lunes, 29 de septiembre de 2008

Perspectivas morales

Las cuestiones y los conflictos éticos en el campo de la medicina del trabajo pueden enfocarse utilizando los dos paradigmas éticos clásicos: ética consecuencialista o ética deontológica. La ética consecuencialista se centra en lo que es bueno o malo, perjudicial
o útil en función de sus consecuencias. Por ejemplo, la ambición social expresada como el principio de maximizar los beneficios para el mayor número de miembros de una comunidad es un reflejo de la ética consecuencialista. La característica distintiva de la ética deontológica es que considera obligatorias determinadas acciones o conductas humanas como, por ejemplo, decir siempre la verdad —el principio de la veracidad— con independencia de sus consecuencias. El deontólogo considera que los principios morales son absolutos y nos imponen el deber absoluto de respe- tarlos. Estos dos paradigmas de la filosofía moral básica pueden utilizarse, por separado o conjuntamente, para valorar las activi- dades o conductas humanas desde un punto de vista ético.

sábado, 27 de septiembre de 2008

Consideraciones básicas

Este artículo parte del supuesto de que las personas tienen la necesidad y el derecho prima facie a la intimidad, lo que significa que tienen la necesidad y el derecho de ocultar o revelar, de conocer o ignorar distintos aspectos de la vida en sociedad y de su relación con el mundo exterior. De igual forma, un colectivo o una sociedad necesitan saber ciertas cosas sobre los ciudadanos. Es posible que esta necesidad no exista en otros terrenos. En el lugar de trabajo o en una empresa, las cuestiones relacionadas con la productividad y la salud afectan a empresarios y trabaja- dores, como colectivo y como individuos. En algunas situaciones, entran también en juego los intereses públicos, representados por organismos públicos u otras instituciones que reclaman el legí- timo derecho a saber.
La cuestión que inmediatamente se plantea es la manera de conciliar estas necesidades y las condiciones que deben darse para que la necesidad de información de una empresa o de la sociedad permita legítimamente inmiscuirse en el derecho a la intimidad de una persona. En este proceso de conciliación se producen conflictos éticos que han de resolverse. Si la necesidad de información de una empresa o de la sociedad no es compa- tible con la necesidad de protección de la intimidad de los traba- jadores, tendrá que decidirse qué necesidad o derecho a la información debe prevalecer. El conflicto ético se origina como consecuencia de la responsabilidad de la empresa de adoptar las medidas preventivas necesarias contra los peligros para la salud en el lugar de trabajo. Para poder asumir esta responsabilidad, la empresa necesita información tanto sobre las condiciones de trabajo como sobre la salud de los trabajadores. Es posible que los trabajadores deseen que cierto tipo de información sobre sí mismos se mantenga confidencial o en secreto, aun cuando reco- nozcan la necesidad de medidas preventivas.

jueves, 25 de septiembre de 2008

Resultados y consecuencias: Formación de los compañeros de trabajo

Casi el 80 % de los sindicalistas y el 72 % de los directivos participantes llevaron a cabo actividades de formación de sus compa- ñeros al regresar a su centro de trabajo. Es digno de mencionar el número de compañeros que recibieron formación al respecto (70)
y el promedio de horas dedicadas (9,7 horas). El hecho de que más de la mitad de los sindicalistas participantes impartiera formación a los directivos de los centros de trabajo reviste una significación especial. La formación secundaria abarcó gran cantidad de temas, entre los que destacan la identificación de sustancias químicas, la selección y uso de equipos de protección individual, los efectos sobre la salud, la respuesta ante las emer- gencias y el empleo de los materiales de consulta.

martes, 23 de septiembre de 2008

Resultados y consecuencias: Utilización de recursos materiales

Al menos el 60 % de los alumnos del programa, tanto sindicalistas como directivos, utilizaron los seis principales recursos materiales presentados en el curso, salvo el gráfico de riesgos. El más utilizado fue el manual de formación del Centro, la NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.

domingo, 21 de septiembre de 2008

Igualdad de trato

El principio de la igualdad de trato tiene un objetivo diferente, aunque asociado al anterior. En este caso, se trata de una cuestión de derechos humanos y las normas que los Estados miembros de la OIT se han comprometido a observar revisten una relevancia jurídica precisa, su aplicación está sometida a supervisión y su eventual infracción puede llevar aparejado el ejercicio de acciones legales o la apertura de procesos arbitrales.
En el Convenio nº 159 de la OIT se define la igualdad de trato como un derecho garantizado. Se especifica, además, que la igualdad debe ser “efectiva”. Esto supone crear unas condiciones que garanticen que la igualdad no sea algo meramente formal, sino real, y que el trato otorgado al discapacitado le coloque en un plano “equitativo”, esto es, en una posición que, por sus resultados, y no únicamente en virtud de las medidas mismas, se corresponda con la situación de las personas no discapacitadas. Por ejemplo, asignar a un trabajador discapacitado el mismo trabajo que a un trabajador no aquejado de discapacidad no constituye un trato equitativo si el lugar de trabajo no es de fácil acceso o si el puesto de trabajo no se adapta a la discapacidad padecida.

viernes, 19 de septiembre de 2008

Igualdad de oportunidades

El objetivo de política que subyace en este concepto es asegurar a los grupos de población desfavore- cidos idénticas oportunidades de acceso al empleo y a la actividad remunerada que al resto de la población.

Para hacer efectiva la igualdad de oportunidades para los discapacitados, en las normas laborales internacionales se establecen reglas y se propone la adopción de medidas orientadas a tres clases de actuaciones:

• Actuaciones dirigidas a habilitar a los discapacitados para alcanzar el nivel de cualificaciones y destrezas necesario para aprovechar las oportunidades de empleo, así como a facilitarles los medios técnicos y asistenciales precisos para que puedan realizar las tareas propias de un puesto de trabajo. Este tipo de actuaciones constituyen la parte esencial del proceso de readaptación profesional.
• Actuaciones encaminadas a adecuar el entorno a las necesidades específicas de los discapacitados, como pueden ser la adap- tación del lugar y el puesto de trabajo, la maquinaria y las herramientas, así como la adopción de medidas legales y de promoción que permitan superar las actitudes negativas y discriminatorias que son causa de exclusión.
• Actuaciones que ofrecen a los discapacitados oportunidades de empleo efectivas. Se trata de medidas políticas y legislativas que favorecen el acceso al trabajo remunerado, más que de medidas pasivas de apoyo a la renta, así como de medidas que animen a las empresas a contratar o conservar a los trabajadores discapacitados.
• Actuaciones por las que se fijan objetivos de empleo o se establecen cupos o tasas (multas) en el marco de programas de actuación positivos. Entre éstas se incluyen igualmente los servicios que los organismos de empleo y otras organizaciones ofrecen a los discapacitados para ayudarles a conseguir un puesto de trabajo y promocionarse profesionalmente.

Por consiguiente, estas normas, promulgadas para garantizar la igualdad de oportunidades, llevan aparejada la adopción de unas medidas positivas específicas que ayudan a los discapacitados a incorporarse a la vida activa o que evitan una recaída innece- saria e injustificada en una existencia dependiente de las medidas pasivas de apoyo al ingreso. Por consiguiente, las polí- ticas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades se suelen centrar en el establecimiento de sistemas de apoyo y en la adopción de medidas específicas de promoción de la igualdad efectiva de oportunidades, que se justifican por la necesidad de compensar las desventajas reales o presuntas de la discapacidad. Expresado en el lenguaje jurídico de la OIT: “Las medidas posi- tivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades...entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto
a estos últimos” (Convenio nº 159, artículo 4).

viernes, 12 de septiembre de 2008

Usuarios

La salud y la seguridad en el trabajo afecta a la totalidad de las actividades laborales y a las profesiones. La información sobre la salud y la seguridad en estas actividades es necesaria para las personas que, de acuerdo con la legislación, tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y la salubridad del medio ambiente de trabajo o para aquéllos que pueden verse afectados negativamente por los riesgos debidos, incluso de una forma remota, a las actividades laborales. Se trata de personas en contacto directo con los riesgos del trabajo, o que, por su profe- sión, se dedican a la SST; miembros de organizaciones que prestan servicios en el lugar de trabajo y las comunidades y el público en general, que pueden estar expuestos, quizás en mayor grado, a los efectos perjudiciales de los procesos de trabajo. En consecuencia, los usuarios de información sobre salud y seguridad son de tipo muy diverso.
En primer lugar cabe citar al responsable de la toma de decisiones. En cada centro existen diversas categorías de personas que ocupan puestos fundamentales para la toma de decisiones que afectan directamente (y con frecuencia indirectamente) a la salud y al bienestar de las personas vinculadas a un lugar de trabajo específico, de las que habitan las comunidades más próximas, y de otras sobre las que puede repercutir las prácticas del centro de trabajo. Puede tratarse de empresarios, altos direc- tivos de línea, miembros de los comités conjuntos de salud y seguridad, representantes de salud y seguridad, o personal espe- cializado responsable de la SST, las compras, la formación o la gestión de la información. El personal de todas estas categorías precisa la información adecuada para llevar a cabo de forma eficaz sus funciones relacionadas con la seguridad, y adoptar decisiones fundadas en lo que se refiere a los problemas de SST
y el modo de abordarlos.
Los propios empresarios no están exentos de la necesidad de adquirir información sobre SST y actuar en función de ésta. Todos los empresarios, ya sean autónomos o presten sus servicios en el sector privado o en las instituciones públicas, con

independencia del país, la localización, el sector o la función, tienen una responsabilidad en materia de salud y seguridad asociada a su trabajo y que requiere una información de acuerdo con sus circunstancias específicas. Todos necesitan ser conscientes de los riesgos potenciales o reales que les afectan y conocer las posibles soluciones y las medidas preventivas, sus derechos y responsabilidades y los recursos a su alcance que pueden ayudarles a cumplir sus obligaciones a este respecto.
En el campo de la salud y la seguridad, los trabajadores que se ocupan específicamente de esta materia en el lugar de trabajo, los médicos especializados en SST y ámbitos afines (personal de enfermería y médicos, ya sean internos o externos), los educadores en materia de seguridad, los inspectores de seguridad, y otros profesionales cuyos conocimientos técnicos se centran en la seguridad, la salud y la higiene en el lugar de trabajo tienen una necesidad constante de información sobre diversas cuestiones de SST para llevar a cabo sus tareas diarias.
Aunque un gran número de personas y organizaciones están en contacto con los lugares de trabajo sólo a través de los servi- cios que prestan, debe tenerse en cuenta que pueden verse afec- tados por las condiciones de seguridad en que se encuentren estos lugares y el ambiente en ellos. Los proveedores de equipos, materiales y sustancias químicas a consumidores como fábricas y oficinas, asociaciones industriales, sindicatos, servicios de trans- porte, servicios de inspección, o servicios de salud de los trabajadores deben preocuparse por analizar si la relación que mantienen con los lugares de trabajo puede originar problemas de seguridad no previstos y, para ello, necesitan información sobre las circunstancias específicas asociadas con la prestación de sus servicios en estos emplazamientos.
Los estudiosos y los investigadores dedicados a temas relacio- nados con la salud y la seguridad en el trabajo son grandes consumidores de la información al respecto, generalmente estudios e informes de trabajos de investigación antiguos y actuales. Asimismo, la información técnica y científica es necesaria para los profesionales de la ingeniería, la química, la medicina, y la propia gestión de información. Además, para presentar informes de acontecimientos o cuestiones específicas, los profesionales de los medios de comunicación deben obtener información de refe- rencia sobre temas de SST que les permitan, a su vez, informar al público en general.
Otra categoría de usuarios de información sobre salud y segu- ridad son las Administraciones a todas las escalas; local, regional
y nacional. Los responsables de la formulación de políticas y los legisladores, así como las entidades de regulación, los planifica- dores y otros funcionarios, también se ocupan de cuestiones de salud y seguridad relacionadas con sus funciones específicas.
En lo que respecta a la difusión, quizá sea la sociedad la que necesita y utiliza la información a mayor escala. La preocupa- ción por el medio ambiente y la salud, un mayor reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y la repercusión de los medios de comunicación actuales, han aumentado la sensibilización de la sociedad respecto a las cuestiones de salud y seguridad y han creado una amplia demanda de información, de forma que la sociedad en conjunto exige un volumen cada vez mayor de información sobre varios aspectos de la SST. Los consumidores, comunidades próximas a los lugares de trabajo y el público en general están interesados en las actividades que se realizan en estos emplazamientos y en los productos que se fabrican, y desean conocer su repercusión en la salud y la seguridad. En concreto, los grupos de ciudadanos y de presión preocupados por la salud y la seguridad de las comunidades demandan infor- mación sobre todos los aspectos de los riesgos relacionados con las actividades del lugar de trabajo, como la producción, las emisiones al medio ambiente, el transporte y la eliminación de residuos, vinculados con su causa.
Existen grandes dificultades para informar a esta amplia gama de usuarios de información, puesto que poseen distintos antecedentes, niveles de formación, culturas, lenguas y grado de conocimiento de la salud y la seguridad en el trabajo (por no mencionar el medio ambiente de trabajo). Para ser eficaces, el contenido, la presentación y la accesibilidad de la información deben satisfacer las necesidades específicas de cada categoría de usuarios.
[V. Morgan y P.K. Abeytunga

miércoles, 10 de septiembre de 2008

Difusión eficaz de la información

Para garantizar que un programa de difusión de información sobre SST sea eficaz, es necesario abordar las cuestiones siguientes.
1. La información debe presentarse de forma adecuada a las necesidades, las circunstancias y los antecedentes del usuario final. Por ejemplo, los documentos que contienen información técnica pueden resultar más útiles a los profesionales de la salud y la seguridad en el trabajo que a los trabajadores y las empresas, que suelen estar menos familiarizados con el lenguaje técnico. No obstante, siempre debe considerarse la conversión de éste a un registro más general con el fin de aplicar un programa global de información sobre SST. Para que sea eficaz, este tipo de información ha de ser útil y comprensible.
2. Deben tenerse en cuenta la diversidad de públicos a los que va dirigida la información. Por ejemplo, un artículo sobre los riesgos de los restaurantes comerciales puede ser de interés para los colegios, las prisiones y otras instituciones con servicios de alimentación.
3. La información debe llegar a las personas que la necesitan y ha de desarrollarse una estrategia global para garantizar su difusión. Entre los métodos disponibles figuran el envío postal directo mediante la utilización de una lista de correo elaborada o adquirida, los simposios, los cursos de formación, las presentaciones en seminarios, conferencias profesionales y reuniones de trabajadores y pequeñas empresas y la publicidad en publicaciones periódicas comerciales y profesionales.
4. Con frecuencia, pueden utilizarse transmisores secundarios para ampliar la estrategia de difusión. Estas iniciativas de cooperación fomentan la coherencia, reducen la duplicación y se benefician de las ventajas de dichos transmisores. Por ejemplo, después de prestar servicio como revisor de documentos, un representante de una asociación sectorial puede estar interesado en poner a disposición de los afiliados una publicación relacionada con los trabajadores o, al menos, en comunicarles la disponibilidad del documento original. Asimismo, es posible que los transmisores secundarios reduzcan costes, ya que pueden estar dispuestos a reimprimir el material en cuestión para aquéllos que lo necesiten, sobre todo si se les presta la copia de cámara o los negativos.
[V. Morgan]

lunes, 8 de septiembre de 2008

COOPERACION TRIPARTITA Y BIPARTITA A ESCALA NACIONAL EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La cooperación entre los trabajadores, las empresas y la Administración en la elaboración y la aplicación de las medidas relativas a la salud y la seguridad en el trabajo a escala nacional o regional es habitual en un número significativo de países. Asimismo, no es infrecuente la participación de grupos de interés y expertos técnicos en este proceso. Esta forma de cooperación se caracte- riza por un desarrollo elevado y ha sido institucionalizada en varios países mediante el establecimiento de organizaciones consultivas y de colaboración. En general, éstas han sido objeto de una amplia aceptación por todos los participantes en el mercado de trabajo, ya que parece existir un consenso generalizado en cuanto a la consideración de la salud y la seguridad como cuestiones de interés general respecto a las que el diálogo entre los interlocutores sociales, la Administración y otras partes interesadas resulta extremadamente importante.
Las instituciones que se han establecido para facilitar este tipo de cooperación varían significativamente en cuanto a la forma. Un planteamiento consiste en crear organizaciones consultivas ad hoc o permanentes para asesorar a la Administración en cues- tiones relativas a la política de salud y seguridad en el trabajo. Esta no suele estar obligada a seguir las recomendaciones propuestas, pero, en la práctica, resulta difícil ignorarlas y a menudo se tienen en cuenta en la formulación de la política gubernamental.
El otro planteamiento consiste en lograr que los interlocutores sociales y otras partes interesadas cooperen activamente con la Administración en las instituciones públicas establecidas para aplicar la política de salud y seguridad en el trabajo. La participación de los actores privados en las instituciones públicas con competencias en esta materia suele basarse en la representación de las organizaciones de empresarios y trabajadores y, en algunos casos, otras representaciones en los consejos de adminis- tración de dichas instituciones, aunque en ocasiones la participación se extiende a la gestión e incluso a la elaboración de proyectos. Estas personas suelen ser designadas por la adminis- tración previa recomendación de las partes representadas, aunque, en ciertos casos, las organizaciones de empresas y de trabajadores tienen derecho a elegir directamente sus represen- tantes en estas instituciones de colaboración. Normalmente, los organismos constituidos a escala nacional (o regional, estatal o provincial) son completados por la dotación de estructuras o sistemas a escala sectorial, empresarial y de centro de trabajo.

sábado, 6 de septiembre de 2008

El futuro de la negociación colectiva

Las organizaciones de trabajadores y la negociación colectiva afrontan retos difíciles en los años venideros. Casi todos los procesos de negociación colectiva tienen lugar a escala empresa- rial, sectorial o nacional. Por otra parte, la economía se globaliza cada vez más. No obstante, con la excepción de Europa, las orga- nizaciones de trabajadores aún tienen que desarrollar meca- nismos eficaces de negociación transnacional. Este objetivo es prioritario para las federaciones internacionales de sindicatos. La mejor vía para alcanzarlo consiste en la consecución de estructuras sindicales internacionales más sólidas y capaces, la inclusión de cláusulas sociales amplias en los acuerdos comerciales mundiales y la adopción de instrumentos apropiados como los que ofrece la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, la Declaración Tripartita de la OIT sobre Empresas Multinacionales alude específicamente a la negociación colectiva y a la salud y la seguridad en el trabajo. Muchos sindicatos desarrollan en la actualidad vínculos directos con las organizaciones de trabajadores de otros países, con el fin de coordinar su estra- tegia de negociación y prestarse ayuda mutua.
Los rápidos cambios experimentados en los ámbitos de la tecnología y la organización del trabajo pueden convertir los convenios colectivos existentes en instrumentos obsoletos. Las organizaciones de trabajadores intentan desarrollar una forma de negociación continua que responda a la evolución del lugar de trabajo. Hace tiempo que reconocen la vinculación entre el medio ambiente de trabajo y el medio ambiente exterior. Algunos sindicatos han comenzado a abordar cuestiones relacionadas con éste último en sus convenios colectivos. Un ejemplo de esta actitud es el Acuerdo de Referencia sobre Medio Ambiente propuesto por la Manufacturing-Science-Finance (MSF) Union del Reino Unido.
Un objetivo fundamental de los sindicatos es mantener los derechos humanos y el bienestar social al margen de la competencia económica, con el fin de evitar que las empresas o países busquen la consecución de ventajas competitivas mediante el empobrecimiento de sus trabajadores y les obliguen a trabajar en condiciones peligrosas. La negociación colectiva es esencial para la salud y la seguridad en el trabajo. No obstante, las organizaciones de trabajadores ejercen un papel fundamental en este proceso y son acosadas en numerosos países en desarrollo y desarrollados. La supervivencia y el progreso de estas organizaciones determinará en gran medida que los trabajadores disfruten de un aumento en el nivel de vida y de la mejora de las condiciones de trabajo o, por el contrario, se enfrenten a un círculo vicioso de pobreza, lesiones y enfermedad.

jueves, 4 de septiembre de 2008

Salud y seguridad en el trabajo en los acuerdos de libre comercio

El objetivo de los acuerdos de libre comercio es promover el comercio y el desarrollo económico y, en su mayoría, abordan aspectos sociales como la salud y la seguridad de los trabajadores únicamente de forma indirecta, en el mejor de los casos. No obstante, en el marco de estos acuerdos puede plantearse una amplia gama de cuestiones relacionadas con dichos aspectos.

martes, 2 de septiembre de 2008

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

Durante mucho tiempo, los economistas consideraron el libre comercio un ideal. En 1821, David Ricardo afirmó que cada país debía exportar los bienes que era capaz de producir en condiciones de ventaja comparativa. Aunque Ricardo sólo tuvo en cuenta un único factor de producción, el trabajo, teóricos poste- riores de las proporciones relativas de los factores ampliaron este marco al capital, los recursos naturales y otros. La mayoría de los economistas actuales creen que las restricciones al comercio (aranceles proteccionistas, subvenciones a la exportación y cuotas a la importación) generan ineficiencias económicas, distorsionan los incentivos de productores y consumidores y cuestan dinero a los países. Señalan que, en mercados nacionales restringidos, proliferan las pequeñas empresas que sirven a mercados limi- tados, lo que reduce la obtención de economías de escala, y se atenúan los incentivos para que los productores innoven y compitan. Los defensores del libre comercio creen que los argu- mentos a favor de las restricciones comerciales, aunque suelen basarse en el “interés nacional”, son en definitiva reivindicaciones encubiertas de intereses específicos.
Con todo, hay varios argumentos económicos en contra del libre comercio. Uno de ellos se refiere a los fallos de los mercados nacionales. Si un mercado interno como el del trabajo no funciona adecuadamente, la suspensión del libre comercio puede ayudar a mejorarlo o generar beneficios compensatorios en otros sectores de la economía nacional. El segundo argu- mento consiste en que un supuesto fundamental de la teoría del libre comercio, la inmovilidad del capital, ha dejado de ser cierto, de modo que la libertad de intercambio puede perjudicar a algunos países. Daly y Cobb (1994) señalan lo siguiente:

El libre flujo de capital y bienes (en lugar de sólo bienes)significa que la inversión se rige por la rentabilidad absoluta y no por la ventaja comparativa. La ausencia de un flujo libre de mano de obra reduce las oportunidades de empleo de los trabajadores del país en que no se invierte. Esta visión del mundo en que vivimos es más exacta que la asociada al principio de la ventaja comparativa, a pesar de su aplicabilidad en la época de Ricardo.

Dentro de una zona de libre comercio, los precios de los bienes que se comercializan tienden a igualarse. De acuerdo con el teorema de la igualación del precio de los factores, esta tendencia también es válida para los factores de producción, incluidos los salarios, los costes del cumplimiento de la legisla- ción y, quizás, factores externos como la contaminación atmosfé- rica. Esta teoría suscita un tercer argumento contrario al libre comercio: éste puede ejercer una presión a la baja sobre los sala- rios, la salud, la seguridad y las prácticas ecológicas, y sobre otros factores de producción, hacia los niveles más bajos de todos los países que comercian, lo que plantea una seria preocu- pación respecto de la salud y la seguridad en el trabajo.
Desde la segunda Guerra Mundial, la industria ha adquirido un carácter cada vez más internacional. Las comunicaciones y el transporte han avanzado con rapidez. La movilidad de la infor- mación y el capital es cada vez mayor. La importancia del papel desempeñado por las empresas multinacionales en la economía mundial aumenta. En este proceso, los modelos de producción se transforman, las fábricas cambian de localización y el empleo se desestabiliza. A diferencia del capital, el trabajo es relativa- mente inmóvil, tanto desde el punto de vista geográfico como en lo tocante a la cualificación. Por tanto, la reubicación industrial ha generado tensiones considerables para los trabajadores.
En este contexto, el libre comercio se ha ido ampliando de forma constante. Desde 1946, se han celebrado ocho rondas de negociaciones sobre comercio multilateral bajo los auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT). La más reciente, la Ronda de Uruguay, concluyó en 1994 con la constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los Estados miembros del GATT (y ahora de la OMC) aceptan tres principios generales: se abstienen de conceder subvenciones a la exportación (salvo en la agricultura); se abstienen de imponer cuotas unilaterales a la importación (excepto cuando las importaciones amenacen con “distorsionar el mercado”); y, si imponen nuevos aranceles o aumentan los existentes, deben reducir otros para compensar a los socios comerciales. La OMC no suprime los aranceles, pero los limita y regula. Más de 130 Estados, muchos de ellos en desarrollo o “en transición”, son miembros de esta organización. Se prevé que el número total de miembros supere los 150.
Desde el decenio de 1980, se han emprendido nuevas iniciativas en favor del libre comercio a escala regional basadas en los acuerdos de comercio preferencial. En virtud de esos acuerdos, los países vinculados suprimen los aranceles comerciales aplica- bles entre sí y los mantienen respecto al resto del mundo. Estos convenios se conocen con el nombre de uniones aduaneras, mercados comunes o áreas de libre comercio y son ejemplos de esta práctica la Unión Europea y los tres países de América del Norte. Otras alianzas económicas, si bien, con un menor nivel de compromiso, como la Cooperación Económica del Asia y el Pacífico (APEC), la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) también fomentan el comercio entre sus miembros.

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