Como norma internacional más adecuada en materia de salud y seguridad en el trabajo debería desarrollarse un sistema interna- cional de seguro de indemnización para los trabajadores. Los trabajadores de todos los países tienen derecho a beneficiarse de las prestaciones básicas recogidas en la legislación sobre indemnizaciones. Las empresas deben sentirse de tal modo incentivadas para garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable de acuerdo con lo establecido en los seguros de indemnización, que resulten beneficiados los trabajadores de todos los países, con independencia de la propiedad de la empresa.
Ha de establecerse un sistema jurídico internacional que permita abordar las cuestiones relativas al medio ambiente y un mecanismo de ejecución suficientemente capaz para desalentar al más criminal de los responsables de la contaminación. En 1972, los Estados miembros de la OCDE acordaron basar sus políticas medioambientales en el principio de que “el que conta- mina, paga” (OCDE 1987). Se pretendía animar a las empresas a asumir internamente los costes medioambientales y trasladarlos a los precios de los productos. Basándose en este principio, podrían esarrollarse disposiciones sobre responsabilidad estricta en las legislaciones de todos los países, respecto a los daños a la propiedadya terceros. De este modo, los generadores de residuos serían considerados responsables, mediante la aplicación de un sistema internacional de responsabilidad estricta, de la gestión de los residuos desde su producción hasta su evacuación.
Los países en desarrollo carecen de grupos de defensa del medio ambiente amplios y bien financiados, como los que operan en los países desarrollados. El cumplimiento de la legislación requerirá la formación de personal y la prestación de apoyo por parte de los gobiernos, que, hasta hace poco, hacían tanto hincapié en la expansión industrial que la cuestión de la protec- ción del medio ambiente ni siquiera se tenía en cuenta.
Ha de establecerse un sistema jurídico internacional que permita abordar las cuestiones relativas al medio ambiente y un mecanismo de ejecución suficientemente capaz para desalentar al más criminal de los responsables de la contaminación. En 1972, los Estados miembros de la OCDE acordaron basar sus políticas medioambientales en el principio de que “el que conta- mina, paga” (OCDE 1987). Se pretendía animar a las empresas a asumir internamente los costes medioambientales y trasladarlos a los precios de los productos. Basándose en este principio, podrían esarrollarse disposiciones sobre responsabilidad estricta en las legislaciones de todos los países, respecto a los daños a la propiedadya terceros. De este modo, los generadores de residuos serían considerados responsables, mediante la aplicación de un sistema internacional de responsabilidad estricta, de la gestión de los residuos desde su producción hasta su evacuación.
Los países en desarrollo carecen de grupos de defensa del medio ambiente amplios y bien financiados, como los que operan en los países desarrollados. El cumplimiento de la legislación requerirá la formación de personal y la prestación de apoyo por parte de los gobiernos, que, hasta hace poco, hacían tanto hincapié en la expansión industrial que la cuestión de la protec- ción del medio ambiente ni siquiera se tenía en cuenta.
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