El papel fundamental desempeñado por la inspección de trabajo en el desarrollo de las relaciones laborales es indiscutible; de hecho, la historia de la legislación laboral es la historia del sistema de inspección de trabajo. Antes de la creación de los primeros cuerpos de inspección de trabajo, las leyes laborales eran meras declaraciones de objetivos cuyo incumplimiento no daba lugar a la sanción. El verdadero derecho del trabajo surge cuando se encarga a un órgano específico que garantice el cumplimiento de las normas, dando vigencia a la ley mediante la imposición de sanciones jurídicas.
Los primeros intentos nacionales de establecimiento de un sistema de inspección de trabajo se basaron en la creación de órganos voluntarios que actuaban gratuitamente para proteger a las mujeres y los niños empleados en la industria y que constitu- yeron una respuesta a la naturaleza peculiar del liberalismo económico. La experiencia pronto impuso la necesidad de crear un órgano de carácter coercitivo que fuera realmente capaz de proteger a la población activa en su conjunto. La primera ley en la que se previó la creación de un cuerpo oficial de inspectores de trabajo se promulgó en el Reino Unido en 1878, debido a que los requisitos relativos a la designación de personal respon- sable no se habían cumplido fielmente y, por tanto, las medidas de protección no se habían aplicado. La ley confería a los inspectores las competencias básicas siguientes: acceso ilimitado a las fábricas, libertad para interrogar a trabajadores y empresa- rios, y capacidad para exigir la presentación de documentos, resolver conflictos y determinar las infracciones de la legislación. En los años posteriores, la evolución de los diversos regla- mentos dio lugar a la consolidación de la autoridad de los inspectores de trabajo como funcionarios administrativos, exclu- yendo y suprimiendo gradualmente su función como jueces. Comenzó a arraigar la idea del inspector como un funcionario remunerado, pero también como un participante en el sistema de relaciones laborales, responsable de garantizar que la Admi- nistración muestre su lado humano mediante su actuación directa en el lugar de trabajo. Con este objetivo en mente, la inspección de trabajo se transformó en un órgano básico para el desarrollo y la aplicación de la legislación; se convirtió, de hecho, en un pilar fundamental de la reforma social.
Los primeros intentos nacionales de establecimiento de un sistema de inspección de trabajo se basaron en la creación de órganos voluntarios que actuaban gratuitamente para proteger a las mujeres y los niños empleados en la industria y que constitu- yeron una respuesta a la naturaleza peculiar del liberalismo económico. La experiencia pronto impuso la necesidad de crear un órgano de carácter coercitivo que fuera realmente capaz de proteger a la población activa en su conjunto. La primera ley en la que se previó la creación de un cuerpo oficial de inspectores de trabajo se promulgó en el Reino Unido en 1878, debido a que los requisitos relativos a la designación de personal respon- sable no se habían cumplido fielmente y, por tanto, las medidas de protección no se habían aplicado. La ley confería a los inspectores las competencias básicas siguientes: acceso ilimitado a las fábricas, libertad para interrogar a trabajadores y empresa- rios, y capacidad para exigir la presentación de documentos, resolver conflictos y determinar las infracciones de la legislación. En los años posteriores, la evolución de los diversos regla- mentos dio lugar a la consolidación de la autoridad de los inspectores de trabajo como funcionarios administrativos, exclu- yendo y suprimiendo gradualmente su función como jueces. Comenzó a arraigar la idea del inspector como un funcionario remunerado, pero también como un participante en el sistema de relaciones laborales, responsable de garantizar que la Admi- nistración muestre su lado humano mediante su actuación directa en el lugar de trabajo. Con este objetivo en mente, la inspección de trabajo se transformó en un órgano básico para el desarrollo y la aplicación de la legislación; se convirtió, de hecho, en un pilar fundamental de la reforma social.
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