Como se ha señalado, casi todos los intentos normativos de definir la discapacidad han caído de un modo u otro en la tentación de describirla como un concepto principalmente negativo o de desviación. El ser humano afectado por una discapacidad se ve como un problema y se convierte en un “caso social”. Se supone que una persona discapacitada es incapaz de realizar actividades normales. Se trata de una persona con la que no todo marcha bien. Abundan las publicaciones científicas que describen al discapacitado como una persona con un problema de comportamiento y, en muchos países, la “defectología” era y sigue siendo una ciencia reconocida que se ocupa de medir el grado de desviación.
En general, las personas que tienen una discapacidad se defienden contra esa caracterización. Otras se resignan al papel que se les ha asignado. Clasificar a las personas como discapacitadas es olvidar que lo que éstas tienen en común con los no discapacitados suele superar con creces a lo que les diferencia. Por otra parte, el concepto subyacente de que la discapacidad es una desviación respecto de la norma es un juicio de valor cuestionable. Tales consideraciones han llevado a muchas personas a preferir el término de personas con discapacidades al de personas discapacitadas, en la medida en que podría entenderse que este último hace de la discapacidad la característica principal de un individuo.
Es perfectamente concebible definir la realidad humana y social de tal manera que la discapacidad se considere como coherente con la normalidad y no como una desviación con respecto a ella. De hecho, en la Declaración adoptada en 1995 por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Mundial de la ONU sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, se describe la discapacidad como una forma de diversidad social. Esta definición requiere un concepto de sociedad entendida como sociedad “para todos”. Por consiguiente, los anteriores intentos de definir la discapacidad negativamente, como desviación respecto de la norma o como deficiencia, ya no son válidos. Una sociedad que se adapta a la discapacidad de un modo inclusivo puede superar en buena medida los efectos de la discapacidad que, de lo contrario, se experimentan como excesivamente restrictivos.
En general, las personas que tienen una discapacidad se defienden contra esa caracterización. Otras se resignan al papel que se les ha asignado. Clasificar a las personas como discapacitadas es olvidar que lo que éstas tienen en común con los no discapacitados suele superar con creces a lo que les diferencia. Por otra parte, el concepto subyacente de que la discapacidad es una desviación respecto de la norma es un juicio de valor cuestionable. Tales consideraciones han llevado a muchas personas a preferir el término de personas con discapacidades al de personas discapacitadas, en la medida en que podría entenderse que este último hace de la discapacidad la característica principal de un individuo.
Es perfectamente concebible definir la realidad humana y social de tal manera que la discapacidad se considere como coherente con la normalidad y no como una desviación con respecto a ella. De hecho, en la Declaración adoptada en 1995 por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Mundial de la ONU sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, se describe la discapacidad como una forma de diversidad social. Esta definición requiere un concepto de sociedad entendida como sociedad “para todos”. Por consiguiente, los anteriores intentos de definir la discapacidad negativamente, como desviación respecto de la norma o como deficiencia, ya no son válidos. Una sociedad que se adapta a la discapacidad de un modo inclusivo puede superar en buena medida los efectos de la discapacidad que, de lo contrario, se experimentan como excesivamente restrictivos.
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