Formación de miembros de comités y delegados de prevención

La formación de mayor duración y complejidad recomendada para los representantes de los comités y los delegados de seguridad suele impartirse en centros de formación especializados, universidades o instalaciones de empresas. Cada vez se emprenden más iniciativas para establecer normas que regulen la formación y certificación de los trabajadores que deben actuar en áreas peligrosas, como la retirada del amianto o el manejo de residuos peligrosos. Estos cursos suelen incluir clases teóricas y prácticas, en las que se simula la acción real, y requieren instalaciones y equipos especiales.
Las entidades responsables de impartir los programas dentro y fuera del lugar de trabajo a los trabajadores y los representantes de los comités de seguridad son los organismos públicos, las organizaciones tripartitas como la OIT u órganos análogos nacionales o subnacionales, las asociaciones empresariales y sindicatos, las universidades, asociaciones profesionales y consultores de formación privados. Muchos gobiernos destinan fondos al desarrollo de programas de formación y educación sobre salud y seguridad dirigidos a sectores o peligros concretos.

Sindicatos

Según la definición clásica, un sindicato es “una asociación continua de asalariados cuyo objetivo es mantener y mejorar las condiciones de su empleo” (Webb y Webb 1920). Los orígenes de los sindicatos se remontan a los primeros intentos de organizar la acción colectiva al comienzo de la Revolución Industrial. No obstante, en su concepción moderna, los sindicatos surgieron en la última parte del siglo XIX, cuando los Gobiernos comenzaron a concederles el derecho jurídico a constituirse (anteriormente, se habían considerado asociaciones ilícitas, perjudiciales para la libertad de comercio o como grupos políticos al margen de la ley).

Los sindicatos son resultado de la convicción de que sólo aunando esfuerzos los trabajadores pueden mejorar su situación. Los derechos sindicales se obtuvieron gracias a la lucha económica y política basada en la consideración del sacrificio individual a corto plazo por causa del beneficio colectivo a largo plazo. Los sindicatos han desempeñado con frecuencia un papel importante en la política de los países y han influido en la evolución del ámbito laboral a escala regional e internacional. No obstante, en los últimos años, tras haber registrado una caída en el número de afiliados en varios países (América del Norte y ciertas áreas de Europa), su función se ha puesto en tela de juicio en numerosas instancias (véase la Figura 21.2). Esta tendencia se combina con ciertas áreas de crecimiento de la afiliación en el servicio público de muchos países y la aparición de nuevos sindi- catos en lugares donde no existían o actuaban limitados por restricciones graves (p. ej., Corea, Filipinas, algunos países de Europa central y oriental). El progreso de las instituciones demo- cráticas coincide con el ejercicio de las libertades sindicales, como ocurrió en los casos de Chile y Polonia en los decenios de 1980 y 1990. Asimismo, puede observarse en el ámbito sindical de muchos países el inicio de un proceso de reforma interna y reorientación para atraer un mayor número de afiliados de diversa procedencia, especialmente mujeres. El tiempo dirá si éstos y otros factores serán suficientes para invertir las tendencias
a la “descolectivización”, también denominada “atomización” de las relaciones laborales, que ha acompañado al auge de la globalización económica y el individualismo ideológico.
Básicamente, las funciones desempeñadas por los sindicatos en los sistemas de relaciones laborales contemporáneos son semejantes a las que cumplen las organizaciones empresariales: defensa y promoción de los intereses de los afiliados, representación política, y prestación de servicios. La función que les diferencia es la de control: su legitimidad depende en parte de su capacidad para imponer disciplina a sus afiliados, por ejemplo, al convocar o desconvocar una huelga. El reto constante de los sindicatos consiste en aumentar su densidad, es decir, el número de afiliados como porcentaje de los trabajadores del sector formal. Los afiliados a los sindicatos son personas físicas; sus cuotas, denominadas cotizaciones en algunos sistemas, financian las actividades de la organización. (Los sindicatos financiados por empresas, llamados “sindicatos de empresa”, o por la Admi- nistración, como los de los antiguos países comunistas no se consideran aquí, ya que sólo las organizaciones independientes de trabajadores son verdaderos sindicatos.) En general, la afiliación depende de la decisión voluntaria individual, si bien algunos sindicatos que han celebrado acuerdos de sindicación obligatoria se consideran los representantes de todos los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo determinado (en los países en los que los sindicatos son reconocidos como representantes de los trabajadores en una unidad de negociación determinada). Los sindicatos pueden afiliarse a organizaciones generales que operan a escala sectorial, nacional, regional e internacional.

Situación actual de la salud y la seguridad en el trabajo (IV)

Los sistemas de seguro que cubren la asistencia médica y la indemnización por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo se utilizan en casi todos los países industrializados. No obstante, hay una gran diversidad en cuanto a su gestión, cober- tura, pago de primas, tipo de prestaciones, magnitud del compromiso con la prevención y disponibilidad de apoyo técnico. En Estados Unidos, el sistema es independiente en cada Estado y las compañías de seguros privadas desempeñan un papel destacado, mientras que en Francia, el sistema es gestio- nado en su totalidad por el sector público y está incorporado en gran medida en la administración de la salud en el trabajo. Los especialistas que trabajan para el sistema de seguros a menudo desempeñan una función importante de ayuda técnica para la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Muchos países disponen de un sistema educativo de posgrado y de cursos de formación en régimen de residencia sobre salud en el trabajo. El doctorado suele ser el grado académico superior en esta materia, pero existen también sistemas de cualificación especializada.
Las escuelas de salud pública desempeñan un papel importante en la educación y la formación de expertos en salud en el trabajo en Estados Unidos. De las 24 escuelas acreditadas, 22 impartieron programas de salud en el trabajo en 1992: 13 ofre- cieron programas de medicina del trabajo y 19 de higiene industrial. Los cursos de salud en el trabajo impartidos por estas escuelas no dan lugar necesariamente a la obtención de un título académico, pero están estrechamente relacionados con la acreditación de especialistas, en cuanto que forman parte de las cualificaciones necesarias para acceder a los exámenes que deben aprobarse para ser miembro de uno de los consejos de especialistas en salud en el trabajo.

Definiciones utilizadas en distintos países: La discapacidad como ámbito de acción sociopolítica

Los individuos reconocidos como discapacitados tienen, en principio, derecho a ser destinatarios de medidas, por ejemplo, de rehabilitación médica o profesional o a beneficiarse de ayudas financieras específicas. En algunos países, el conjunto de medidas sociopolíticas previstas incluye también determinados privilegios y apoyos, así como medidas de protección especiales. He aquí algunos principios y derechos aplicados: el principio consagrado legalmente de igualdad de oportunidades en la integración profesional y social; el derecho establecido legalmente a recibir la asis- tencia necesaria para la realización de la igualdad de oportunidades; el derecho constitucional a la educación y la integración profesional, la promoción de la formación profesional y la colocación laboral, y la garantía constitucional de recibir un mayor apoyo en caso de necesitar ayuda especial del Estado. Algunos Estados basan su actuación en la absoluta igualdad de todos los ciudadanos en todas las áreas de la vida y han hecho de la realización de esa igualdad su objetivo, sin ver una razón para tratar los problemas especiales de las personas discapacitadas en leyes promulgadas específicamente al efecto. Por lo común, esos Estados se abstienen de definir la discapacidad.

Las Empresas en las Relaciones Laborales (IV)

Las empresas públicas han comenzado a verse a sí mismas como tales en fecha relativamente reciente. En un principio, las Administraciones consideraban que la participación de los trabajadores en la actividad sindical era incompatible con el servicio al Estado soberano. Después, hicieron caso omiso de las llamadas a participar en la negociación colectiva con el argu- mento de que el poder legislativo, y no la Administración pública, es la entidad encargada de los pagos y que, por tanto, es imposible que ésta sea parte en un acuerdo al respecto. No obstante, este razonamiento no impidió las huelgas (a menudo ilícitas) del sector público en muchos países y ha acabado abandonándose. En 1978, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condi- ciones de empleo en la Administración pública (nº 151) y la Recomendación sobre los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración pública (nº 159). La negociación colectiva en el sector público ha pasado a ser habitual en muchos países desarrollados (p. ej., Australia, Francia, Reino Unido) y en algunos países en desarrollo (p. ej., nume- rosos países del Africa francófona y de América Latina).
El nivel de representación de las empresas en el sector público depende en gran medida del sistema político del país. En algunos, se trata de una función centralizada (Francia), mientras que, en otros, refleja las divisiones de la Administración (como en Estados Unidos, donde la negociación puede tener lugar a escala federal, estatal y municipal). Alemania constituye un caso interesante, ya que miles de comunidades locales se han agru- pado para que un único agente se encargue de la negociación colectiva con los sindicatos en el sector público de todo el país. Puesto que las empresas públicas forman parte del Estado, no son objeto de las leyes que exigen el registro de las organizaciones empresariales. La designación del agente negociador varía considerablemente de un país a otro; puede ser la Comisión de Servicio Público, el Ministerio de Trabajo, el de Economía u otra entidad. Las posiciones adoptadas por las empresas públicas al negociar con los trabajadores de este sector tienden a seguir la orientación política del partido político en el poder. Esta puede oscilar entre la toma de una postura específica en la negociación y la negación absoluta del derecho de los funcionarios a organizarse sindicalmente. No obstante, aunque el número de empresas públicas se reduce en muchos países, su disposición a participar en las negociaciones y las consultas con los representantes de los trabajadores es cada vez mayor.

Situación actual de la salud y la seguridad en el trabajo (III)

Los especialistas dedicados a la salud en el trabajo se ocupan de un campo de actuación cada vez más amplio en los países industrializados. La especialización de los médicos en preven- ción y gestión de la salud es cada vez mayor. Además, los profesionales de la enfermería del trabajo, los higienistas industriales, los fisioterapeutas y los psicólogos desempeñan un papel importante en los países desarrollados. Los higienistas industriales tienen una presencia destacada en Estados Unidos, mientras que en Japón son mucho más habituales los especialistas en la medición del medio ambiente. Los fisioterapeutas del trabajo son bastante característicos de los países nórdicos. En definitiva, existen algunas diferencias de tipo y distribución entre los espe- cialistas comunes en cada región.
Los centros con millares de trabajadores en plantilla suelen contar con su propia organización independiente de servicios de salud en el trabajo. El empleo de especialistas distintos de los médicos del trabajo y el establecimiento de las instalaciones mínimas necesarias para la prestación completa de este tipo de servicios sólo suele ser viable con plantillas de esa magnitud. La oferta de servicios de salud en el trabajo en centros de menores dimensiones, sobre todo cuando el número de trabajadores es reducido, se plantea de forma muy diferente. Ni siquiera en muchos países industrializados las organizaciones que prestan este tipo de servicios en pequeñas empresas se han establecido de forma sistemática. Francia y otros países europeos disponen de una legislación que establece los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones y los servicios ofrecidos por dichas organizaciones, y las empresas que carecen de un servicio propio deben contratarlo con éstas.
En algunos países industrializados, el contenido del programa de salud en el trabajo se centra más en los servicios de preven- ción que en los de curación, si bien esta prioridad suele ser objeto de debate. En general, los países que disponen de un sistema de servicios de salud comunitaria global tienden a limitar el ámbito de dicho programa y consideran el tratamiento como una disciplina de la medicina comunitaria.
La necesidad de que todos los trabajadores sean sometidos a reconocimientos médicos periódicos es otro tema de debate. Si bien hay quien considera que no se ha demostrado que los reconocimientos que exigen una exploración selectiva general resulten beneficiosos, Japón es uno de los muchos países en que se exige a las empresas que realicen este tipo de pruebas a los miembros de su plantilla. En este tipo de programas se recomienda encarecidamente la aplicación de un seguimiento exhaustivo y la oferta continua de educación sanitaria y promoción de la salud; además, el registro de historiales individuales se considera indispensable para la consecución de los objetivos. La evaluación de estos programas requiere un seguimiento a largo plazo.

Formación en el puesto de trabajo

La formación en el puesto de trabajo es apropiada para trabajadores y supervisores que se enfrentan a peligros concretos. Si tiene una duración significativa, se recomienda encarecidamente la instalación de aulas cómodas en el mismo centro de trabajo. En los casos en que estas actividades puedan intimidar a los trabajadores o desalentar su plena participación en las clases, será preferible utilizar instalaciones externas. Es posible que los trabajadores se sientan más cómodos en un local sindical cuando el sindicato desempeña un papel principal en el diseño y puesta en práctica del programa. No obstante, las visitas sobre el terreno a centros de trabajo reales que ilustren los peligros en cuestión son siempre un complemento positivo.