Funciones de la Administración

En muchos países está teniendo lugar una expansión industrial y, al considerar las solicitudes para desarrollar nuevos proyectos industriales, los gobiernos tienen la oportunidad y la responsabilidad de evaluar los riesgos para la salud y la seguridad de la tecnología importada. El país receptor debe garantizar que las nuevas empresas cumplan estrictas normas de funcionamiento. Los solicitantes deben comprometerse a respetar unos niveles específicos de emisión de agentes contaminantes que no sean superados durante la actividad de sus fábricas y a establecer unos límites de exposición de los trabajadores a las sustancias tóxicas. Asimismo, han de estar dispuestos a pagar a la Administración para obtener el equipo de control necesario para garantizar la observación efectiva de dichos límites y permitir el acceso inme- diato en cualquier momento de los inspectores públicos.
En especial, los solicitantes deberán aportar información sobre su experiencia en el pasado con la tecnología que se va a utilizar y sus riesgos. La Administración del país de acogida tiene pleno derecho a conocer qué riesgos existen en el lugar de trabajo y qué niveles de contaminación presentan otras fábricas similares gestionadas por los solicitantes del proyecto. Igual- mente, es importante saber conforme a qué leyes, reglamentos y normas sobre la protección de la salud pública actúan los solici- tantes para instalaciones similares de otros países.
El proceso de aprobación de solicitudes por parte de la admi- nistración del país de acogida debe incluir una evaluación crítica de las mismas en función de las necesidades reales. En caso de aceptación, deberá llevarse a cabo un análisis de seguimiento para garantizar que la tecnología empleada hace los procesos menos peligrosos y proporciona productos que satisfacen las necesidades que se pretenden cubrir. Este procedimiento es coherente con las políticas declaradas por las principales EMN. El cumplimiento de las obligaciones éticas por parte de las administraciones y las empresas puede permitir una rápida expansión mundial de los avances relacionados con la salud pública en el campo de la tecnología.
Los grandes proyectos presentados en los países en desarrollo suelen exigir la participación de EMN extranjeras como inversoras. Las directrices incluidas en la Tabla 20.2 han sido publicadas por Greenpeace y Third World Network (Malaisia), y en ellas se detalla la información que las administraciones pueden solicitar a los inversores extranjeros (Bruno 1994). Cuando éstos no presenten datos sobre la tecnología y sus peligros, las admi- nistraciones pueden y deben adoptar las medidas oportunas para obtener información al respecto de forma independiente.
Los riesgos industriales no son la única razón para realizar estudios de impacto medioambiental y los proyectos industriales no son los únicos que deben someterse a este tipo de análisis. La importación y la utilización generalizada de tecnología ineficaz desde el punto de vista energético para la fabricación de refrigeradores, motores eléctricos y aparatos de iluminación han causado considerables problemas. En muchos países, la genera- ción de energía eléctrica difícilmente podría satisfacer la demanda aun cuando la eficiencia energética se considerase un criterio para la evaluación de las nuevas tecnologías y el diseño de edificios comerciales. La ineficiencia energética plantea graves dificultades para el desarrollo, entre ellas los costes de construcción y mantenimiento de una capacidad de generación de electricidad excesiva, la contaminación y los desincentivos a la expansión provocados por un suministro de energía poco fiable y las averías. La eficiencia energética puede liberar unos recursos importantísimos para satisfacer las necesidades básicas, en lugar de construir y poner en marcha centrales eléctricas innecesarias.

Avances en materia de salud pública

Varios avances logrados en los últimos años contribuirán sin duda a la protección de la salud pública y del medio ambiente en los lugares en que se consoliden. Los químicos especializados en investigación industrial, cuyo objetivo ha sido tradicionalmente optimizar el rendimiento de los productos, sin preocuparse demasiado por la toxicidad de éstos o de sus derivados, analizan en la actualidad la evolución de la tecnología menos tóxica en simposios sobre “química ecológica” o “ecología industrial” (Illman 1994). A continuación se ofrecen algunos ejemplos de los avances alcanzados:

• sustitución de éteres de glicol, disolventes tratados con cloro y disolventes de clorofluorocarbonos como agentes limpiadores en los procesos microelectrónicos;
• sustitución de los disolventes orgánicos por otros basados en agua, en adhesivos y selladores;
• reducción de los disolventes orgánicos volátiles de muchas pinturas en favor de las pinturas a base de agua, la tecnología de pintura por pulverización basada en la utilización de una concentración supercrítica de dióxido de carbono y recubri- mientos de material pulverizado;
• sustitución del cadmio y el plomo en los pigmentos;
• eliminación de la contaminación atmosférica por óxido nitroso al fabricar ácido adípico (utilizado para fabricar nylon, poliéster y poliuretano);
• sustitución de la acrilamida en los compuestos de lechada de cemento;
• sustitución del blanqueado con cloro en la fabricación de papel;
• sustitución del fósgeno, el hidrógeno de arsénico y otros gases tóxicos por productos intermedios menos tóxicos que pueden utilizarse en su lugar en los procesos industriales, evitando así el almacenamiento y el transporte de grandes cantidades de gases comprimidos altamente tóxicos;
• sustitución del proceso basado en el fósgeno para la fabricación de policarbonatos por un proceso basado en el carbonato de dimetilo;
• síntesis de los isocianatos alifáticos a partir de aminos y dióxido de carbono en lugar de los procesos en los que se utiliza fósgeno;
• sustitución del ácido fluorhídrico por ácido sulfúrico o, mejor, por catalizadores sólidos en las unidades de alquilación de gasolina de las refinerías de petróleo;
• utilización de catalizadores de zeolita en la producción de cumeno en sustitución del ácido fosfórico o de catalizadores de cloruro de aluminio, lo que elimina los problemas de evacuación de residuos ácidos y de tratamiento de materiales corrosivos.

La promoción a escala mundial de tecnologías menos tóxicas puede ser emprendida tanto por las EMN a título individual como por organismos colectivos. La Industry Cooperative for Ozone Layer Protection es uno de los medios que han utilizado las principales empresas para fomentar las tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. A través de esta organización, con el apoyo adicional del Banco Mundial, IBM ha intentado ayudar a las empresas de Asia y América Latina a adoptar métodos de limpieza y secado de circuitos impresos y compo- nentes de discos basados en la aplicación de agua.

Responsabilidad sobre los productos

La responsabilidad sobre los productos es la que tiene el vendedor con objeto de evitar que los productos que vende resulten dañinos a lo largo de su ciclo vital de utilización y eliminación. Incluye la responsabilidad de garantizar que la empresa que compra el producto químico al vendedor no lo utilice de forma peligrosa; al menos una empresa de Estados Unidos, Dow Chemical, aplica desde hace tiempo la política de evitar la venta de sus productos a clientes inadecuados. En 1992, las empresas integrantes de la Chemical Manufacturers Association de Estados Unidos adoptaron un código que contempla la suspensión de las ventas a clientes que no corrijan “prácticas inadecuadas” al utilizar las sustancias químicas que venden.
Muchos ejemplos avalan la necesidad de que los fabricantes de pesticidas asuman su responsabilidad sobre el producto. El reenvasado de pesticidas en recipientes de alimentos y la utiliza- ción de bidones de pesticidas para almacenar agua son causa de un gran número de muertes y enfermedades. La utilización y el almacenamiento de pesticidas y sus recipientes por parte de pequeños agricultores refleja una falta generalizada de forma- ción que los fabricantes podrían impartir.
En el valle de Costanza de la República Dominicana, la defo- liación provocada por el uso excesivo de pesticidas ha hecho que llamen a la zona el “Valle de la Muerte”. Al aumentar la atención prestada a este caso por los medios de comunicación, Ciba-Geigy, una importante EMN del sector químico, puso en marcha un programa de formación para pequeños agricultores
en el que se impartían nociones de agronomía, gestión integrada de plagas y seguridad, y se admitía que la utilización de pesti- cidas en el valle debía reducirse. La prensa económica indicó que la respuesta de la comunidad local al esfuerzo de Ciba para
“demostrar los beneficios económicos y sociales de un mercado sostenible” era alentadora. Esta empresa aplica programas semejantes para pequeños agricultores en Colombia, Filipinas, Indonesia, Pakistán, Mali, Mozambique y Nigeria. La Pesticide Action Network se muestra escéptica hacia la interpretación que hacen las empresas de una “gestión integrada de las plagas”, pues subrayan la “mejor combinación” de pesticidas en lugar de formar a las personas en técnicas basadas en el empleo de estas sustancias sólo como último recurso.
Un aspecto importante de la responsabilidad sobre el producto es la educación de los trabajadores y del público en general mediante la difusión de etiquetas de advertencia, folletos
y programas de formación de los usuarios. En el caso de ciertos productos y recipientes peligrosos, dicha responsabilidad conlleva la recuperación de materiales que, de otro modo, podrían ser utilizados inadecuadamente por los clientes o elimi- nados como residuos peligrosos.
En los tribunales de Estados Unidos, la responsabilidad sobre el producto se asume con un grado de compromiso muy elevado debido a que se exigen responsabilidades por los daños que puedan causar los productos peligrosos y por la contaminación. Personas perjudicadas por productos cuyos peligros no siempre se especificaban en las advertencias de los fabricantes han reci- bido indemnizaciones considerables por pérdidas económicas, lesiones y daños morales y, en algunos casos, daños punitivos adicionales. Los fabricantes han preferido retirar del mercado de Estados Unidos productos que podían causar anomalías de la función reproductora, comprobado en los experimentos reali- zados con animales, a arriesgarse a pagar cifras astronómicas en pleitos interpuestos por defectos de nacimiento en los hijos de los trabajadores en contacto con el agente tóxico. En ocasiones, las mismas empresas comercializaron esos mismos productos en otros países en los que la responsabilidad sobre el producto no es importante.
Por tanto, la responsabilidad y la regulación han obligado a los fabricantes de algunos países a desarrollar procesos y productos menos tóxicos. Ahora bien, en ausencia de esos factores y de una sensibilización del público en general, existe la posibilidad de que las tecnologías más peligrosas y atrasadas sigan siendo económicamente competitivas, e incluso es posible mantener un mercado de tecnologías anticuadas que pueden explotarse en numerosos países. Así, a pesar de los avances obtenidos por las EMN en el desarrollo de “tecnologías limpias”, no es previsible que éstas se difundan en breve a Africa, Asia, América Latina y Europa central y oriental. Es muy posible que algunas de las industrias de reciente creación en estas regiones recurran a equipos usados de importación. Esta transferencia plantea un desafío ético a las EMN propietarias de equipos que están sustituyéndose en Europa y América del Norte.

Protección de la salud: Protección individual y colectiva de los trabajadores

Aunque la conducta ética es fundamental en todos los aspectos de la asistencia sanitaria, la definición y promoción de dicha conducta suele ser más compleja en el contexto de la medicina del trabajo. Los médicos de atención primaria deben dar prio- ridad a las necesidades de sus pacientes, mientras que los profesionales de la salud pública deben dar prioridad a las necesidades sanitarias de la colectividad. El profesional de la salud en el trabajo, por su parte, tiene que atender las necesidades tanto del paciente como de la colectividad: el trabajador, la plantilla y el público en general. A veces estas obligaciones múltiples dan lugar responsabilidades que entran en conflicto.
En la mayoría de los países, los trabajadores tienen el derecho innegable a recibir protección contra accidentes en el lugar de trabajo y los programas de salud en el trabajo deben estar precisamente orientados a velar por este derecho. Los problemas éticos que plantea la protección de los trabajadores contra condiciones de trabajo poco seguras suelen deberse al hecho de que los intereses económicos de la empresa, ya sean reales o percibidos, actúan muchas veces en contra de la adopción de las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores. Sin embargo, la postura ética que deben adoptar los profesionales de la salud en el trabajo está clara. Como se establece en el Código deontológico internacional para los profesionales de la salud en el trabajo: “Los profesionales de la salud en el trabajo deben actuar siempre, de forma prioritaria, en beneficio de la salud y segu- ridad de los trabajadores”.
El profesional de la salud en el trabajo, ya forme parte de la plantilla de la empresa o actúe en calidad de asesor, se siente muchas veces presionado para ignorar sus planteamientos éticos en la protección de la salud de los trabajadores. Puede incluso ocurrir que un trabajador le pida que declare en su defensa y en contra de la empresa cuando se emprende algún tipo de acción legal o cuando el trabajador o el propio profesional creen que no se están adoptando las medidas necesarias para la protección de la salud.
Los conflictos pueden reducirse en la vida real estableciendo expectativas sociales, incentivos de mercado y mecanismos de infraestructura que contrarresten las desventajas económicas reales o percibidas por la empresa de las medidas para proteger la salud de los trabajadores. Estos mecanismos pueden consistir en unos reglamentos claros que exijan una prácticas seguras y que impongan unas sanciones elevadas por el incumplimiento de las normas, lo cual requiere una infraestructura adecuada para vigilar su cumplimiento y aplicación. También se puede recurrir a un sistema de bonificación de los trabajadores que promueva las medidas preventivas. Sólo si los factores sociales, las normas, las expectativas y la legislación reflejan la importancia de la protección de la salud en el trabajo podrá realmente prosperar la práctica ética.

ETICA EN LA PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD

Aunque los servicios de medicina del trabajo están cada vez más extendidos en todo el mundo, los recursos para desarrollar y financiar estas actividades no han aumentado al mismo ritmo que las demandas. Mientras tanto, los límites entre lo que es la vida privada y profesional han cambiado, planteando la cuestión de cuáles pueden o deben ser las competencias legítimas de la medi- cina del trabajo. Los programas aplicados en el lugar de trabajo para detectar el consumo de drogas o la seropositividad al VIH, o los servicios de asesoramiento para problemas personales, son un reflejo evidente de la frontera cada vez menos nítida entre lo que es la vida privada y profesional.
Desde el punto de vista de la salud pública, existen suficientes argumentos para no intentar separar los factores relacionados con el estilo de vida, el lugar de trabajo y el medio ambiente en general. Aunque objetivos como la lucha contra el consumo de drogas y otros hábitos nocivos para la salud sean muy loables, la manera de abordar estos problemas en el lugar de trabajo plantea problemas éticos. También debe evitarse que las medidas que se adopten para combatir esos hábitos no susti- tuyan a otras medidas de protección de la salud. La finalidad de este artículo es analizar específicamente los aspectos éticos de la protección y la promoción de la salud en el lugar de trabajo.

Conclusión: ASPECTOS ETICOS DE LA INFORMACION Y LA CONFIDENCIALIDAD

En la práctica, el tratamiento de la información sobre la salud en el trabajo requiere el juicio de los profesionales de ésta y de otras disciplinas. Los profesionales de la salud en el trabajo tienen que decidir lo que es correcto o incorrecto, o más o menos aceptable, en muchos contextos y circunstancias culturales. El análisis ético es un instrumento que proporciona la base para emitir juicios y tomar decisiones basadas en principios éticos y conjuntos de valores que nos ayudan a evaluar y elegir entre diferentes líneas de actuación.

Resumen: LA EDUCACION DE LOS - TRABAJADORES Y LA MEJORA AMBIENTAL

Si los trabajadores tienen una buena formación en materia de medio ambiente, dispondrán de los conceptos y de los conocimientos técnicos necesarios para ampliar su concienciación ante estas cuestiones y para aprender formas concretas de modificar determinadas prácticas de trabajo perjudiciales para el medio ambiente. Al mismo tiempo, también los programas pueden aprender de los propios trabajadores, e incorporar sus inquietudes, sus reflexiones y sus puntos de vista sobre las cuestiones prácticas relativas al medio ambiente en el lugar de trabajo.
La mejor forma de llevar a cabo la educación ambiental en el lugar de trabajo es relacionarla con los retos ambientales que se plantean a escala local y global, de forma que los trabajadores tengan una idea clara sobre el modo en que su trabajo está inte- grado en un medio ambiente general y aprendan cómo contribuir a lograr un lugar de trabajo y un ecosistema global más limpios.