Trabajadores por cuenta propia (trabajadores autónomos): Regímenes especiales

Algunas jurisdicciones cuentan con un régimen separado para algún sector concreto, como el de la marina mercante, las fuerzas armadas o el servicio público. En los países de estructura federal, el gobierno federal establece a veces un régimen especial para determinados sectores, mientras que las administraciones públicas estatales o provinciales ofrecen el régimen general.

Trabajadores por cuenta propia (trabajadores autónomos): Ampliaciones

Algunas jurisdicciones utilizan el régimen de indemnización por accidentes de trabajo para cubrir a personas que no son trabajadores asalariados o para abarcar incapacidades no derivadas del empleo. Normalmente, se utiliza este mecanismo para incluir a personas sobre las cuales la Administración pública tiene alguna responsabilidad. Entre otros ejemplos, pueden citarse el de los bomberos voluntarios y el de otras personas que realizan un trabajo voluntario de naturaleza gratuita. Son ejemplos menos comunes los de los presos, estudiantes y alumnos en edad escolar. En algunas jurisdicciones, la cobertura se aplica a quienes han sufrido un accidente mientras actuaban en interés público tratando de salvar la vida de alguien en peligro o de prevenir un delito. La cobertura de todos estos grupos, cuando se aplica, se financia generalmente con fondos públicos.

Trabajadores por cuenta propia (trabajadores autónomos)

Esta expresión se utiliza para designar a quienes realizan un trabajo como medio de vida, pero sin ser empresario ni traba- jador por cuenta ajena, propiamente dicho.
Los trabajadores por cuenta propia se hallan en una de las situaciones siguientes:

• están incluidos en la cobertura obligatoria;
• están excluidos de la cobertura obligatoria, pero pueden acceder a ella, previa solicitud;
• están totalmente excluidos.

En algunas jurisdicciones, las personas que se consideran trabajadores por cuenta propia a otros efectos son tratadas como trabajadores asalariados a efectos de la indemnización por accidentes de trabajo. Por ejemplo, algunas jurisdicciones consideran como trabajadores asalariados y afectados por la cobertura a los empresarios dedicados al comercio del pescado, sin perjuicio de que a otros efectos tengan la consideración de trabajadores asalariados.
La distinción entre trabajadores asalariados y autónomos (por cuenta propia) es con frecuencia discutible, dado el interés que el empresario o el trabajador pueden tener para considerar su rela- ción como no laboral. Si se considera que en estos casos no se trata de trabajadores asalariados, ambas partes estarían exentas de contribuir a diferentes fondos públicos y el empresario podría obviar el cumplimiento de determinadas obligaciones empresariales. Por ello es frecuente que una relación que obviamente es laboral en esencia, se formalice documentalmente como no laboral. Dar a esta formalización validez supone contravenir la norma que establece la inclusión obligatoria. El hecho de que una persona preste servicios para otra de forma exclusiva o casi exclusivamente constituye prueba evidente de que la relación es laboral. De igual forma, cuando un contrato se ha firmado con la intención de que la relación no se considere laboral, se está en la mayoría de las ocasiones ante una prueba evidente de que la relación tiene la naturaleza jurídica de laboral.

Evolución del mundo del trabajo Parte 3

En Africa, el decenio de 1980 se han calificado de década pérdida. La renta por habitante descendió una media anual del 2,4 % en la región subsahariana. Casi el 50 % de la población urbana y el 80 % de la rural viven en condiciones de pobreza. El sector informal actúa como una esponja que absorbe el “exceso” de población activa de las ciudades. En esa misma región, en la que las mujeres producen hasta el 80 % de los alimentos para el consumo local, sólo el 8 % de ellas son propietarias de la tierra que trabajan (OIT 1991).
La reestructuración económica, la privatización y la democratización han afectado gravemente al empleo de las mujeres en Europa oriental. A pesar de que desempeñaban trabajos penosos con menos remuneración que los hombres y tenían que asumir responsabilidades familiares no compartidas por sus cónyuges y sufrir la limitación de libertad política, las mujeres tenían un empleo seguro y prestaciones públicas de seguridad social, permiso de maternidad y servicios de atención a los hijos. El encubierto avance actual de la discriminación por razón del sexo, junto con los argumentos de mercado en contra del gasto social, han convertido a las mujeres en trabajadores reemplaza- bles y menos solicitados. De forma paralela a la reducción de los ámbitos de trabajo social y sanitario, donde la presencia de mujeres es mayoritaria, muchas profesionales competentes pierden su empleo.
El desempleo es un factor importante de desorganización en la vida de los trabajadores, que no amenaza sólo su sustento, sino también sus relaciones sociales, su autoestima y su salud mental. Estudios recientes han puesto de manifiesto que no sólo la salud mental sino también la física pueden estar amenazadas, ya que el desempleo puede tener efectos inmunodepresores que aumentan el riesgo de enfermedad.
Nos acercamos al siglo XXI inmersos en una crisis de valores, en la que se concede prioridad al interés individual sobre el público. ¿Vamos a crear un mundo basado en una competencia sin freno, donde sólo importa ganar y cuyo único criterio es el resultado? ¿Un mundo en el que la limpieza étnica triunfe? O, por el contrario, ¿vamos a crear un mundo de interdepen- dencia, cuyos objetivos sean el crecimiento, la justicia distribu- tiva y el respeto de la dignidad humana? En las conferencias mundiales de las Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990, el mundo contrajo compromisos clave para la protección y la renovación del medio ambiente, sobre políticas demográficas éticas y equitativas, para la protección y la alimentación de todos los niños, para la asignación al desarrollo social del 20 % de los fondos internacionales de desarrollo y el 20 % de los presupuestos de los países en desarrollo, para la ampliación y la aplicación de los derechos humanos, la igualdad entre ambos sexos y la eliminación de la amenaza de catástrofe nuclear. Estos convenios constituyen una orientación moral. La inquietante cuestión que queda por resolver es si existe la voluntad política necesaria para alcanzar estos objetivos.

Evolución del mundo del trabajo Parte 2

En un documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud elaborado para la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer (1994) se afirma lo siguiente:

La lucha por el acceso a los mercados conlleva un aumento de los riesgos para la salud de millones de produc- tores. En un contexto altamente competitivo en el que se concede prioridad a la producción de bienes baratos y comercializables, las empresas tratan de reducir al mínimo sus costes aumentando las jornadas de trabajo y suprimiendo normas de seguridad que resultan onerosas. En muchos casos, las empresas tienen la oportunidad de reubicar sus unidades de producción en países en desarrollo donde los controles pueden resultar menos estrictos. Las mujeres suelen formar parte de los grupos de trabajadores peor remunerados. Las consecuencias más extremas para la salud pueden comprobarse en las tragedias en las que decenas de trabajadores pierden la vida en incendios en fábricas, debido a las inadecuadas normas de seguridad y a las condiciones de trabajo deficientes.
Además, unos 70 millones de personas, en su mayoría de los países en desarrollo, son trabajadores migrantes privados del apoyo familiar. El valor de las remesas en efectivo de estos traba- jadores ascendió en 1989 a 66.000 millones de dólares, una cantidad muy superior a la dedicada a la ayuda internacional para el desarrollo (46 millones de dólares) y superada sólo por el petróleo en cuanto a valor comercial mundial. Entre las prósperas provincias costeras de China, se estima que, sólo en la de Guangdong viven más de 10 millones de inmigrantes. En toda Asia, la proporción de mujeres es mayoritaria en los lugares de trabajo no regulados y carentes de presencia sindical. En la India, (que, al parecer, ha recibido de las instituciones financieras internacionales más de 40.000 millones de dólares en préstamos para el desarrollo), el 94 % de las trabajadoras desem- peñan su actividad en el sector informal.
Detrás del milagro del crecimiento económico exponencial del sureste de Asia, se encuentra el trabajo en el sector de la exportación de mujeres jóvenes, dóciles y capaces, que ganan de 1,50 a 2,50 dólares al día, en torno a una tercera parte del salario base. En algunos países, hay operadoras de ordenadores que tienen formación universitaria y ganan 150 dólares al mes. En Asia y América Latina, el flujo de personas a los centros urbanos ha dado lugar a la formación de grandes barrios de chabolas, en los que millones de niños sin escolarizar viven y trabajan en condiciones precarias. Actualmente, más de
90 países en desarrollo tratan de moderar el ritmo de esta concentración urbana. Tailandia, en un intento de frenar o invertir el proceso, ha puesto en marcha una iniciativa de desa- rrollo rural para que los jóvenes se queden o vuelvan a sus comunidades, en algunos casos para trabajar en fábricas coope- rativas cuyo trabajo beneficia a esos jóvenes y a toda la comunidad.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) ha señalado que las estrategias de modernización han destruido en muchos casos las bases económicas que permitían a las mujeres el desarrollo de actividades comerciales, artesanales y agrarias, sin alterar el contexto sociocultural (por ejemplo, el acceso al crédito) que les impide aprovechar otras oportunidades (FNUAP 1993). En América Latina y el Caribe, la crisis económica y las políticas de ajuste estructural del decenio de 1980 dieron lugar a recortes importantes en los servicios sociales y en el sector sani- tario, que atendían y daban empleo a las mujeres, así como a la reducción de las subvenciones para alimentación básica, y al cobro a los usuarios por muchos servicios prestados anteriormente por el sector público, como parte del desarrollo y la satis- facción de las necesidades humanas básicas. A finales del decenio de 1980, el 31 % del total del empleo no agrario se encontraba en el sector informal precario.

Evolución del mundo del trabajo Parte 1

De 1970 a 1990, los países más poderosos económicamente, miembros del G-7, (excepto Japón y Alemania) experimentaron un proceso de desindustrialización, caracterizado por una disminución del empleo en las actividades manufactureras y la implan- tación de una economía de servicios postindustrial. Asimismo, este período coincidió con el auge del estado del bienestar. Al final del mismo, los servicios en general (incluidos los relacionados con las manufacturas) absorbían de dos tercios a tres cuartos del empleo total. Salvo en Japón e Italia, el empleo en los servicios sociales representaba entre un cuarto y un tercio del empleo total. Estas dos tendencias generaron una demanda sin precedentes de trabajadoras, que se habían beneficiado de la mejora de las oportunidades educativas. El signo de los tiempos, favorable a la defensa de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, contribuyó también al inicio de la integración de otros trabajadores “no favorecidos” (por ejemplo, personas con discapacidades, minorías) (Castells y Oayama 1994).
Actualmente, el mundo del trabajo experimenta una transformación radical caracterizada por la mundialización, las absorciones y fusiones, la creación de empresas conjuntas, la reubicación, la desregulación, la privatización, la informatiza- ción, la proliferación de tecnologías, los ajustes estructurales, el redimensionamiento, la subcontratación externa y el cambio de las economías planificadas por economías de mercado. Estas transformaciones y una reingeniería global han alterado la escala, la naturaleza, la localización, los medios y los procesos de producción y comunicación, así como la organización y las rela- ciones sociales en los lugares de trabajo. A principios del decenio de 1990, la revolución tecnológica del tratamiento de la infor- mación y las comunicaciones, la biotecnología y la automatiza- ción del procesamiento de materiales se había generalizado, modificando, ampliando o reduciendo el esfuerzo humano y generando un crecimiento “eficiente” sin aumento de empleo. En 1990, había al menos 35.000 empresas multinacionales con
150.000 filiales en el extranjero. Unos 7 millones de personas de los 22 a los que dan empleo trabajan en los países en desarrollo. En la actualidad, estas empresas absorben el 60 % del comercio mundial (se trata en gran parte de un comercio interno con las filiales).

Función de la inspección: La esfera económica

Las cuestiones sociales están íntimamente vinculadas a las económicas. Gracias a los contactos que mantiene con el mundo del trabajo y a la información que recoge durante el desempeño de sus tareas, el servicio de inspección de trabajo posee un gran volumen de datos de naturaleza social (salud y seguridad en el trabajo, situación de la mujer trabajadora y de los trabajadores jóvenes, estado de las relaciones laborales, negociación y firma de convenios colectivos, etc.) o económica (número de empresas, dimensión de las plantillas, horas de trabajo realizadas, salario medio en cada sector económico, distribución de la demanda de trabajadores cualificados, por sectores o por áreas geográficas, etcétera).
No resulta, pues, sorprendente que las autoridades de muchos países hayan decidido aprovechar una fuente tan valiosa de información, principalmente en la elaboración de sus planes de desarrollo. Ciertamente, la inspección de trabajo, objetiva y rigurosa por su propia naturaleza, es capaz de suministrar la información necesaria y así contribuir al desarrollo y la administración del país.