Empresas

En todos los convenios internacionales de trabajo recientemente suscritos en el campo de la salud y seguridad en el trabajo se confía la supervisión de su aplicación a unos servicios de inspección adecuados. En la sección dedicada a la “Inspección de trabajo” en este mismo artículo se aborda esta cuestión en mayor profundidad. No obstante, la cuestión de si los inspectores de trabajo pueden iniciar actuaciones legales por sí mismos, si han de acudir a sus superiores jerárquicos o si deben trasladar la cuestión a otra instancia, como el ministerio público, reviste particular importancia en este sentido. Diversas estadísticas indican que el número de actuaciones incoadas es muy bajo en relación con la frecuencia de las infracciones.

Fabricantes y proveedores

Además de atribuir obligaciones específicas a los fabricantes y proveedores, en la legislación aplicable a la salud y seguridad en el trabajo se suele prever igualmente la imposición de sanciones a los infractores. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, el Francia, el Reino Unido, Dinamarca y Suecia. En algunos países, las sanciones consisten en multas. Esta es la situación imperante en el Reino Unido, excepto en los casos de incumplimiento de una prohibición expresa. En otros países, como Francia y Venezuela, los reincidentes en la infracción pueden ser condenados a penas privativas de libertad. Existe un tercer grupo de países en los que los infractores primarios pueden ser condenados indistintamente al pago de multas o a penas de prisión. Esta posibilidad se prevé en el artículo 1 del capítulo 8 de la Ley sueca del medio ambiente de trabajo, de 1978.

La prevención de la distribución de maquinaria o de sustancias que no satisfagan las normas de salud y seguridad debe constituir uno de los objetivos centrales de la política ejecutiva dirigida a los fabricantes y proveedores. Esta filosofía ha quedado reflejada en algunas normas legales, como el Código de Trabajo francés, en el que se prevé la posibilidad de recurrir

a un procedimiento de urgencia para paralizar la comercialización de sustancias peligrosas o el uso de maquinaria poco segura. En dicho cuerpo legal se prevé, incluso, la posibilidad de rescindir las transacciones de compraventa o de arrendamiento de que haya sido objeto algún equipo inseguro.

Otras lecturas recomendadas*

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* Estas lecturas no pretenden ser una lista actualizada de referencias y recursos electrónicos.

Final de

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Promoción de actividades de eficacia cuestionable

A pesar de los numerosos partidarios de la promoción de la salud en el lugar de trabajo, los datos científicos que existen para evaluar estas intervenciones son limitados. La profesión en su conjunto no se ha planteado todavía los aspectos éticos de las actividades de promoción que carecen de un sólido respaldo cien- tífico o de las decisiones de prestar los servicios que producen más beneficios en lugar de los que tienen un efecto demostrado. Irónicamente, los programas actuales se basan en evidencias poco fundadas sobre el aumento de la productividad o la reduc- ción de los costes, el absentismo, los gastos de asistencia sanitaria

y la rotación de los trabajadores. Los estudios están mal diseñados y rara vez incluyen grupos de referencia o un seguimiento a largo plazo. Los pocos que cumplen las normas del rigor científico han aportado escasas evidencias de una rentabilidad positiva de la inversión en estos programas.

Explotación por el cliente

En algunas ocasiones, el profesional puede ver claramente que los trabajadores están intentando aprovecharse indebidamente de los servicios prestados por una empresa, por la entidad aseguradora o por el sistema de indemnizaciones. Es posible que se encuentre con problemas como demandas de rehabilitación poco realistas o simulación de una enfermedad para obtener prestaciones económicas. Los métodos para enfrentarse a comportamientos de ese tipo y adoptar las medidas oportunas deben sopesarse frente a las realidades clínicas como, por ejemplo, las reacciones psicológicas ante la discapacidad.

Exploración selectiva y pruebas para detectar el consumo de drogas

Las pruebas para la detección del consumo de drogas se han convertido en el aspecto más conflictivo de los reglamentos e interpretaciones legales y no ha podido demostrarse que constituyan una vía eficaz para el tratamiento o la prevención de dicho consumo. El reciente informe del National Research Institute

(O’Brien l993) ha concluido que las pruebas para la detección del consumo de drogas no son medidas disuasorias para evitar el abuso de alcohol y drogas. Otras evidencias sugieren que tampoco tienen un efecto significativo en el rendimiento laboral. Un resultado positivo en una de estas pruebas puede revelar mucho sobre el estilo de vida de un trabajador, pero nada sobre su nivel de aptitud o inaptitud para desempeñar su trabajo.
Las pruebas para la detección del consumo de drogas se han considerado el filo del arma que las empresas pueden utilizar para deshacerse de todos los trabajadores menos los más invulnerables, los más resistentes. El problema radica en decidir hasta dónde puede llegar la empresa. ¿Puede someter a sus trabaja- dores a pruebas para detectar conductas compulsivas como ludopatía u otros trastornos mentales, como la depresión?
Existe también el temor a que las empresas puedan utilizar la exploración selectiva para identificar rasgos poco deseables
(como predisposición a enfermedades cardiovasculares o lesiones de espalda) y tomar decisiones sobre el personal basándose en dicha información. En la actualidad, esta práctica parece limi- tarse a la cobertura de seguro médico, pero, ¿cuánto tiempo podrán resistir esta tentación las empresas que intentan reducir sus gastos?
La práctica promovida por el gobierno de realizar una explo- ración selectiva a los trabajadores para detectar el consumo de drogas, y la futura posibilidad de que se intenten detectar genes defectuosos y categorías enteras de trabajadores queden excluidos de la cobertura del seguro médico resucitan el antiguo supuesto de que las características de los trabajadores, y no las del trabajo, explican las discapacidades y disfunciones, justifi- cando así que los trabajadores tengan que soportar los costes sociales y económicos. Esto nos vuelve a situar en una perspec- tiva en la que los factores basados en el individuo, y no en el trabajo, se convierten en el centro de atención de las actividades de promoción de la salud.