Algunas jurisdicciones utilizan el régimen de indemnización por accidentes de trabajo para cubrir a personas que no son trabajadores asalariados o para abarcar incapacidades no derivadas del empleo. Normalmente, se utiliza este mecanismo para incluir a personas sobre las cuales la Administración pública tiene alguna responsabilidad. Entre otros ejemplos, pueden citarse el de los bomberos voluntarios y el de otras personas que realizan un trabajo voluntario de naturaleza gratuita. Son ejemplos menos comunes los de los presos, estudiantes y alumnos en edad escolar. En algunas jurisdicciones, la cobertura se aplica a quienes han sufrido un accidente mientras actuaban en interés público tratando de salvar la vida de alguien en peligro o de prevenir un delito. La cobertura de todos estos grupos, cuando se aplica, se financia generalmente con fondos públicos.
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