Salud y desarrollo (I)

Existe una estrecha relación entre salud, desarrollo y medio ambiente. Puede considerarse que, en ciertas circunstancias, la adopción de medidas de desarrollo incontroladas y agresivas encaminadas únicamente a fomentar la expansión económica afecta negativamente a la salud. Sin embargo, suele existir una relación positiva sólida entre la situación económica de un país y el estado de salud de su población, indicado por la esperanza de vida.
A pesar de esta vinculación positiva entre desarrollo y salud, aún no se ha reconocido convenientemente que la salud es una fuerza generadora de desarrollo. Debe admitirse que la salud es algo más que un producto de consumo. La inversión en este campo mejora el capital humano de la sociedad. A diferencia de las carreteras y los puentes, cuyos valores de inversión disminuyen con el tiempo debido al deterioro, el rendimiento de los fondos dedicados a la salud pueden reportar amplios beneficios sociales durante la vida de las personas beneficiarias y la de sus descendientes. Hay que asumir que los daños para la salud que sufra un trabajador tendrán probablemente un efecto adverso sobre su rendimiento laboral, lo que resulta de especial interés para los Estados inmersos en procesos de rápido desarrollo. Por ejemplo, se estima que las deficiencias de la salud en el trabajo y la reducción de la capacidad laboral de los trabajadores puede provocar pérdidas económicas de entre el 10 y el 20 % del producto nacional bruto (PNB). Por otra parte, el Banco Mundial estima que dos tercios de los años de vida modificados por una discapacidad determinada por el trabajo (DALYS) podrían evitarse mediante la aplicación de programas de salud y seguridad en el trabajo. En este sentido, la prestación de un servicio de salud en el trabajo no debe considerarse un gasto nacional que ha de evitarse, sino una inversión necesaria para el desarrollo y la economía del país.

Historia reciente de los códigos en algunas profesiones (I)

En las culturas occidentales, los debates sobre ética médica se remontan a Sócrates (470–399 a.C.), Platón (427–347 a.C.) y Aris- tóteles (384–322 a.C.) (Johnson 1965). Desde entonces, se han desarrollado numerosos códigos que se someten a revisiones periódicas para responder a los nuevos problemas que van surgiendo como resultado de, por ejemplo, cambios en las escalas de valores o, más recientemente, los avances tecnológicos (Declaración de Helsinki 1975; Comité Especial sobre Etica Médica 1984; Russel y Westrin 1992). Desde el decenio de 1960, muchas otras profesiones han desarrollado códigos para sus asociaciones

profesionales. De hecho, la elaboración de códigos profesionales se ha convertido en una práctica común desde el decenio de 1980. La American Association for the Advancement of Science (AAAS) ha sido la principal promotora de este movimiento. Bajo los auspicios de su Comité para la Libertad y la Responsabilidad Científica, la AAAS inició un proyecto de ética profesional para estudiar las características y las actividades asociadas con los códigos en las profesiones relacionadas con la ciencia y la ingeniería. El informe resultante de este estudio renovó el interés por los debates sobre el desarrollo y la revisión de los códigos en muchas profesiones (Chalk, Frankel y Chafer 1980).
Desde hace mucho tiempo, las profesiones sanitarias y asistenciales han mantenido debates sobre los conflictos éticos originados por la naturaleza de sus aspiraciones profesionales. Sin embargo, los códigos resultantes se han centrado principalmente en la relación entre médico y paciente y en los problemas de la confidencialidad. En los últimos tiempos y probablemente como consecuencia de los avances en el campo de la investigación médica aplicada, los códigos han ampliado su ámbito para abarcar temas como las relaciones entre el investigador y el paciente. La investigación basada en la población ha motivado la incorporación de códigos que abordan los problemas de relación entre investigador y población con la ayuda de otras disciplinas como la sociología, la antropología y la estadística.

Formación ética

Hay que tener en cuenta que existen dos escuelas de pensamiento para la formación ética: una de ellas se basa en un enfoque inspirado en principios; la otra se basa en casos y se llama también casuística. El autor de este artículo opina que el equilibrio entre estas dos escuelas es esencial para el éxito de la formación ética profesional, aunque esta opinión todavía no se ha contrastado (Soskolne 1991/92). No obstante, se sabe que la aplicación del estudio de casos a la ética tiene un papel muy importante en el proceso educativo. Los casos proporcionan el contexto para la aplicación de los principios.
Puesto que la enseñanza universitaria de la ética profesional se considera cada vez más importante para que los estudiantes adquieran consciencia de los valores, los principios éticos y el código de conducta de una profesión, lo ideal sería que el código de dicha profesión incluyera un plan de estudios; de esta forma, se facilitaría la formación de los alumnos que desean ejercer dicha profesión. Esta necesidad se puso de manifiesto en una reciente encuesta que identificó irregularidades y limitaciones en los aspectos éticos de los planes de estudios universitarios en Estados Unidos (Swazey, Anderson y Seashore 1993).

Salud en el trabajo y desarrollo nacional

Es útil considerar la salud en el trabajo en el contexto del desarrollo nacional, puesto que ambos conceptos están íntimamente relacionados. Todas las naciones desean alcanzar un estado de desarrollo avanzado, pero son los países en desarrollo los que con más ansiedad (casi con exigencia) desean lograr este objetivo. La mayoría de las veces, las ventajas económicas que reporta su consecución son las más buscadas. No obstante, se acepta común- mente que el auténtico desarrollo tiene un significado más amplio y engloba el proceso de mejora de la calidad de la vida humana, lo que incluye a su vez aspectos de progreso económico, mejora de la autoestima y aumento de la libertad de elección de las personas. A continuación se analiza la repercusión de este desarrollo en la salud de la población activa, es decir, la relación entre desarrollo y salud en el trabajo.
Aunque el producto interior bruto (PIB) apenas ha variado en el mundo en el período de 1965-1989, en los países en desarrollo se ha registrado un aumento casi diez veces mayor. Ahora bien, este rápido crecimiento económico debe contemplarse en un contexto de pobreza generalizada. En estos países habita un 75 % de la población mundial, pero sólo se genera un 15 % del producto interior mundial. En Asia, como ejemplo caracterís- tico, todos los países menos Japón se clasifican como parte del mundo en desarrollo. Sin embargo, debe reconocerse que su desarrollo no es uniforme, ni siquiera en el caso de los países asiáticos. Por ejemplo, Estados como Singapur, República de Corea, Hong, Kong y Taiwan (China) se agrupan actualmente bajo la denominación de países de reciente industrialización (NICs). A pesar de su arbitrariedad, esta clasificación refleja el paso por una etapa de transición de la condición de país en desarrollo a la de país industrializado. En cualquier caso, hay que admitir que no existen criterios inequívocos para definir un NIC. Algunas de sus características comunes más destacadas son la obtención de tasas de crecimiento elevadas y sostenidas, la reducción de las desigualdades de renta, el desempeño de un papel activo por parte de la Administración, una presión fiscal moderada, un Estado del bienestar subdesarrollado, una alta tasa de ahorro y la orientación de la economía a la exportación.

¿Por qué formación y educación?

La tecnología, la aplicación y la formación (lo que los ingleses denominan “la triple E: engineering, enforcement y education”) son las principales herramientas necesarias para alcanzar los objetivos de reducción del número de lesiones y enfermedades profesionales y de fomento de la seguridad y la salud en el trabajo. Las tres son interdependientes y alcanzan diferentes niveles de importancia en el marco de los distintos sistemas nacionales. El objetivo global de la formación y la educación es mejorar la sensibilización respecto de los peligros para la salud y la seguridad, aumentar el conocimiento de las causas de las enfermedades y lesiones profesionales, y fomentar la aplicación de medidas preventivas eficaces. No obstante, el fin específico y el fomento de la formación variarán en función de los destinatarios.

TENDENCIAS DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LOS PAISES EN DESARROLLO (II)

La OMS reconoce la existencia de una relación biunívoca entre trabajo y salud, como se expresa gráficamente en la Figura 20.2). El primero puede tener un efecto perjudicial o beneficioso sobre la segunda, mientras que el estado de salud de los trabajadores repercute en el trabajo y la productividad.
Un trabajador sano contribuye positivamente a mejorar la productividad y la calidad de los productos, así como la motivación y la satisfacción en el puesto de trabajo; de este modo, contribuye a la optimización general de la calidad de vida de las personas y de la sociedad, lo que convierte a la salud en el trabajo en un objetivo importante de las políticas de desarrollo nacional. Para alcanzar esta meta, la OMS ha propuesto recientemente una Estrategia global sobre salud en el trabajo para todos
(OMS 1995), en la que se definen los diez objetivos prioritarios siguientes:

• consolidación de las políticas nacionales e internacionales relativas a la salud en el trabajo y desarrollo de los instrumentos políticos necesarios;
• desarrollo de un medio ambiente de trabajo saludable;
• desarrollo de prácticas de trabajo saludables y promoción de la salud en el trabajo;
• consolidación de los servicios de salud en el trabajo;
• creación de servicios de apoyo a la salud en el trabajo;
• elaboración de normas sobre salud en el trabajo basadas en una evaluación de riesgos científica;
• desarrollo de recursos humanos para la salud en el trabajo;
• establecimiento de sistemas de datos y registro, desarrollo de servicios de información para expertos, transmisión de datos eficaz y fomento de la sensibilización de la población mediante la información pública;
• promoción de la investigación;
• desarrollo de la colaboración en materia de salud en el trabajo con otras actividades y servicios.

Reconocimiento jurídico de los discapacitados

En muchas circunscripciones, las definiciones de discapacidad están vinculadas al acto administrativo de su reconocimiento. Este reconocimiento de una persona como discapacitada se convierte en el requisito para que pueda reivindicar apoyo por una limitación física o mental o litigar al amparo de una legislación antidiscriminatoria. Tal apoyo puede incluir medidas de rehabilitación, actividades de educación especial o de formación de reconversión, privilegios para obtener y conservar un puesto de trabajo, garantías de subsistencia a través de la renta, pagos compensatorios, ayudas a la movilidad, etc.
En todos los casos en los que se aplica una disposición legal para compensar por las desventajas o para prevenirlas, se plantea la necesidad de aclarar quién puede acogerse a ella, ya se trate de prestaciones, servicios o medidas de protección. De lo anterior se deduce que la definición de discapacidad está condi- cionada por el tipo de servicio o de normativa que se ofrece. De este modo, prácticamente todas las definiciones de discapacidad existentes reflejan un ordenamiento jurídico del que extraen su significado. Ser reconocido como discapacitado significa cumplir las condiciones establecidas para beneficiarse de las posibilidades que ofrece tal sistema. Esas condiciones, sin embargo, pueden variar según los ámbitos y programas y, en consecuencia, es posible que coexistan muchas definiciones dife- rentes en un solo país.
Los países en los que, como Alemania y Francia, se ha estable- cido un régimen que prevé cuotas o la imposición de multas para garantizar el acceso de las personas discapacitadas a las oportunidades de empleo ofrecen pruebas adicionales de que la realidad jurídica de cada nación determina la definición de discapacidad. Puede demostrarse que con este tipo de normativa aumenta radicalmente el número de trabajadores “discapaci- tados”. Tal aumento sólo puede explicarse por el hecho de que algunos trabajadores ¾a menudo por recomendación de los empresarios¾, que en ausencia de este tipo de legislación nunca se habrían considerado a sí mismos discapacitados, se registran como tales. Por supuesto, tampoco habían sido registrados nunca estadísticamente como discapacitados.
Otra diferencia jurídica entre los países es la referente al trata- miento de la discapacidad como estado temporal o como estado permanente. En algunos países que ofrecen a las personas disca- pacitadas ventajas o privilegios específicos, éstos se limitan al período de duración de una desventaja reconocida. Si la desventaja se subsana mediante acciones correctoras, se pierden los privilegios, independientemente de que subsistan o no los hechos médicos (p. ej., la pérdida de un ojo o un miembro). Así, un individuo que ha completado con éxito un proceso de rehabilitación tras el cual ha podido recuperar capacidades funcionales perdidas puede quedar privado de sus derechos a prestaciones por discapacidad o, incluso, excluido del plan de prestaciones.
En otros países, se ofrecen privilegios duraderos para compensar desventajas reales o hipotéticas. Esta práctica ha dado lugar al desarrollo de una categoría de discapacidad legalmente reconocida que implica elementos de “discriminación positiva”. Tales privilegios suelen aplicarse incluso a quienes ya no los necesitan realmente porque están social y económica- mente bien integrados.