registro de los resultados de las mediciones y los análisis y estipulan los derechos de acceso de los trabajadores
a estos registros.
Por otra parte, en el párrafo 15(2) de la Recomendación de la OIT nº 164 se establece que:
(...) debería exigirse a los empleadores que registren los datos sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo que la autoridad o autoridades competentes consideren indispensables, entre los que podrían incluirse datos sobre todos los accidentes de trabajo producidos y todos los casos de daños para la salud que sobre- vengan durante el trabajo o en relación con éste, y que se hallen sujetos a declaración; autorizaciones y exenciones en virtud de las leyes o los reglamentos en la materia, así como las condiciones a que estén sujetas tales autorizaciones y exenciones; certificados relativos al control de la salud de los trabajadores en la empresa, y datos sobre exposición a sustancias y agentes determinados.


En todo el mundo se aplica el principio general según el cual, las empresas están obligadas a llevar registros, por ejemplo, de accidentes y enfermedades profesionales, o sobre la utilización o la existencia de controles biológicos y medioambientales.

domingo, 5 de abril de 2009

Tipos de análisis económicos Análisis de costes

El análisis de costes exige la determinación, medición y valoración de las consecuencias para los recursos, de los accidentes y las enfermedades profesionales. Estas descripciones permiten definir la magnitud del problema, pero no informan a los responsables de la toma de decisiones sobre cuál de las distintas intervenciones posibles en materia de regulación del medio ambiente de trabajo es la más eficiente.
Un buen ejemplo de esta situación lo ofrece un estudio realizado en el Reino Unido sobre los costes económicos de los acci- dentes y las enfermedades relacionados con el trabajo (Davies y Teasdale 1994). En 1990, se registraron 1,6 millones de accidentes laborales y 2,2 millones de personas sufrieron enferme- dades causadas o agravadas por el medio ambiente de trabajo. Como resultado, 20.000 personas sufrieron incapacidad para trabajar y se perdieron 30 millones de jornadas laborales. La pérdida de ingresos y bienestar de las víctimas y sus familias se cifró en 5.200 millones de libras. Las pérdidas de las empresas oscilaron entre los 4.400 y los 9.400 millones de libras. Las pérdidas para la sociedad en su conjunto se situaron entre
10.900 y 16.300 millones de libras (véase la Tabla 20.3). Los autores del informe sobre el Reino Unido señalaban que, si bien el número de accidentes y enfermedades profesionales había descendido, los costes estimados eran superiores.

Los costes eran superiores a los de estudios previos debido a la revisión de las técnicas de estimación de pérdida de bienestar y a la mejora de las fuentes de información. Los datos fundamen- tales en este tipo de determinación de costes son los relativos a la epidemiología de los accidentes y las enfermedades relacionados con el trabajo. Como en las demás áreas de análisis de los costes sociales, (p. ej., los generados por el alcohol; véase McDonnell y Maynard 1985), la medición del volumen de casos suele ser defi- ciente. Algunos accidentes (¿cuántos?) no son comunicados. La vinculación entre la enfermedad y el lugar de trabajo puede ser obvia en algunos casos (p. ej., las enfermedades relacionadas con el amianto) e incierta en otros (p. ej., las cardiopatías y los factores de riesgo profesional). Por tanto, es difícil determinar el número de casos relacionados con el trabajo.
La determinación del coste de estos casos también resulta problemática. Si el estrés en el trabajo degenera en alcoholismo
y en despido del empleo, ¿cómo deben valorarse los efectos de estos acontecimientos en la vida familiar? Si un accidente en el trabajo causa daños crónicos ¿cómo deben evaluarse? Muchos costes pueden identificarse, algunos pueden medirse, pero, a menudo, una proporción considerable de los que son medidos e incluso cuantificados no pueden valorarse.
Antes de dedicar un gran esfuerzo a la evaluación de los costes de estos casos, es esencial tener claro el objetivo de esta actividad
y el valor de una gran precisión. El cálculo de los costes de los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo no facilita la adopción de decisiones sobre las inversiones para prevenir dichos casos, pues no mejora el conocimiento de los directivos sobre los costes y los beneficios de ampliar o reducir un poco una determinada actividad de prevención. La determi- nación del coste de los casos relacionados con las enfermedades profesionales permite identificar pérdidas parciales (personales, familiares y empresariales) y de la sociedad. Sin embargo, esta tarea no sirve como base para la actividad de prevención. La información adecuada para la toma de decisiones en este ámbito sólo puede obtenerse de la evaluación económica.


sábado, 4 de abril de 2009

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA SALUD • Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Las pérdidas que infringen a la sociedad los accidentes y las enfermedades relacionados con el trabajo son graves, pero ninguna sociedad puede permitirse prevenir todas estas pérdidas. Debido a la escasez de recursos, las inversiones, de cuantía limitada, deben asignarse con cuidado para obtener la máxima rentabilidad. La sola determinación de los costes de las enfermedades profesionales no facilita la orientación de la inversión. Una evaluación económica adecuada puede resultar útil si está bien diseñada y se lleva a cabo correctamente. Sus resultados pueden emplearse una vez realizada una valoración crítica de la práctica de la evaluación, para definir las opciones de inversión. La evaluación económica no puede ni debe determinar las decisiones al respecto. Estas serán resultado de la consideración de valores económicos, políticos y sociales. Como señala Fuchs (1974):
En la mayoría de nuestros principales problemas sanita rios subyacen juicios de valor. ¿Qué tipo de personas somos?
¿Qué tipo de vida queremos llevar? ¿Qué clase de sociedad queremos construir para nuestros hijos y nietos? ¿Qué importancia queremos conceder a la libertad individual? ¿Y
a la igualdad? ¿Y al progreso material? ¿Y al ámbito del espíritu? ¿Qué importancia otorgamos a nuestra propia salud? ¿Y a la de nuestro vecino? Las respuestas a estas preguntas, así como la orientación que podemos obtener de la ciencia económica, pueden y deben determinar la política de asistencia sanitaria.
La decisión de regular la minería para que disminuya el número de trabajadores fallecidos y lesionados en el trabajo, si tiene éxito, genera beneficios para la salud de la población activa. Ahora bien, esos beneficios llevan unidos unos costes. En la vida real, el aumento de los costes para mejorar la seguridad elevará los precios, reducirá las ventas en los mercados mundiales competitivos y puede inducir a las empresas a incum- plir las regulaciones. A su vez, los sindicatos y sus afiliados pueden admitir este incumplimiento por preferir una aplicación imperfecta de la legislación sobre salud y seguridad si así mejoran los ingresos y las perspectivas de empleo.
El objetivo del análisis económico en el contexto de la salud en el trabajo es facilitar la determinación de qué nivel de inversión en seguridad es eficiente. La eficiencia significa que el coste de hacer un poco más (coste marginal) para mejorar la segu- ridad igualará al beneficio (el beneficio marginal en lo que se refiere a la mejora de la salud y la seguridad deriva de la reducción de riesgos). Los aspectos económicos de la salud y la seguridad en el trabajo son fundamentales para la toma de decisiones a todas las escalas: en el centro de trabajo, en la empresa, en el sector y en la sociedad. Comportarse como si todos los riesgos para la salud de los trabajadores pudieran erra- dicarse puede resultar ineficiente. Los riesgos pueden eliminarse cuando su supresión es eficaz en relación con el coste. Algunos riesgos son poco frecuentes y su erradicación resulta demasiado cara: han de ser tolerados y, si finalmente se materializan dañando el bienestar del trabajador, deben aceptarse como sucesos desafortunados, pero eficientes. Hay un nivel óptimo de riesgo profesional por encima del cual, los costes de reducir los riesgos superan los beneficios. La inversión en seguridad más allá de este punto generará unos beneficios en materia de segu- ridad que sólo deben perseguirse si la sociedad está dispuesta a actuar en condiciones de ineficiencia económica. Esta es una decisión de política social.

viernes, 3 de abril de 2009

Conclusión: RESPONSABILIDAD RESPECTO A LOS • PRODUCTOS Y TRASLADO DE RIESGOS INDUSTRIALES

Las empresas multinacionales se encuentran en una posición privilegiada para determinar los tipos de tecnología que deben transferirse a los países de Asia, Africa, América Latina y Europa central y oriental. Las grandes empresas tienen la obligación ética y moral de aplicar con prontitud políticas globales encaminadas a eliminar la duplicidad de criterio en materia de salud pública y medio ambiente. La vida de las generaciones presentes y futuras se verá afectada radicalmente por la medida en que se transfieran tecnologías mejoradas y menos peligrosas en todo el mundo.
Por otra parte, los gobiernos tienen el deber moral de evaluar de una manera independiente y crítica los proyectos industriales y comerciales. El cumplimiento de esta función mejora con la realización de análisis basados en la investigación de las tecnolo- gías y las empresas que las utilizan. La credibilidad y la eficacia del proceso de evaluación dependerá en gran medida de su transparencia y de la participación del público en él.

Las citas de fuentes empresariales se basan en informes publicados en revistas del sector químico y en comunicaciones remi- tidas al autor.

miércoles, 1 de abril de 2009

Programas de promoción de la salud: Reducción de gastos como principal motivación

Una característica importante del contexto de los servicios de medicina del trabajo es que la actividad “principal” de la empresa no consiste en prestar asistencia médica a los trabajadores, aunque este tipo de servicios pueden contribuir de manera importante al logro de los objetivos de la organización si consiguen, por ejemplo, aumentar la eficiencia de las operaciones o reducir los gastos. En la mayoría de los casos, las actividades de promoción de la salud de los programas de asistencia a los trabajadores y los servicios de rehabilitación son desarrolladas por las empresas con la finalidad de lograr los objetivos de su organiza- ción, como una plantilla más productiva o la reducción del coste de los seguros o de las indemnizaciones a los trabajadores. Aunque la retórica empresarial ha insistido en el carácter humanitario de los programas de asistencia a los trabajadores, la razón fundamental de los mismos es el interés de las empresas por reducir los gastos, el absentismo y la pérdida de productividad asociados a los problemas de salud mental y consumo de drogas y alcohol. Estos objetivos son sustancialmente diferentes de los objetivos tradicionales de los profesionales sanitarios, ya que estos últimos tienen en cuenta tanto los intereses de la empresa como las necesidades del paciente.
Cuando las empresas financian directamente los servicios y éstos se prestan en el lugar de trabajo, los profesionales tienen necesariamente que considerar los objetivos de la empresa y la cultura que predomina en el lugar de trabajo. Los programas pueden estructurarse para que tengan un efecto en la rentabi- lidad y es posible que tenga que llegarse a un compromiso sobre los objetivos de los servicios de salud ante la necesidad real de reducir los gastos. Las acciones recomendadas por el profesional pueden verse influidas por estas consideraciones, y puede plan- tearse un dilema ético sobre la manera de alcanzar un equilibrio entre lo que sería mejor para un trabajador y lo que sería más rentable para la empresa. Cuando la principal responsabilidad del profesional es la asistencia gestionada con el objetivo de reducir los gastos, los conflictos pueden agravarse. Por este motivo, los programas de asistencia gestionada deben abordarse con precaución, para que los objetivos de la asistencia sanitaria no se vean comprometidos por el esfuerzo de limitar o reducir los gastos.
¿Qué trabajadores tienen derecho a los servicios de asistencia
a los trabajadores? ¿Qué tipo de problemas deben considerarse?
¿Debe ampliarse el programa a los familiares de los trabajadores
o a los jubilados? Muchas de estas decisiones parecen basarse no tanto en la intención expresa de mejorar el estado de salud de los trabajadores como en el límite de cobertura de las prestaciones. El personal a tiempo parcial sin derecho a prestaciones extrasalariales no suele tener acceso a los programas de asis- tencia a los trabajadores y, de este modo, la empresa se ahorra ese gasto adicional. Sin embargo, el personal a tiempo parcial también puede tener problemas que afecten a su rendimiento y productividad.
En el equilibrio entre una asistencia de calidad y la reducción de gastos, ¿quién debe decidir el nivel de calidad necesario y a qué precio: el paciente que utiliza los servicios pero que no paga por ellos o el profesional responsable del programa de asistencia de los trabajadores que no paga la factura pero cuyo trabajo puede depender del éxito del tratamiento? ¿Quién debe tomar la decisión: el prestador del servicio o el asegurador, que es al final quien lo paga?
Igualmente, ¿quién debe decidir cuándo se puede prescindir de un trabajador? Y si los costes de seguro y tratamiento dictan esa decisión, ¿cuándo es más rentable despedir a un trabajador que, por ejemplo, padece una enfermedad mental, y contratar y formar a uno nuevo? Desde luego, la función de los profesionales de la salud en el trabajo en este tipo de decisiones tiene que ser analizada más a fondo.

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