En los países desarrollados, las empresas ofrecen empleo, pagan impuestos con los que se financian los servicios comunitarios y se someten a la legislación vigente en materia de medio ambiente y salud en el trabajo. A medida que los Estados industrializados promulgan leyes con el fin de limitar los riesgos medioambientales asociados a muchas operaciones industriales, los costes de producción aumentan y socavan las ventajas competitivas. Para superar este problema, los fabricantes trasladan muchos de sus centros de producción peligrosos a países de reciente industrialización. Allí son acogidos favorablemente, ya que la creación de infraestructuras en muchos de estos NIC depende de la expansión industrial de las empresas extranjeras.
Cuando la industria se traslada a los países en desarrollo, las empresas no sólo aprovechan el menor coste salarial, sino también los bajos tipos impositivos habituales en comunidades que no dedican grandes fondos a servicios como sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de agua, centros educativos y medios de transporte públicos. Cuando las empresas esta- blecen fábricas en países en desarrollo, la carga fiscal que soportan es una proporción mínima de la que tendrían que soportar en los países más desarrollados.
Cuando la industria se traslada a los países en desarrollo, las empresas no sólo aprovechan el menor coste salarial, sino también los bajos tipos impositivos habituales en comunidades que no dedican grandes fondos a servicios como sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de agua, centros educativos y medios de transporte públicos. Cuando las empresas esta- blecen fábricas en países en desarrollo, la carga fiscal que soportan es una proporción mínima de la que tendrían que soportar en los países más desarrollados.
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