Estas presunciones tienen dos consecuencia:

Las empresas y los discapacitados se encuentran todavía sepa rados por un laberinto de servicios prestados con las mejores intenciones, pero generalmente fragmentarios y mal coordinados, en los que el éxito raras veces se mide por el grado de satisfacción de las empresas. Los discapacitados y las empresas se encuentran igualmente privados de toda influencia efectiva sobre la elaboración de las políticas, pues es muy raro que se les pida que evalúen los servicios desde su perspectiva particular y que propongan soluciones.